derechos digitales

ONU incluye a Cuba en informe sobre apagones de internet

 Ilustración: Alejandro Cañer

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, escribió en su cuenta de Twitter que los apagones de internet eran poderosos indicadores del deterioro de los derechos humanos y que colaborará con el Servicio Europeo de Acción Exterior en una campaña para promover un acceso seguro y abierto a internet.

Bachelet, quien dejará su cargo en el próximo mes de septiembre, ha sido criticada en varias ocasiones por activistas cubanos por no denunciar la represión ejercida por el gobierno de Miguel Díaz-Canel sobre la ciudadanía.

En septiembre de 2021, la oficina de la expresidenta chilena dejó fuera a Cuba de la actualización global sobre violaciones de derechos humanos en el mundo. Solo dos meses atrás, el 11 de julio, las históricas manifestaciones ocurridas en toda la isla arrojaron un saldo de más de 1000 detenidos, brutalidad policial, vigilancia y acoso a activistas críticos, multas y el apagón de internet más largo desde que comenzó el acceso por datos móviles en la isla en diciembre de 2018.

Este último hecho, el corte general y a individuos específicos de su acceso a internet, contradictoriamente es denunciado en otros países como Uganda o Belarús o Níger en un informe proveniente de la misma oficina que lidera Bachelet.

Este documento, publicado a finales de junio de 2022 y titulado “Cortes de Internet: Tendencias, causas, implicaciones legales e impactos en una variedad de derechos humanos”, menciona entre sus fuentes un llamado al diálogo que hiciera la Alta Comisionada en los días posteriores a los acontecimientos del 11J, pero no denuncia ni señala la existencia de apagones de internet en Cuba.

Los cortes de internet implementados por el gobierno son un hecho ampliamente probado y reportado por varias instituciones internacionales, como el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Unión Europea, así como por la sociedad civil cubana y por oenegés como Access Now, una organización que se encarga de velar por la libertad digital de los usuarios.

De acuerdo con un reporte de esta asociación, que vio la luz el pasado mes de abril, Cuba fue el único país de América Latina en cortar el internet a sus ciudadanos en todo el año 2021. En dicho reporte se reseña la interrupción general del servicio y se menciona que “incluso luego de restaurar el acceso, las autoridades bloquearon WhatsApp, Telegram y Signal”.

Pero no solo eso, ETECSA, la única compañía de servicios de telecomunicaciones permitida en la isla, en su servicio de mensajería por SMS censuró palabras como “libertad”, “comunismo” o “VPN”. Access Now cuenta igualmente que a varias personas —principalmente periodistas y activistas— se les confiscó su tarjeta SIM como medida de coacción, dejándolas incomunicadas.

Más apagones de internet = Más violencia

El gobierno cubano históricamente ha regulado el acceso a internet y a las redes. Durante años fue un privilegio de las instituciones del sector estatal, y aunque muchas personas fueron perseguidas o expulsadas de sus centros de trabajo por cosas consideradas como uso indebido de internet, no era objeto de delito. No fue hasta el año 2019, con la aprobación del Decreto-Ley 370, que comenzó a castigarse de manera más severa el disenso en estos entornos.

Este tipo de normas, como el Decreto-Ley 35, aprobado un mes después de las protestas del 11 de julio o el mencionado 370, le permiten al gobierno cubano cortar o restringir el internet, de manera general o enfocada en individuos específicos, cuando lo estime conveniente. Las excusas para ello son poco claras e inexactas: elementos como “el prestigio del país”, “las falsas noticias”, “la moralidad, el orden público y las buenas costumbres” no están definidos en ningún cuerpo legislativo que exista en Cuba.

Anteriores a las protestas de julio de 2021, los apagones de internet más notorios se dieron el 26 de noviembre de 2020, durante el desalojo de los activistas acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro y el 27 de enero de 2021, durante la segunda manifestación en el Ministerio de Cultura

El informe elaborado por la oficina de Bachelet dice que “casi la mitad de todas las interrupciones del acceso a internet registradas por grupos de la sociedad civil entre 2016 y 2021 se produjeron en el contexto de protestas y crisis políticas” y de manifestaciones públicas. El texto de la Oficina de la Alta Comisionada indica que el objetivo de estos apagones era “reprimir manifestaciones relacionadas con una amplia variedad de quejas sociales, políticas o económicas”.

