Unión Internacional de Telecomunicaciones visita la Cuba de los apagones de internet

Ilustración: Julio Llópiz-Casal

Dos organismos internacionales del mundo de las telecomunicaciones se acercan a Cuba durante este mes de marzo para participar de eventos y ser testigos de los “avances” del país en esta materia. Sin embargo, sobre el Gobierno de la Isla siguen pesando graves acusaciones por la violación de los derechos digitales de sus ciudadanos, así como pruebas que demuestran el poco interés de sus autoridades por lograr un acceso más generalizado y democrático de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Del 21 al 25 de marzo del presente año, se celebrará en La Habana la XVIII Convención y Feria Informática 2022. El evento contará con la presencia de Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), quien ofrecerá una conferencia titulada: “La digitalización como pilar fundamental para el desarrollo económico y social de América Latina”.

El evento, según el diario oficial Juventud Rebelde, busca “promover la industria nacional de aplicaciones y servicios informáticos” y cuenta con representantes de más de 14 países, entre ellos México, España, Argentina, Brasil, Canadá y Francia. En palabras de Ariadne Placencia, secretaria ejecutiva de la Feria y presidente del grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, los proyectos presentados “deben orientarse hacia la utilidad y usabilidad dentro del proceso de información de la sociedad cubana” impulsado por el Gobierno.

Por su parte, la Oficina Regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), informó el pasado 14 de marzo que uno de sus representantes visitó el Palacio Central de Computación, en La Habana, donde les fueron mostradas “iniciativas de éxito” salidas de los Joven Club de Computación. Uno de los sitios visitados por este representante, de nombre Miguel Ángel Alcaine, fue la sala temática “Fidel y las tecnologías para todos”.  

Alcaine, de nacionalidad salvadoreña, cuenta con una polifacética carrera, que incluye el puesto de Embajador, Cónsul General y Director de Modernización de su país. Además, ha sido miembro del grupo asesor del Foro de Gobernanza de Internet. 

Esta no es la primera vez que la UIT visita Cuba. Houlin Zhao, secretario general de esta organización, viajó a la Isla como “invitado de lujo” del evento Informática 2020. En aquella ocasión, Zhao llegó a La Habana acompañado de su coterráneo Fang Binxing, profesor de la Academia China de Ingeniería y experto en redes de información y seguridad. 

Todo esto sucede en un país que ha sido señalado varias veces por las constantes violaciones de los derechos digitales de sus ciudadanos y donde una empresa estatal (ETECSA) posee el control absoluto sobre las telecomunicaciones.

La UIT visita la Isla y habla de “iniciativas de éxito”, sin embargo, a mediados del año pasado, el relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Clement Voule, presentó un informe donde denunciaba al régimen cubano por violar los derechos digitales de la ciudadanía. La UIT, por cierto, es el organismo especializado en materia de telecomunicaciones de la ONU. Por su parte, la delegación cubana intentó negar dichas acusaciones, pero las pruebas en su contra resultaron irrefutables.

El régimen cubano, además, ha penalizado mediante normas jurídicas la libre expresión en internet. Ejemplo de ello es el Decreto Ley 370, conocido como “Ley Azote”, la cual sanciona con elevadas multas (por encima del salario mínimo) opiniones expresadas en la red de redes en contra de los intereses del Gobierno.

En la Isla, el régimen también puede restringirse la conexión a internet y los servicios de telefonía móvil por motivos políticos. Esto quedó refrendado en el Decreto Ley 35, que en octubre del pasado año fue denunciado por varios relatores de la ONU. Estos relatores se opusieron a que las instituciones militares del Estado cubano contaran con el poder para suspender servicios de telecomunicaciones en el país. Además, dijeron al presidente Miguel Díaz-Canel que resultaba “preocupante” que una medida de este tipo sea establecida mediante decreto gubernamental, sin que se asegure su concordancia con estándares internacionales y sin ser sometida a consulta y participación previa de organizaciones de la sociedad civil y de expertos en materia de legislación sobre el tema.

Los relatores coincidieron en que ninguno de los hechos por los que el Gobierno cubano puede suspender los servicios de telecomunicaciones y establecer la cibervigilancia sobre sus ciudadanos representa una excusa válida para aplicar el Decreto ley 35.

Cuba, el país visitado este mes por la ASIET y la UIT cuenta con personas encarceladas por lo que el Gobierno considera un uso inadecuado de las TIC. Tal es el caso del joven Yoan de la Cruz, quien filmó las protestas pacíficas en San Antonio de los Baños que iniciaron lo que después se conocería como el 11J.

Tampoco puede decirse que las autoridades del país estén interesadas en un acceso masivo y democráticos a las TIC. Una investigación realizada por YucaByte en conjunto con la plataforma Connectas reveló que entre 2005 y 2019 el Gobierno cubano invirtió en equipos de telecomunicaciones apenas una décima parte del total de ingresos que en ese mismo período obtuvo solo en materia de servicios de exportación de telecomunicaciones.

El Gobierno cubano también se comprometió en 2015 con la UIT a cumplir los planes de la Agenda Conectar 2020. Una de estos planes dictaba que Cuba debía garantizar para 2020 el acceso a internet al 50% de los hogares del país, lo cual no sucedió. Para el primer trimestre de 2021, ya pasado el plazo, la Isla estaba todavía muy lejos de lograr lo pactado.

Apenas un día después de la visita de la UIT, en el municipio San Antonio de los Baños cortaron el acceso a internet y los servicios telefónicos a los activistas y opositores de la localidad. Ese día el régimen dictó sentencia a los manifestantes del 11J que eran miembros de grupos opositores como el proyecto Emilia y el Partido Unión por Cuba Libre, según denunció el activista Juan Luis Bravo Rodríguez. También el 15 de marzo, ETECSA justificó la lentitud e intermitencia en la conexión de varios usuarios con un supuesto “corte de fibra óptica” ocurrido en una vía pública.

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