Agenda 2030 y las violaciones de los derechos digitales en Cuba

Ilustración: Julio Llópiz-Casal

Los funcionarios hablan a las cámaras. Dicen palabras como: “informatización de la sociedad cubana”, “innovación”, “transformación digital”. Luego esas palabras las repiten en la prensa escrita, en la radio, en las redes sociales. En apariencia, la intención de los funcionarios es buena y valiosa y necesaria, es una intención acorde con los tiempos que corren, pero es parte de una narrativa que no se corresponde con la realidad.

Mientras los funcionarios hablan de esa transformación, ETECSA, la única compañía de telecomunicaciones permitida en Cuba, corta el internet de sus clientes cuando lo estima conveniente, les reduce la velocidad de conexión y censura sus mensajes de texto; todo esto sin dar explicaciones y la mayoría de las veces sin compensación.

El 2 de agosto de 2022, Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, dio una entrevista al diario del Partido Comunista de Cuba donde dijo que dicha transformación digital era el primer paso hacia la Agenda Digital Cubana 2030, un plan nacional relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible de la conocida Agenda 2030.

La Agenda 2030 es una estrategia transnacional que busca crear un frente común entre los países que pertenecen a las Naciones Unidas para enfrentar problemas globales como, por ejemplo, el hambre, la inequidad de género, la erradicación de la pobreza o la construcción de infraestructuras resilientes. Y entre las metas para establecer esas infraestructuras resilientes se encuentra aumentar el acceso de las personas a internet.

El gobierno cubano dijo estar comprometido con el cumplimiento de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030, así como anteriormente lo hizo con los antecesores de esta agenda, que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El sitio oficial de la presidencia de Cuba así lo confirma. Allí se puede ver que dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 (PNDES) hay un proyecto dedicado a la infraestructura de los servicios públicos de telecomunicaciones y otros centrados en el desarrollo de infraestructura tecnológica y la innovación.

Este plan del gobierno cubano es apoyado por instituciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En julio de 2022, Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD para América Latina y el Caribe, visitó la isla y dialogó con funcionarios y políticos cubanos, entre los que se encontró Miguel Díaz-Canel. En el encuentro, López-Calva le aseguró a Canel el respaldo del PNUD a su gobierno para que implementara los objetivos de la Agenda 2030.

Sin embargo, el gobierno cubano ha incumplido de manera constante su compromiso con la Agenda 2030, violentando los derechos digitales de la ciudadanía y obstaculizando la conexión a internet. Y lo ha hecho desde hace tiempo y de manera constante.

Hogares desconectados

En 2015, una información publicada por varios medios de prensa oficiales decía que el país cumpliría sus compromisos con la Agenda Conectar 2020. Esta otra agenda fue promovida por la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y fijaba objetivos como el acceso a internet del 50% de los hogares en los países en desarrollo y un costo de no más del 5% del ingreso medio mensual para los servicios de banda ancha, entre otros.

Cuando se escribió este texto, y según los datos ofrecidos por la propia Mayra Arevich en la entrevista, solo el 6,82% de los hogares cubanos tenían servicio de Nauta Hogar, que es la prestación de internet que ofrece ETECSA para tener en las casas.

En Cuba, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), existen 3.8 millones de hogares, y de esos solo 1.2 millones tienen acceso a telefonía fija. Debido a que el acceso a internet en los hogares en Cuba funciona hasta ahora solamente con tecnología ADSL, una tecnología que depende de la telefonía fija, en teoría, a día de hoy, solo el 31,57% de las casas en Cuba podrían conectarse a la red.

Es decir, que dos años después, ya con el plazo vencido, algunos de los requisitos de la Agenda Conectar 2020 están lejos de cumplirse. La brecha digital en los hogares es amplia. Conectar 2020 fue otra hoja de ruta inconclusa.

A esa brecha le sumamos el uso del ADSL, que es una tecnología cercana a la obsolescencia. También está el tema del alto costo del servicio: un cálculo, basado en la opción de 4Mbps como velocidad de conexión que ofrece ETECSA, indica que para costear el servicio durante todo el mes un hogar debe desembolsar 8.875 pesos cubanos. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo en el país es de 2.100 pesos cubanos, puede deducirse que el costo de una conexión en el hogar en Cuba de 4Mbps es 4,22 veces mayor que ese salario mínimo, de los más altos de la región en América Latina.

