Saily González: exiliada por exigir democracia para Cuba

Ilustración: Alejandro Cañer

Saily González Velázquez es una joven emprendedora cubana de 31 años que se exilió hace muy poco a los Estados Unidos para evitar la represión que vivía en su país. Desde principios de 2021, cuando empezó a ser más crítica contra el gobierno cubano, hasta junio de 2022, documentó en sus redes sociales varios de los episodios de acoso e intimidación que sufrió. Saily estudió hasta quinto año de la carrera de Filología y tiempo después abrió su primera casa de renta en Santa Clara, en la región central de la isla.

Luego organizó y coordinó otros emprendimientos. Dos de los más relevantes fueron un negocio de formación para hospederos, que llamó FullGao, y Amarillo Coworking, posiblemente el primer espacio en Cuba que intencionalmente brindaba ese tipo de experiencia. Es un concepto simple: consiste en que en un mismo lugar físico trabajen personas que pertenecen a distintas empresas o emprendimientos. Amarillo Coworking es algo que la identifica, de hecho, Saily de Amarillo es el nombre con el que se presenta en Twitter.

Saily, quien reside en la ciudad de Miami desde junio de 2022, se considera una exiliada por exigir democracia y respeto por los derechos humanos en su país. Dice a YucaByte que llegó al activismo sin proponérselo. “Empecé a hacerlo sin querer después del 11 de julio, indignada por las mentiras que estaba diciendo la dictadura cubana en televisión nacional, todo el relato que estaba esparciendo. Y nosotros no teníamos voz, porque no teníamos internet”.

Si bien reconoce las protestas del 11 de julio como punto de inicio de su activismo político, admite que desde antes ya se había pronunciado públicamente, sobre todo por cuestiones relacionadas con los emprendimientos cubanos. “Venía de haber intentado crear una red de emprendedores con una posición reformista, una posición que intentaba pues decirles, explicarles (a las autoridades) todas las cosas que estaban haciendo mal y que nosotros creíamos que debían ser cambiadas. Solamente duró 15 días, porque enseguida intervinieron y nos fueron quitando uno a uno bajo amenazas”.

Después del 11J, empezó a hacer directas por Instagram. “Intentaba contar mi verdad, para no seguir permitiendo que el régimen la contara por mí”. Recuerda que la respuesta a sus directas fue la creación de páginas en Facebook donde la difamaban. Aquella fue una de las primeras violaciones de los derechos digitales que vivió, la primera que fue dirigida específicamente hacia ella.

Meses más tarde, el 10 de diciembre de 2021, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, sufrió su primer corte de internet. Confiesa que se sintió sorprendida de que el gobierno no se lo hubiera cortado antes. Al parecer, como ella utilizaba una línea de celular que no estaba a su nombre, les fue más difícil identificarla. Luego descubrió que a uno de sus trabajadores de Amarillo Coworking, quien sí utilizaba una línea a nombre de Saily, le fue interrumpido el servicio de internet en el contexto de la Marcha Cívica por el Cambio, en noviembre.

Aquel día de diciembre, el día del primer corte, le interrumpieron la conexión a internet, además de a ella, a toda su familia. También les instalaron una cámara y un jammer, un inhibidor de frecuencia para móviles cerca de su casa, para que no participara en un evento virtual que había preparado. Según ella, el jammer no solo afectó a su hogar, sino a todo el barrio.

“Ellos me intentaron hackear todas las cuentas de redes sociales, o sea, Facebook, Instagram, WhatsApp, que de hecho lo tenía asociado, como casi todo el mundo, a mi número de Cuba, y entonces sí pudieron entrar, pero bueno, lo recuperé, WhatsApp tiene un truco para recuperarlo”.

Represión y exilio

Saily piensa que uno de los factores fundamentales que ha cambiado en la sociedad civil cubana es el tema de internet. Y que uno de los puntos de quiebre ha sido el aumento de la represión y la visibilidad que ha tenido esa represión. “Antes por supuesto que existía, pero no lo sabíamos, no nos enterábamos si no estaba en la esquina de tu casa, si no estabas involucrado directamente con eso, pero ya no es así”.

Desde agosto de 2016, recuerda, tuvo sus primeros encuentros con la Seguridad del Estado, cuando fue escogida para participar en el programa de intercambio YLAI. Esos primeros encuentros fueron para preguntarle sobre una posible injerencia de Estados Unidos a través del programa. Al inicio los interrogatorios eran semanales, a veces incluso llegaron a ser dos veces a la semana. Pero luego se fueron espaciando en el tiempo.

“Desde enero de 2021, cuando yo empiezo a tener una postura mucho más crítica con respecto al gobierno de Cuba, vuelven a ser más frecuentes aquellas citaciones. Recuerdo una particularmente, que fue como de 3 horas, donde ellos me amenazaban con que yo no podía seguir publicando lo que estaba publicando, porque me iban a cerrar el negocio, bueno, todas esas cosas. Siempre la forma en que la Seguridad del Estado accede a ti como emprendedor es diferente a cuando accede a ti como disidente. Ya cuando eres disidente las amenazas son: o paras de hacer lo que estás haciendo o te vamos a meter preso. Ya son amenazas más duras, más fuertes”.

Para ejemplificar mejor ese acoso, Saily nos cuenta varias de las experiencias con agentes del gobierno que tuvo en noviembre de 2021. La primera fue el día 9, con la policía. Allí le dijeron que tenía una investigación abierta por actividad económica ilícita, para que no pudiera salir a marchar el 15 de noviembre. Unos días más tarde, el 20, fue secuestrada por agentes de la seguridad. “Estamos hablando de 5 hombres en total, que llegaron, se me pararon al lado y me dijeron “acompáñeme”. Se subió a un carro. Estuvo dando vueltas por la ciudad durante 2 horas y media. Dice que esa fue la primera vez que se dio cuenta de lo que eran capaces.

La represión escaló. A principios de 2022 ya no la secuestraron 5 hombres, sino 7. Ella iba a imprimir unos habeas corpus para la familia del preso político Andy García Lorenzo cuando ocurrió todo.

La dejaron en la estación policial sin darle ninguna explicación. Al paso de las horas, la instructora de policía Yamilé fue a verla y le dijo que el motivo de su detención eran posts que había puesto en redes sociales. El castigo esta vez fue una multa por valor de 3000 pesos. A juicio de las autoridades violó el Decreto-Ley 370, también llamado Ley Azote. Una ley que castiga a todo aquel que disienta del gobierno cubano a través de las redes sociales o de internet.

Saily reclamó la multa, pero la respuesta del Ministerio de las Comunicaciones fue mantener la sanción. Uno de los papeles que se llevó consigo al exilio en Miami fue esa respuesta. Una prueba en papel de la represión que sufrió en los últimos meses, un recuerdo de la gente que la expulsó del país donde nació y vivió durante 31 años.

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