Firma digital en Cuba: entre el control militar y una mipyme

Ilustración: Alejo Caner

En diciembre de 2018, el Consejo de Estado aprobó el Decreto-Ley 370 sobre la “informatización de la sociedad en Cuba”, cuyo artículo 31 reconoce que los documentos en formato digital, firmados electrónicamente, tienen validez oficial.

La firma electrónica es un mecanismo que utiliza técnicas de autenticación y cifrado para sustituir la firma manuscrita tradicional en el ámbito digital. Su uso está generalizado en varios sectores alrededor del mundo, al entenderse como un fenómeno indispensable de la era digital que facilita el intercambio de información y la comunicación oficial online de manera confiable.

Asimismo, la firma electrónica cumple una doble función: en primer lugar, actúa como una especie de identificación virtual, permitiendo que quien recibe un mensaje firmado pueda rastrear su origen y verificar al autor. Y, del mismo modo, ofrece una garantía de integridad, pues cualquier alteración del contenido del mensaje, después de que haya sido firmado, es detectable por el destinatario.

En Cuba, la firma electrónica está respaldada por un certificado digital, es decir, una prueba de la identidad del firmante. Para ello, la Resolución 2 de 2016 del Ministerio del Interior (MININT) estableció la Infraestructura Nacional de Llave Pública (INLP), un sistema de seguridad que protege la información al cifrarla, y que se encarga de emitir este tipo de certificados, vinculando una clave pública con una identidad.

De este modo, el certificado digital emitido por la INLP es la forma de verificar que un mensaje digital pertenece a quien afirma haberlo rubricado.

Según la misma resolución, el jefe de la Dirección de Criptografía del MININT es el funcionario facultado para autorizar a terceros a emitir certificados digitales como “prestadores de servicios de certificación digital”.

Como precedente, el Decreto-Ley 199 de 1999, del Consejo de Estado, sobre “seguridad y protección de la información oficial”, le había conferido al MININT la facultad de “certificar aquellas entidades que brinden servicio de Seguridad Informática y Criptografía a terceros, así como la utilización, distribución o comercialización de herramientas de Seguridad Informática” (artículo 4, inciso c).

El “Reglamento sobre el funcionamiento de la infraestructura de llave pública en interés de la protección criptográfica de la información oficial” establece las normas y procedimientos de estas estructuras en el país.

Hasta el momento, son al menos siete las entidades autorizadas por la Dirección de Criptografía del MININT en la Isla a emitir estos certificados, todas estatales:

  1. La Empresa de Informática, Automática y Comunicaciones (Tecnomática), perteneciente a la Unión Cuba-Petróleo, del Ministerio de Energía y Minas.
  2. La Empresa de Consultoría y Seguridad Informática (Segurmática), subordinada al Grupo de la Informática y las Comunicaciones, del Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM).
  3. La Empresa de Tecnologías de la Información y Automática (ETI), dependiente del Grupo Empresarial de la Unión Eléctrica, del Ministerio de Energía y Minas.
  4. La Empresa de Servicios de Información del Transporte (SITRANS), subordinada al Ministerio de Transporte.
  5. La Empresa para el Desarrollo de Aplicaciones, Tecnologías y Sistemas (DATYS), que pertenece al MININT.
  6. La Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (XETID), subordinada a la Unión de Industrias Militares, una dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
  7. La Empresa Productora de Softwares para la Técnica Electrónica (SOFTEL), también perteneciente al Grupo de la Informática y las Comunicaciones.

De estas entidades, destacan dos, XETID y DATYS, que han sido sancionadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos por su asociación con los servicios o el personal militar, de Inteligencia o de Seguridad cubanos, “con los cuales las transacciones financieras beneficiarían desproporcionadamente a dichos servicios o personal” en detrimento del pueblo cubano o la empresa privada en Cuba.

La Autoridad de Certificación de XETID (ACXETID) emite certificados digitales que son utilizados para la identificación y la firma electrónica avanzada de personas (tanto naturales como jurídicas) que necesiten interrelacionarse en el ámbito del intercambio electrónico de datos.