Además, la lentitud del proceso de instalación de internet en los hogares está condicionada por las capacidades de infraestructura de ETECSA en distintas zonas. Esto significa que los clientes no pueden solicitar el servicio por su cuenta: deben esperar a que sea ETECSA quienes les contacte y les diga que en su barrio están creadas las condiciones de accesibilidad. Dichas condiciones dependen de cosas tan fortuitas como si tu casa está cerca (menos de 2 km) de una oficina de ETECSA.

Poco internet: voluntad política del estado cubano

“Hace falta inversión” dijo Grisel Reyes León, viceministra de Comunicaciones, en diciembre de 2021, durante un debate del Consejo Nacional de Innovación. “Hay que comprar equipamiento, pero además hay que garantizar la modernización de ese equipamiento en el tiempo”.

Al contrario de lo que pudiera parecer, la propuesta de Reyes León es más factible de lo que uno se podría imaginar. Es una cuestión de voluntad política más que de números.

Una investigación realizada por el Centro de Estudios de la Economía Cubana y la Universidad de La Habana, determinó que el costo para cerrar la brecha de suscriptores de la telefonía móvil, banda ancha e internet de Cuba con América Latina sería necesario una inversión de 320 millones de dólares (desde 2017) hasta 2030.

Un reportaje de YucaByte, realizado en alianza editorial con Connectas, reveló que entre 2005 y 2019 el gobierno cubano ingresó la cantidad de 21.582 millones de dólares por la exportación de servicios de telecomunicaciones, lo que supone un promedio de 1.438 millones de dólares al año. Si a ese número le restamos los 320 millones estimados por la investigación del Centro de Estudios de la Economía Cubana, aún sobrarían 1.118 millones por año.

Pero hay más: entre 2005 y 2019 Cuba solo gastó 1.975 millones de dólares en equipos de telecomunicaciones, lo que supone la décima parte de todo el dinero que se ganó en ese período por exportación de servicios de telecomunicaciones. La inversión de la que habló la viceministra Reyes León no es, en apariencia, una prioridad para su gobierno.

A pesar de estos datos, el estado cubano y las instituciones de telecomunicaciones encargadas de modernizar la infraestructura para lograr la transformación digital siguen siendo validados por organizaciones internacionales, organizaciones que deberían evaluar y pedir rendición de cuentas al gobierno de Díaz-Canel. Miguel Alcaine, representante de la UIT para Centroamérica, reconoció en el evento Informática 2022 los “esfuerzos del país con miras a ampliar el acceso a la banda ancha, haciendo hincapié en la capacidad de las mismas y en la promoción del uso de las TICs de una manera eficaz”.

Esta validación es más preocupante si recordamos que la UIT es el organismo especializado en telecomunicaciones de la ONU. Solo un día después de que la UIT visitara el país, les fue quitado el internet a un grupo de activistas en San Antonio de los Baños, un pueblo al oeste de La Habana.

Por otro lado, la narrativa oficial suele achacar el atraso en materia de telecomunicaciones al embargo que mantiene Estados Unidos sobre la isla. Las autoridades refieren unas pérdidas de 65 millones dólares en el período de abril a diciembre de 2020; pérdidas que tendrían que ver con la imposibilidad de adquirir equipos que contengan más del 10% de componentes estadounidenses.

Otra investigación de YucaByte con Connectas, demostró que lo cierto es que, desde la época de Barack Obama, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) flexibilizó la comercialización de algunos equipos de telecomunicaciones en Cuba, incluidos satélites y cables de fibra óptica.

Al contrario de lo que pasó con otros renglones económicos, esta comercialización se mantuvo durante la administración de Donald Trump, quien mantuvo la flexibilización de su antecesor. En el período de 2016 a 2019, Cuba importó más de 10 millones de dólares en equipos de telecomunicaciones desde Estados Unidos.