El corte del servicio pretende, pues, impedir la capacidad de movilizar y de comunicarse a grandes grupos de personas. Además de restringir la visibilidad de las protestas. El reporte también explica que esto constituye “una injerencia en el derecho de reunión pacífica” y que “durante estas protestas suelen imponerse otras medidas represivas”, como fue el caso de la violencia física y psicológica ejercida por agentes del gobierno sobre los manifestantes.

Por otro lado, también se describió en el documento que la violación de los derechos digitales no consiste solamente en la censura de internet, sino que ha evolucionado gracias al uso de mejores herramientas por parte de los gobiernos. A la vigilancia en redes y el apagón de datos, se le suma el corte dirigido a individuos específicos y la disminución del ancho de banda, algo que limita la velocidad de conexión y que ha sido empleado en Cuba por ETECSA.

Al respecto de explicaciones o justificaciones de los cortes, Access Now dice que muchos de los estados que violan derechos digitales niegan interferir con las telecomunicaciones o presionar a las compañías que proveen el servicio.

Este es el caso del gobierno cubano, que a través del diplomático Jairo Rodríguez dijo en julio de 2021 —días antes del 11J— que su mención en un informe del relator especial de la ONU Clement Voule era “falsa y no reflejaba la realidad nacional”. Rodríguez en ese momento trató de invalidar una de las fuentes por la que se basó el informe, la Organización de Estados Americanos (OEA), que a su vez tomó la información de los medios independientes y de grupos de la sociedad civil.

La negación de los hechos por parte de las autoridades de la isla no acabó ahí. El 13 de julio de 2021, en un intento de reparación de daños, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parilla insinuó en una conferencia de prensa que la falta de electricidad era la causante del apagón de internet. “En estos días ha habido no solo falta de fluido eléctrico, que repercute también en el funcionamiento de las redes, los nodos y los servidores de las telecomunicaciones”, se excusó en aquella ocasión. Esto, sin embargo, es falso: solo un apagón en los servidores de ETECSA podría causar una disrupción de esa magnitud.

El mismo día, unas horas más tarde, la periodista oficialista Arleen Rodríguez Derivet contradictoriamente desmintió las palabras del ministro y admitió la existencia de un corte. “Entiendo como periodista, aunque me dañe, la medida del corte de las redes sociales porque es un área donde se está organizando la guerra contra Cuba”, expresó en el programa Mesa Redonda.

En el caso de que el poder que implemente el apagón de internet admita sus acciones, comenta Access Now, es posible que dicho poder se justifique diciendo que su proceder respondía a necesidades de seguridad pública, contener el aumento de la violencia y las hostilidades o a combatir la desinformación.

Aún así, los resultados de los bloqueos de internet suelen ir acompañados de lo contrario. Según Peggy Hicks, directora de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, en el mundo “199 apagones de internet fueron justificados por motivos de seguridad pública y 150 lo hicieron por motivos de seguridad nacional. Pero muchos de esos apagones fueron seguidos por un aumento de la violencia”.

En el caso de las protestas del 11J, este aumento se tradujo en una mayor capacidad de la policía para reprimir. El 12 de julio, tras una manifestación en el barrio de La Güinera, un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) asesinó por la espalda a Diubis Laurencio Tejeda, un manifestante pacífico que no suponía un riesgo para las fuerzas del régimen.

El reporte de la oficina de Bachelet recomienda a los estados detener este tipo de violaciones de los derechos digitales. También instó a las compañías de telecomunicaciones a que hicieran pública la información relacionada a los cortes. “El costo (de los apagones) es simplemente demasiado grande para las economías, para la democracia y para la vida cotidiana de la gente”, dijo Hicks.

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