Violaciones de derechos digitales en Cuba (mayo de 2024)

Ilustración: Art Tonio

La cacería en redes sociales desatada por el régimen luego de las manifestaciones de marzo pasado dejó en prisión a al menos cuatro de los diez cubanos detenidos por solo una publicación en redes sociales. Pero esta cifra no significa que los restantes seis hayan sido liberados. En algunos casos, durante este mes de mayo no trascendieron noticias sobre ellos y, en otros, la familia decidió no denunciar.  

De los más de 1.000 presos políticos que hay en Cuba, la mayoría fue procesada por supuestos delitos comunes, como desórdenes públicos y desacato. Sin embargo, aquellos que grabaron y viralizaron protestas en redes sociales enfrentan cargos políticos, como sedición, propaganda contra el orden constitucional y actos contra la seguridad del Estado. 

El abogado de Cubalex Alain Espinosa explicó a YucaByte que “para que una publicación constituya un delito de este tipo, la autoridad en cuestión tiene que demostrar de manera objetiva cómo afecta al orden constitucional o la seguridad del Estado”. Por lo general, dijo, estas publicaciones expresan descontento en una situación determinada o visibilizan violaciones e ilegalidades, y no se equiparan a los cargos impuestos.

“Es evidente que el régimen busca intimidar a la sociedad para crear un efecto inhibitorio que le asegure actuar con total impunidad”, comentó Espinosa. 

 

Presos políticos por publicaciones en redes sociales 

Víctor Manuel Hidalgo Cabrales lleva dos meses en la prisión provincial de Las Tunas, conocida como El Típico. Se quejó en Facebook por los continuos apagones, y la Seguridad del Estado lo interpretó como una forma de “propaganda contra el orden constitucional”. 

Ya el expediente estaba listo para mandarlo para el tribunal. Y ahora le quieren tomar declaración de nuevo”, aseguró a YucaByte Andrielis Guerrero, esposa de Hidalgo. Los instructores quieren saber esta vez si el joven conocía a alguien más. Mediante coerción o falsas promesas de liberación, los obligan a declarar presuntos vínculos con opositores u organizaciones, para probar la narrativa oficial: el carácter mercenario, y no espontáneo, de las manifestaciones antigubernamentales que han sacudido el país en los dos últimos años. 

Esta nueva declaración a Hidalgo implica que el proceso de preparación de su expediente fiscal comience prácticamente de cero. El joven, dijo su esposa, está desesperado. Enfermó de cólera en prisión, ha perdido mucho peso y padece las condiciones infrahumanas de los centros penitenciarios en la Isla. 

Yerismar Velázquez Cruz, otro de los detenidos en esta última oleada represiva, se encuentra también enfermo en prisión, sin recibir atención médica. Según Betty Perdomo, madre de dos presos políticos del 11J, el joven fue trasladado de la enfermería a una celda común, sin recibir ningún diagnóstico, y aun cuando no se encuentra bien de salud. 

Al Velázquez Cruz, enfermero de profesión, lo acusan de atentado contra la seguridad del Estado. Para ello fue suficiente un video que publicó en Facebook pidiendo la libertad de los presos políticos frente al santuario de El Cobre, en Santiago de Cuba. 

En esa misma provincia lleva dos meses preso Asdrúbal Kindelán, en la cárcel conocida como Mar Verde. Kindelán fue detenido por segunda vez en dos semanas el pasado 3 de abril. En la primera ocasión, lo arrestaron por denunciar en una transmisión vía Facebook cómo oficiales de la Policía se negaron a mostrar el video por el que acusaban a su hijo de atentado. 

Esta vez, Kindelán está siendo procesado por desacato. La organización Cubalex denunció que la prueba incriminatoria es la declaración falsa de una instructora. Ella misma informó a los familiares del santiaguero que oficiales superiores le exigieron que declarara supuestas amenazas de Kindelán.  

Según Cubalex, esto “constituye un delito de prevaricación, por promover maliciosamente la persecución penal de una persona cuya inocencia les consta”. 

En la cárcel La Pendiente, en Santa Clara, se encuentra bajo prisión provisional hace más de un mes el también enfermero Arony Yanko García. Su esposa Yunisley Suárez confirmó a este medio que le han negado tres veces el cambio de medida cautelar, lo que permitiría al joven esperar el juicio desde su casa. Si bien las autoridades le informaron a Suárez que el caso está a disposición de la Fiscalía, su abogada le comentó que quien decide es la Seguridad del Estado. 