Daniel Sepúlveda, quien fuera subsecretario adjunto de Estado y coordinador de Estados Unidos para las Comunicaciones Internacionales, habló de este fenómeno en una entrevista hace algunos años. “Cuba es el país menos conectado de todo el hemisferio, por amplio margen” dijo en aquella ocasión. “Y eso no es por el embargo, no es por la tecnología y no es por cuestiones de dinero: es el resultado de una política pública”

El gobierno cubano ha tenido la posibilidad de cerrar la brecha digital, de darle internet a su ciudadanía y de cumplir con sus compromisos internacionales y con la Agenda 2030, pero ha elegido no hacerlo.

Violaciones de derechos digitales

Históricamente, el poder en Cuba ha regulado el uso de internet y de las redes sociales. Durante años, el acceso era un privilegio que solo tenían instituciones estatales. Varias personas fueron amenazadas o expulsadas de sus centros de trabajo por cosas que eran consideradas “mal uso de internet”. Pero, a pesar de la censura, este tipo de acciones no eran objeto de delito. No fue hasta 2019, cuando se aprobó el Decreto-Ley 370, que comenzaron a penalizar de forma más dura el disenso en entornos digitales.

El decreto 370, también llamado Ley Azote y concebido por el gobierno para la “informatización de la sociedad cubana”, les da la potestad a las autoridades para cortar o restringir el internet de la ciudadanía cuando así lo consideren. Las justificaciones para ello son poco claras e inexactas: elementos como “el prestigio del país, “las falsas noticias”, “la moralidad, el orden público y las buenas costumbres” no están definidos en el propio decreto ni tampoco en ningún otro cuerpo legislativo existente en Cuba.

El 370 contiene un apartado sancionador que ha sido utilizado por agentes del gobierno para multar a periodistas independientes, activistas, artistas o a cualquiera que disienta del poder y lo exprese a través de las redes sociales o internet. De acuerdo con el registro que lleva el Proyecto Inventario, hasta el momento han sido sancionados 68 cubanos con este decreto.

Dos años después de la entrada en vigor del 370, en agosto de 2021, fue impuesto el Decreto-Ley 35, que va “sobre el uso del espacio radioeléctrico”. Al igual que su hermano mayor, el decreto 35 tiene una redacción y una intención similar y está centrado en el control de las telecomunicaciones.

Por ejemplo, el artículo 69 de dicho decreto legaliza los apagones de internet y de otros servicios ofrecidos por ETECSA. Ofrece un mecanismo legal al gobierno para legitimar la censura y la represión.

La voluntad punitiva del estado cubano no termina con estos dos decretos. En mayo de 2022 se aprobó en el parlamento un nuevo código penal, que entrará en vigor en pocos días, el 13 de agosto. Una de las novedades de este código penal es la inclusión del término “redes sociales” en varias figuras delictivas, como en Instigación a delinquir (Artículo 268.4), Calumnia (Artículo 391.2 inciso b), Injuria (Artículo 392.2 inciso b) y en Actos contra la intimidad o la imagen, voz, datos o identidad de otra persona (Artículo 393.2 inciso d).

A partir del 13 de agosto si un individuo hace uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), así como de las telecomunicaciones y sus servicios para algo que el gobierno valore como delito, esto será considerado como circunstancia agravante de responsabilidad penal.

Para profundizar sobre este tema, YucaByte realizó una entrevista a la jurista Giselle Morfi Cruz, de la plataforma Cubalex. “El 11 de julio fue el punto sin retorno que sucedió gracias al uso de las TICs. Por eso es que ahora están tan enfocados en este cuerpo penal y en regular todo lo relacionado con el ciberespacio, porque conocen la importancia de este escenario para la defensa de los derechos humanos”.

Morfi Cruz opina que el uso de internet y de las TICs deberían, de acuerdo con los propios objetivos de la Agenda 2030, ser una herramienta para el ejercicio y la defensa de los derechos humanos. No es posible una transformación digital si violentas los derechos digitales de quienes son el centro de esa transformación.