Los certificados digitales emitidos por ACXETID se utilizan también para “acreditar” que determinados sitios web, no reconocidos por las autoridades certificadoras de navegadores como Chrome o Firefox, son “seguros”, y poder acceder a ellos desde los exploradores de internet habituales.

Este es el caso de la plataforma de comercio electrónico EnZona, también desarrollada por XETID, cuyo certificado es requerido para poder acceder a la web del primero. Al ser de la misma empresa, lo califica como “sitio seguro”.

Según una investigación de YucaByte de julio de 2021, EnZona está directamente vinculada al Sistema de Registro Único del Ciudadano, al cual también está enlazado el sitio web del MININT. Esto implica que los datos de los usuarios recogidos por EnZona estarían al alcance del MININT. 

Los datos recopilados por el Sistema de Registro del Ciudadano deberían ser exclusivamente el nombre y el correo electrónico, en sintonía con los estándares internacionales; sin embargo, esta entidad también recoge información personal, como el carnet de identidad y sus respectivos tomo y folio, según una denuncia de Cubalex.

XETID también es la empresa desarrolladora de la plataforma online Bienestar, la cual, entre otros aspectos, brinda servicios relacionados con la interacción de los electores con los representantes de todos los niveles del Poder Popular; con las oficinas del Registro Civil, tales como las solicitudes de certificaciones de nacimiento, matrimonio, etc.; y con la gestión del Registro Central Comercial, que se ocupa de regular a las entidades que se dedican al comercio mayorista y minorista en la isla.

De esta forma, Bienestar, XETID y, por ende, las Fuerzas Armadas, se han hecho tanto con la gestión de grandes volúmenes de información personal de los ciudadanos cubanos, como de procesos relacionados con la actividad comercial, civil y social en el país. De hecho, la plataforma alberga los archivos del Registro de Entidades Estatales y Unidades Presupuestadas, del Registro Mercantil, del Ministerio de Justicia y de la Ventanilla Única para la Inversión Extranjera en Cuba.

XETID también presta servicios tecnológicos a los Ministerios de las Fuerzas Armadas, de Economía y Planificación, de Salud Pública, así como al Grupo Empresarial GEOCUBA, al Banco Central de Cuba, al Banco Exterior de Cuba, al Instituto de la Aeronáutica Civil, a ETECSA, a CIMEX, a la cadena de tiendas TRD, y a la Casa Matriz de Almacenes Universales (AUSA).

INGENIUS: un mipyme en la estrategia digital del régimen cubano

El 19 de noviembre de 2012 se fundó Ingenius, una de las primeras “empresas privadas” en Cuba dedicadas exclusivamente a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), aunque, en un inicio, en calidad de trabajo por cuenta propia, como un taller de reparación de equipos de cómputo y móviles.

De acuerdo con la descripción que aparece en su sitio web, Ingenius “ha creado soluciones tecnológicas para clientes nacionales e internacionales mediante dos modalidades de servicios: Desarrollo de aplicaciones a la medida y Outsourcing”.

En septiembre de 2021, se convirtió en una de las primeras 35 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación Física y, concretamente, una de las cinco orientadas a las actividades de TIC. Las otras cuatro fueron Dofleini, Pyxel Solutions, Lombao Studio y GuajiTech.

Desde ese mismo mes, ha trabajado en conjunto con SOFTEL (una de las empresas estatales autorizadas a emitir certificados digitales en Cuba) en el desarrollo de una aplicación móvil que posibilita efectuar la firma electrónica: E-Firma, que puede ser descargada desde la tienda de aplicaciones cubana Apklis, es capaz de vincular un certificado con una identidad, y otorgarlo a una persona, de modo que esta pueda identificarse mediante el uso de la firma electrónica. La aplicación también permite verificar las credenciales emitidas, a través de la INLP.

Inicialmente, la app habría sido utilizada solo por contribuyentes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), de forma experimental, con la intención de extender su uso en el futuro.

Cabe destacar que SOFTEL ha trabajado en la segunda versión de una plataforma referente a la firma electrónica (Integro-PKI) “con nuevas funcionalidades e integrada a la Ficha Única del Ciudadano”. Esta ficha es un registro de datos personales que, según la Resolución 484 del Ministerio de Justicia, “permite la interoperabilidad entre los registros públicos, y de estos con las instituciones, organismos y entidades que prestan servicios y trámites”.

