Ilustración: Carmen Barruecos
La visita a Cuba de Eamon Gilmore, representante especial de Derechos Humanos de la Unión Europea (UE), transcurrió durante los días 23 y 24 de noviembre acorde con las expectativas de La Habana, según refirieron varios activistas. Y, aunque Gilmore se reunió con familiares de presos políticos ―a diferencia de otros delegados de la UE―, lo cierto es que fueron jornadas donde el régimen mantuvo el control a fuerza de medidas coercitivas.
El 21 de noviembre, dos días antes del arribo de Gilmore, los periodistas Yoani Sánchez, José Luis Tan Estrada y Boris González Arenas denunciaron que la velocidad de su conexión a internet se había reducido drásticamente. Sánchez tuvo dificultades para conectarse desde el mediodía, con una velocidad máxima de 130 Kbps; mientras que Tan Estrada y González Arenas alcanzaron apenas los 43 y 90 Kbps, respectivamente.
La reducción del ancho de banda es una práctica que por lo general se utiliza con fines comerciales, para evitar la saturación en el tráfico de las redes. Sin embargo, organizaciones como Access Now y Hacker News, que promueven la defensa de un internet libre y abierto, han reportado que algunos gobiernos totalitarios recurren a esta herramienta con el objetivo de censurar y limitar los flujos de información. Son los casos de Irán, Jordania, Turquía, China, Egipto, Kazajistán, Siria y Myanmar.
El estrangulamiento de la red (o throttling), como se le conoce a esta práctica, ocurre cuando “se ralentiza intencionalmente la velocidad de internet, lo que dificulta o imposibilita que los usuarios carguen o descarguen información. La limitación también puede apuntar a servicios, aplicaciones y plataformas específicas, dejándolos inutilizables”, según la definición de Access Now.
En el caso de Cuba, la infraestructura de telecomunicaciones apenas garantiza un servicio de calidad a la población. Por eso resulta más difícil comprobar si las causas reales de la reducción de velocidad responden a problemas técnicos o a medidas de censura política.
Justo en los últimos días del mes, el monopolio estatal de las telecomunicaciones, ETECSA, ofertó paquetes de 30 GB de datos, más internet ilimitado en horario de la madrugada. Algunos usuarios cubanos de la red social X (antes Twitter) consideran que esta oferta provocó problemas de conectividad, incluida la ralentización de la red. Pero la comunidad Cell Mapper no advirtió alteraciones en las velocidades de conexión sino hasta el 29 de noviembre, una semana después de las denuncias de los periodistas.
“Casi han pasado 24 horas desde que nuestra comunidad ha notado un límite en las velocidades de internet a nivel nacional sin poder superar los 8 Mbps, ¿alguna respuesta a los clientes de que está pasando?”, cuestionó el grupo de aficionados a las telecomunicaciones, que publica con regularidad información sobre la ubicación de radio bases, bandas de frecuencia y cobertura del proveedor, entre otros datos.
Las velocidades que notificaron los seguidores de Cell Mapper fluctuaron entre 2 y 8 Mbps, esto es, 15 y 60 veces más rápidas que las reportadas por Sánchez, Tan Estrada y González Arenas. Eso, sin olvidar que los estrangulamientos de red a los periodistas ocurrieron en medio de un contexto que supone tensiones para el régimen, como la visita de Gilmore.
Doug Madory, director de Kentik, una empresa de operadores, desarrolladores y analistas de redes y servicios en la web, comentó a YucaByte que “en Cuba es muy posible que el Gobierno limite el ancho de banda a su antojo, pues puede hacerlo. Es el único proveedor de internet con que cuentan los cubanos. Lo han hecho otros gobiernos, como el de Irán. Y cada vez este tipo de gobiernos hace throttling más veces”.
En el caso de Tan Estrada, no solo se redujo su velocidad de conexión, sino que ETECSA lo privó de sus servicios mediante varios cortes selectivos de internet. El periodista fue víctima también de ciberacoso a finales del mes, cuando un usuario que desde hace meses se dedica a hostigarlo, lo amenazó con presentarse personalmente ante él.
“Hoy, 30 de noviembre, recibí por Twitter (X) la AMENAZA de una persona que vive en Camagüey, y no es un perfil falso, incluso, alega que me ha visto en varios lugares y que cuando vuelva a coincidir conmigo (…) se me presentará. Este perfil me ha venido atacando desde hace algún tiempo por las redes sociales, y ya pasó de un ataque cualquiera de una ciberclaria a una amenaza real”, escribió Tan Estrada en su cuenta en Facebook.
El 24 de noviembre, durante la segunda jornada de Gilmore en la Isla (quien irónicamente viajó a La Habana para presidir el IV Diálogo sobre Derechos Humanos, en medio de la mayor crisis de libertades civiles y políticas), se reportó otro incidente violatorio. Varias madres que protestaron frente al Ministerio de Salud Pública exigiendo atención médica para sus hijos, así como la activista Diasniurka Salcedo, quien las acompañaba, fueron silenciadas con detenciones y cortes de internet. Salcedo declaró a YucaByte que durante el arresto su teléfono móvil sufrió roturas, por lo que no pudo seguir documentando la vigilancia y amenazas a las que fueron sometidas.
Asimismo, este mes el régimen extremó medidas contra el activista Adelth Bonne, quien es víctima frecuente de violaciones de derechos digitales. Bonne denunció el 4 de noviembre el bloqueo de la línea móvil que utiliza actualmente, pues la anterior lleva meses sin servicio de internet.
“Antes de hacer esta sección [en el diario CubaNet] (…) las represalias que tomaban conmigo era que cuando sucedía algo, ellos [la Seguridad del Estado, SE] me cortaban el internet para que no publicara nada. Cuando comienzo aquí a colaborar con CubaNet ellos no me cortan el internet, sino que me reducen la velocidad de conexión. No llegaba a 10 Kpbs, no podía transmitir en vivo, ni enviar videos por mi línea. Pero uno siempre busca alternativas”, dijo el joven en una de sus directas habituales para ese medio. Por razones de seguridad, no comentó sobre las vías que está utilizando para conectarse.
Bonne cree que, al parecer, la SE “quiso poner fin de una vez a sus comunicaciones”, incluyendo su teléfono en la “lista negra” de ETECSA.
La “Base de Datos Negativa”, como también se le conoce, comprende una serie de códigos IMEI (número de identificación único del dispositivo), que corresponden a teléfonos móviles reportados como robados o falsificados. La Resolución 12/2016 establece que estos teléfonos “no están autorizados para operar en la red de telefonía celular de Cuba”. Así que las líneas que se insertan en estos dispositivos se bloquean automáticamente.
Aunque Bonne comentó que en febrero de 2023 estuvo detenido y su teléfono fue confiscado por más de tres horas, lo cierto es que no es necesario tener el dispositivo para acceder al código IMEI. Desde el momento en que se conecta, transmite este dato al proveedor, en este caso ETECSA.
Según la empresa, la lista tiene el objetivo de “proteger a los usuarios (…) de hechos delictivos o extravíos”. Sin embargo, no es la primera vez que el régimen echa mano de esta herramienta para censurar. Entre 2020 y 2021 aplicó igual medida contra la periodista Iliana Hernández.