Apagones de internet, vigilancia y transformación digital

Los apagones de internet en Cuba, ya sean generalizados o dirigidos a individuos específicos, son un hecho ampliamente probado. Según un reporte de la oenegé Access Now, que se encarga de velar por la libertad digital de los usuarios en todo el mundo, Cuba fue el único país de Latinoamérica que cortó el internet a sus ciudadanos en el año 2021.

El más conocido y largo de esos apagones ocurrió el 11J, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir libertad, más derechos, salud y alimentos. Un informe elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas reveló que es frecuente que este tipo de interrupciones ocurran debido a protestas sociales.

El reporte de la ONU dice, además, que el objetivo de estos cortes es impedir la capacidad de movilizar y de comunicarse a grandes grupos de personas y de restringir la visibilidad de las protestas. La ONU advierte que durante los apagones suelen cometerse otras medidas represivas, como pasó en Cuba durante el 11J y días posteriores.

Sin embargo, las técnicas de censura han mejorado, y ya los gobiernos no solo se valen de un apagón de internet para acallar voces críticas. A la vigilancia en redes y la interrupción de los servicios, se suma el corte dirigido a individuos específicos y la disminución del ancho de banda, algo que limita la velocidad de conexión y que ha sido empleado en Cuba por ETECSA.

Por otro lado, la excusa de la transformación digital ha sido utilizada por instituciones militares cubanas para violar la privacidad de los usuarios. En junio de 2021, el diario Granma celebraba la modernización del sitio web del Ministerio del Interior (Minint). A partir de ese momento, se podían realizar algunos trámites a distancia, lo que representaba un verdadero triunfo en un país donde la mayoría de los trámites deben hacerse de manera presencial ¿O no?

El truco está en que para poder acceder a los servicios del Minint, es obligatorio registrarse y ofrecer datos personales como el número de carné de identidad, tomo y folio. Es imposible, por ejemplo, realizar una denuncia anónima, algo que, según la plataforma Cubalex, “viola el derecho fundamental a la protección de datos personales de sus titulares”.

Esto solo es posible gracias a que el sitio web del Minint está conectado con el Sistema de Registro Ciudadano. Todo el que solicite sus servicios queda registrado. Lo preocupante es que existen otros sistemas online, a primera vista no militares, que también se encuentran conectados al Sistema de Registro Ciudadano, como es el caso de EnZona, una plataforma de comercio electrónico. EnZona es desarrollada por la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid), la cual pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Una Mipyme que se presenta como independiente al estado, Dofleini, ha sido la responsable de desarrollar otras páginas webs de instituciones cubanas. En esta entrevista dada al Sistema Informativo de la Televisión Cubana su presidente, Carlos Miguel Pérez Reyes, confirmó que han colaborado con el Ministerio de Agricultura, ETECSA, el Ministerio de Economía y Planificación y la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), entre otros.

Dofleini ha sido presentada como una empresa modélica por la prensa oficialista. Y mostrada como un actor independiente comprometido con la transformación digital. La pregunta es ¿qué tan independiente es Dofleini?

Una investigación de YucaByte reveló los vínculos del emprendimiento de Pérez Reyes con el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Pérez Reyes, además de desarrollar los sitios webs ya mencionados, repite la narrativa de la propaganda gubernamental y lleva el portal digital de Co-Lab, un proyecto de la UIC, que fue financiado por la Unión Europea con 450 mil euros. Este dinero, según otro reportaje publicado por YucaByte, forma parte de un entramado sistema de escape de capital europeo que debería servir para apoyar a la sociedad civil cubana, y que, por el contrario, termina siempre en manos del gobierno mediante falsas ONG.

En definitiva, la transformación digital en Cuba está totalmente controlada por el estado. Llegará hasta donde este la deje. El dominio total de la infraestructura, los fondos, los cuerpos represivos, las leyes, las telecomunicaciones y los “agentes económicos externos” como Pérez Reyes no permiten vislumbrar otro escenario hoy día.

A pesar de que el discurso oficial sea el del cambio y la renovación, no hay realmente intención alguna de eso. Los hechos así lo demuestran. Las palabras del inicio: “informatización”, “innovación”, “transformación” seguirán siendo las palabras de un viejo sistema incapaz de renovarse. 

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