“El día de la detención de mi esposo [3 de abril] me detuvieron y me amenazaron de acusarme de desacato. Estuve como ocho horas detenida. Me quisieron hacer firmar un acta de advertencia y no lo hice. Me dijeron ‘mala madre’ por no pensar en el bienestar de mis hijos. Y el delegado del MININT [Ministerio del Interior] fue a entrevistarme y hacer presión para que yo hiciera un compromiso de no escribir ni decir mi opinión en redes”, contó. 

Además del acoso, Suárez ha sufrido ralentización del servicio de internet y cortes que se han prolongado por hasta cuatro días. Asimismo, han intentado varias veces acceder a su cuenta de Facebook. 

Alain Espinosa comenta que, desde Cubalex, han percibido un aumento exponencial de la criminalización de la libertad de expresión en la Isla. El abogado explica que ya no solo se reduce a publicaciones que representen algún tipo de disenso político. Son criminalizadas también las opiniones sociales, en muchos casos relativas a cuestiones que afectan el derecho a una vida digna, como puede ser la salud, la alimentación o la electricidad. 

“Además, si bien tradicionalmente este patrón represivo era aplicado casi exclusivamente a periodistas independientes, activistas de derechos humanos o miembros de organizaciones políticas opositoras, en la actualidad alcanza a todos los ciudadanos y reafirma a Cuba como una de los Estados con espacio cívico totalmente cerrado en el mundo”, declaró. 

Detenciones, interrogatorios y amenazas de demandas 

El 9 de mayo, dos periodistas de Panorama Pinareño, un medio del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), fueron detenidos en medio de un operativo policial. 

Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz se encontraban en casa de Yamilka Abascal, directora del medio. La Seguridad del Estado allanó la vivienda durante una reunión editorial y les confiscó «una laptop, una impresora, un disco duro, memorias USB y las hojas con las que se imprimen los boletines con noticias y artículos de opinión que luego reparten entre la población de la comunidad», según denunció el ICLEP.

En el otro extremo del país, en Guantánamo, el cuentapropista Yasser Ravelo Díaz fue citado a interrogatorio el 14 de mayo. Le aplicaron una multa por sus publicaciones para el medio independiente ADN Cuba, amparada en una de las leyes diseñadas para reprimir el disenso: el Decreto-Ley 370. En su testimonio, Ravelo contó que lo amenazaron con enviarlo a prisión y le levantaron un acta de advertencia por sus posts en redes sociales.

Al periodista de CubaNet Vladimir Turró lo amenazaron no solo con cárcel, sino también con pena de muerte por “el contexto en que se encuentra el país”. Turró estuvo arrestado durante varias horas de interrogatorio. Lo liberaron con una multa por una alegada «violación del dispositivo de seguridad», y le devolvieron roto su teléfono celular, después de arrojarlo al piso (lo mismo han hecho con otros periodistas, activistas y familiares de presos políticos). 

Por otra parte, el equipo de producción de El Necio, liderado por el vocero del oficialismo Pedro Jorge Velázquez, amenazó con una demanda por difamación al cubano Eliécer Jacomino. 

Jacomino le comentó a Velázquez en Facebook que su reciente viaje por Venezuela se pagó con dinero del pueblo. “Esos viajes son financiados por el presupuesto del Estado», le contestó en una publicación. 

Aunque el equipo de El Necio reconoce que no es ilegal utilizar el dinero público para viajes de funcionarios en misiones cubanas, asegura que tiene las pruebas para demostrar el agravio. Este delito, según Espinosa, lleva un análisis complejo. No depende solo de probar la difamación, sino también de determinar cómo afecta a la reputación social del difamado. “Sin este último aspecto, aun cuando no se pruebe que el viaje se realizó con dinero público, el delito no se tipifica”, señaló. 

Cortes de internet 

Desde antes de comenzar el mes, en vísperas del 1 de mayo, al menos 15 personas estuvieron entre 24 y 48 horas sin conexión a internet. 

Entre ellas, se encuentran los activistas María Cristina Labrada y Alejandro Garlobo, quien estuvo además sitiado en su vivienda por agentes de la Seguridad del Estado. Los miembros del Comité de Integración Racial, María Elena Mir Marrero, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro Veloz y Manuel Cuesta Morúa, también denunciaron cortes. 

El régimen se encargó también de silenciar en esa jornada a los periodistas de CubaNet Osniel Carmona Breijo, Anay Remón, Vladimir Turró, Enrique Díaz y Alejandro Hernández Cepero; el periodista y escritor Boris González Arenas; la editora Regina Coyula; la directora de 14ymedio Yoani Sánchez y  Reinaldo Escobar,  jefe de redacción de ese diario.