Además, Ingenius ha desarrollado, también junto con SOFTEL, una aplicación para las firmas electrónicas desde las computadoras de escritorio (llamada DESKTOP), y otra (no especificada) para la firma remota.

La colaboración entre esta mediana empresa ―que cuenta con más de 40 trabajadores― y SOFTEL no se limita al desarrollo de aplicaciones para la firma electrónica en Cuba. De hecho, SOFTEL fue la primera empresa en fungir como intermediaria para vender los servicios de Ingenius en el exterior.

Además, Ingenius ha cooperado activamente con otros organismos estatales. 

Por ejemplo, durante el año 2020, lanzó, en conjunto con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) otra aplicación móvil, LaPelota, que permitía darle seguimiento a la Serie Nacional de Béisbol en Cuba; y ese año, en diciembre, firmó un contrato con la empresa estatal de desarrollo de software DESOFT, a través de la cual pudo exportar servicios informáticos a Costa Rica.

Según comentó su director ejecutivo y fundador, Bernardo Romero González, a la revista Negolution, han tenido contratos “con más de 50 empresas estatales para darles mantenimiento a su equipamiento”.

En diciembre de 2021, la Cámara de Comercio de la República de Cuba anunció en un tuit que había recibido una solicitud de esta pyme para formar parte de la entidad. Pasado más de un año, publicó un video en el que aparece el CEO de Ingenius asegurando que se habían asociado con la Cámara “inmediatamente” después de ser empresa, y resaltando “la importancia de cumplir 60 años haciendo esa labor”.

En 2016, Bernardo Romero (quien fue asesor del proyecto CubaEmprende) mostraba especial interés en la “posibilidad” que ofrecía “el escenario de relaciones Cuba-Estados Unidos” en el contexto del deshielo durante la administración Obama. “Se amplía la posibilidad de desarrollar hacia el exterior, sobre todo para el mercado americano que está muy interesado. Ya hemos hecho los primeros contactos y hay una perspectiva inmensa”, comentó entonces en entrevista con la agencia IPS Cuba.

Romero González lanzó otro negocio en mayo de 2017: Cubazon, una especie de tienda virtual de productos cubanos que solo podrían ser pagados desde el exterior (presumiblemente por familiares) para ser entregados a personas en la Isla. “Es como Amazon para Cuba”, aseguró a una audiencia de expertos en la conferencia TechCrunch, celebrada en la ciudad de Nueva York.

Tanto Romero como su empresa participaron en la 38va. edición de la Feria Internacional de La Habana en ExpoCuba (FIHAV), a finales de 2022, con el objetivo de “ampliar su cartera de clientes internacionales en lo concerniente a desarrollo de software”; y más recientemente, en el evento sobre tecnología e innovación eMerge Americas 2023, que tuvo lugar en el moderno Centro de Convenciones de Miami Beach.

El director general de este evento, Felice Gorordo, es miembro del Cuba Study Group, una organización vinculada con CubaEmprende y cuyo objetivo fundamental es trabajar por la normalización de las relaciones entre Cuba y EE.UU.

 

Publicación de Ingenius sobre participación en la conferencia eMerge Americas 2023.

Ingenius ha firmado contratos con clientes de Países Bajos, España, Irlanda, Ecuador y Panamá ―suma más de 60 entre nacionales y extranjeros―, entre estos, la compañía especializada en asesoramiento tecnológico Quality Consulting, la agencia de viajes Caribbean Travel Network, y el partner tecnológico referente a la distribución de cruceros online ST Soluciones.