 El servicio se restableció poco a poco a partir del mediodía del 1 de mayo, después de que finalizó el acto que suele celebrar el régimen por el Día Internacional de los Trabajadores. Como siempre ocurre luego de los cortes, se ralentizó aún más la conexión, y la mayoría de los afectados solo pudieron acceder a la web mediante las bandas 2G y 3G. 

Se trata de una estrategia que el régimen aplica para extremar el control sobre las redes sociales y las comunicaciones en general durante fechas señaladas. Este mes, la represión no fue solo por las celebraciones del 1 de mayo, sino también por una efeméride que el régimen se niega a reconocer: la fundación de la República de Cuba, el 20 de mayo de 1902.  

Con motivo de ese aniversario le cortaron el internet, por segunda vez, a los periodistas Boris González Arenas, Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar; y a los integrantes del CIR María Elena Mir Marrero, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro Veloz y  Manuel Cuesta Morúa. Otros dos miembros del comité, María Mercedes Benítez Rodríguez y Fernando Palacio, también estuvieron sin conexión a la red de redes. 

Asimismo, reportaron cortes los activistas Eroisis Gonzales, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo país; y las damas de blanco Laura María Labrada Pollán y Yolanda Santana, quien también estuvo sin conexión el domingo 5 de mayo. 

Los directores de los medios de comunicación del ICLEP Juan Manuel Moreno Borrego (Amanecer Habanero), Orlidia Barceló Pérez (El Espirituano), Mabel Páez Díaz (El Majadero de Artemisa) y Antonio Suárez Fonticiella (Páginas Villareñas), así como el reportero Pedro Luis Hernández Hernández, informaron igualmente sobre cortes de internet en la jornada por el Día de la República. 

El ICLEP también denunció que, a inicios del mes, otro grupo de cuatro activistas del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) permaneció varias horas sin conexión. El corte ocurrió el 5 de mayo, luego de la transmisión en vivo por YouTube que realiza el PUNCLI cada semana; y afectó a Juan Luis Bravo Rodríguez, Juan Carlos Vasallo Fregio, Moraima Rodríguez Batista y Ramón Mora Hernández. 

El día 10, amaneció incomunicada Migdalia Gutiérrez, madre del preso político y manifestante del 11J Brusnelvis Cabrera Gutiérrez. El día antes, Gutiérrez se plantó frente a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, en 15 y K, en El Vedado, para exigir «la mínima», una medida para que su hijo pase a un régimen de menor severidad. 

Ante la protesta, un oficial le advirtió a Gutiérrez: “Así no vas a resolver tu problema, te la vamos a poner más difícil”, se le escucha decir en el video que transmitió la madre vía Facebook. 

Otros dos afectados por cortes de internet este mes fueron los profesores Jorge Fernández Era y Alina Bárbara López Hernández. La integrante de la junta directiva de la plataforma Cuba X Cuba ha estado incomunicada, sin internet ni servicio de telefonía móvil, durante los últimos tres meses, según reportó el Observatorio de Libertad Académica (OLA).  

En el caso de Fernández Era, el corte ocurrió el 20 de mayo, luego de que el profesor se presentara ante la Estación de Policía de Aguilera, en el municipio capitalino de Diez de Octubre. Su objetivo era reclamar por un fuerte operativo policial que lo sitió en su casa el 18 de mayo. Entonces, estuvo más de 12 horas bajo arresto domiciliario, para impedirle que se uniera a la manifestación pacífica convocada el día 18 de cada mes por su colega López Hernández. 

Ciberacoso

Yamilka Laffita, la activista conocida en redes como Lara Croft, denunció un episodio de ciberacoso a principios del mes, el 3 de mayo. Un desconocido le tomó fotos sin su autorización mientras se encontraba con unos amigos en un club nocturno. Las fotos fueron publicadas luego en una cuenta anónima en Facebook, acompañadas de falsas acusaciones sobre su vida personal, que sí califican como un delito de difamación. 

“No estoy en la obligación de darle una foto a nadie, menos de dejarme tirar fotos por personas que no conozco, y menos aún aceptar ningún tipo de invitaciones que no considere oportunas”, expresó la activista. 

Bloqueo de sitios web  

Al igual que el mes pasado, durante mayo el régimen mantuvo bloqueado el acceso desde la Isla a 66 sitios web, según reportó a YucaByte el grupo Diktyon, una fuente independiente de consulta y monitoreo sobre el estado de internet y la censura dentro de Cuba. El grueso de estos sitios lo comprenden medios independientes cubanos, blogs críticos contra el Gobierno y otros que se dedican a promover el activismo a favor de los derechos humanos.

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