Firma digital en el contexto cubano

La utilización de la firma electrónica en Cuba ha ido ganando terreno. Al menos sobre el papel, la legislación en torno al tema le ha otorgado legitimidad en asuntos oficiales a este método, desde la administración de información documental hasta la expedición de autorizaciones. Entre otras, estas son algunas de las disposiciones adoptadas hasta la fecha (y vigentes en la actualidad):

  • El Decreto 7 de 2020 del Consejo de Ministros establece que, al momento del registro, a la documentación definida como parte integrante del Fondo Estatal de Archivos se le aplique la firma digital del registrador, “que se obtiene mediante el certificado digital emitido por la autoridad de certificación de INLP”.
  • La Resolución 84 de 2021 del Ministerio de las Comunicaciones determina que la expedición y revocación de autorizaciones, certificados, dictámenes, permisos, licencias y notificaciones de pago, puedan emitirse digitalmente “bajo la responsabilidad de quien los firma electrónicamente, conforme a los certificados de la INLP” (independientemente de su autoridad certificadora nacional).
  • La Resolución 23 de 2022 del Ministerio del Interior establece las “reglas generales para el establecimiento y empleo de los servicios de firma digital de documentos electrónicos basados en dispositivos y técnicas criptográficas”.
  • Para la actividad de comercio electrónico en Cuba, la Resolución 42 de 2020 del Ministerio de Comercio Interior reconoce la misma validez jurídica y fuerza probatoria a las firmas electrónicas que a los medios convencionales para hacer constar información e instrumentar un acto jurídico. Además, esta norma aprueba el empleo de certificados emitidos por una autoridad de certificación acreditada en la INLP.

Como consecuencia de estas disposiciones, el Acuerdo 9266 de 2022 del Consejo de Ministros instituyó el uso de la firma electrónica en “los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, Banco Central de Cuba, entidades nacionales y órganos locales del Poder Popular” mediante el uso de certificados de la INLP.

Al respecto, YucaByte conversó con la abogada del Centro de Información Legal Cubalex Giselle Morfi Cruz sobre la legislación existente en Cuba con relación a la firma electrónica y los certificados digitales de la INLP. La letrada identificó algunas potenciales preocupaciones con respecto a las leyes y su aplicación en el país:

“No se puede determinar claramente quiénes son los responsables de la calidad, de la efectividad, del uso, del perfeccionamiento y la seguridad de los servicios de firma digital, porque la Ley enumera a tantas personas indefinidas ―por ejemplo, ‘los máximos dirigentes de los órganos y organismos de la administración central del Estado, el Banco Central de Cuba, entidades nacionales y órganos locales del Poder Popular’ que al final uno acaba preguntándose ¿quién es el responsable? Puede ser cualquiera”, aseguró.

“Esto posibilita ‘el peloteo’, a la hora de nosotros exigir una responsabilidad y una reparación de daños para las víctimas, por ejemplo”, continuó.

Otra de las deficiencias identificadas por la abogada radica en los principios de independencia y autonomía de las entidades emisoras de la INLP, determinados por la necesidad de garantizar imparcialidad y resistencia a la interferencia política:

“El MININT es el órgano encargado de controlar el funcionamiento de la INLP a través de la Dirección de Criptografía; y esto no debería ser así, porque esta no es una entidad independiente ni autónoma, sino que es parte de uno de los órganos represivos del Estado Cubano y del Gobierno”, añadió.

Adicionalmente, Morfi Cruz expresó preocupación por que la Dirección de Criptografía, por sí misma o en conjunto con el MININT o el Ministerio de las Comunicaciones, sea la que controle, inspeccione, audite y fiscalice todo el comportamiento del proceso de la firma digital y la seguridad de estos servicios.

“Esto es absurdo: no es una autoridad independiente ni imparcial para hacer estas auditorías, pues ellos son los responsables de echar a andar esa maquinaria. Aquí yo veo más de lo mismo: como mismo está regulado que la Asamblea Nacional del Poder Popular sea la que vele por la constitucionalidad de las leyes que ella misma emite. Si tú emites las leyes, no vas a decir que son inconstitucionales”, aseguró.

“Lo mismo acá: si tú llevas a cabo todo este proceso, ¿te vas a inspeccionar y a decir que estás mal? No. Por lo tanto, esta estructura está diseñada para la corrupción, la arbitrariedad, la discrecionalidad, y para que las personas no encuentren recursos que satisfagan sus derechos en caso de que se los hayan violado”.

Entradas creadas 1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

19 − siete =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba