Caso Magdiel: desinformación y violación de derechos digitales

Ilustración: Alejandro Cañer.

El 19 de diciembre de 2022, las autoridades migratorias de Bolivia le dijeron a Magdiel Jorge Castro, un joven tuitero cubano de 28 años, que había sido expulsado del país y tenía 15 días para abandonar el territorio. Según la entidad migratoria, el cubano había vulnerado las leyes bolivianas al alterar el orden público de esa nación con sus publicaciones en redes sociales.

Jorge Castro, quien se describe como activista por los derechos humanos y la democracia en Cuba, utiliza las redes —especialmente Twitter— para denunciar y criticar al Gobierno cubano. La mayor parte de su contenido está centrado en temas relacionados con la Isla. “No hay en esas publicaciones una sola intromisión en los asuntos internos de Bolivia”, explicó en un video publicado en su cuenta de Twitter luego de su encuentro con las autoridades.

El proceso empezó el viernes 16 de diciembre de 2022. Los oficiales migratorios le notificaron que debía presentarse en la Oficina de Migraciones del Departamento de Santa Cruz de la Sierra, donde vive, el lunes siguiente. Al asistir, le comunicaron que había infringido la Ley 370 de Migración de ese país y que por eso debía marcharse.

¿Quién es Magdiel Jorge Castro?

Nacido en la provincia de Holguín el 12 de octubre de 1994, Jorge Castro se graduó de Microbiología en la Universidad de La Habana en el año 2018. En Cuba, trabajó en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) hasta 2019, año en que emigró.

“A Bolivia llegué en el año 2019. Llegué a través del Perú. Crucé fronteras, no tenía una residencia legal, pero pude regularizar mi situación migratoria en octubre de 2021 a través de una amnistía que sacó el Gobierno boliviano. Una vez regularizada mi situación migratoria se me otorgó una residencia temporal por dos años, vigente en estos momentos y que vence en octubre de 2023”, contó el joven a YucaByte.

El activista afirmó que, durante su cita con el Departamento de Migraciones, ocurrieron irregularidades. “En esa reunión se me preguntó quién me pagaba, cuánto ganaba, cómo cobraba. Se me preguntó por mi relación con organizaciones o políticos de acá del Departamento de Santa Cruz de la Sierra. Incluso se dijo que había fotografías mías en la calle con algunas personas influyentes aquí, algo que es totalmente falso. Es evidente que hay labor de inteligencia, ¿no? Decirme que tenían fotografías mías que no podían enseñarme, esa es una labor que no es competencia del órgano migratorio”.

Jorge Castro también relató que las autoridades tenían en su poder una gran carpeta con las publicaciones que había hecho en redes sociales, una práctica usual en los interrogatorios que mantiene la Seguridad del Estado cubana con quienes disienten en la Isla.

“Tenían una carpeta con mis tuits, con varios de mis tuits. Les habían hecho screenshot, los habían pegado en hojas. Tenían dos tuits por hoja. Era una carpeta bastante gruesa. En ese momento a mí no me quedó duda de que la carpeta venía de Cuba, porque ¿qué otra Policía se dedica a hacer screenshots a publicaciones en redes sociales?”, cuestionó.

Asegura, además, que no se detuvieron en ninguna publicación en especial. Ni de antes de su ingreso a Bolivia, ni posterior. “No se me enseñó una donde yo violentara las leyes bolivianas, no se me enseñó una en específico donde yo alterara el orden en Bolivia”.

Una experiencia similar relató a YucaByte el activista guantanamero Juan Luis Bravo. En mayo de 2020, durante un interrogatorio con dos oficiales de la SE y dos del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), los agentes del régimen le mostraron a Bravo “un volumen bastante alto” de sus publicaciones en Facebook. El registro iba desde el momento en que abrió su cuenta hasta el día anterior al interrogatorio.

“Nosotros controlamos y vemos todo lo que ustedes publican”, le dijeron en aquel momento sus interrogadores. Por sus publicaciones de denuncia, Bravo fue multado con 3000 pesos.

Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, dijo que, en su caso, el proceder de las autoridades cubanas había sido diferente. En enero de 2022, ella fue detenida por hacer fotos, videos y una transmisión en vivo en la que mostraba la militarización del Tribunal Provincial de Villa Clara, donde estaba siendo juzgado su hermano.

Durante su interrogatorio, un inspector del MINCOM tomó su celular y abrió sus redes sociales. “Abrieron todo delante de mí, le tiraron fotos con otro teléfono. Entonces me dijeron que iban a investigar y que si se demostraba que con esos teléfonos habíamos hecho las directas pues estos serían decomisados, de lo contrario nos los entregarían; y que, por supuesto, por esta causa éramos multados por 3000 pesos”.

También de 2022 es la historia de represión del memero El Ruso, seudónimo de Carlos Alberto Pérez.

El Ruso fue detenido tras subir una foto de una pintada antigubernamental. Cuenta que los agentes de la SE le mostraron al detalle una carpeta con varios de sus tuits y de sus posts y le explicaron qué delito, según ellos, había cometido al subirlos a las redes.

El medio especializado en periodismo de datos Proyecto Inventario ha documentado algunas de estas violaciones de los derechos digitales de la ciudadanía. En varios casos en Cuba, y en el de Jorge Castro en Bolivia, la sanción fue impuesta sin que las autoridades argumentasen evidencias concretas.

El profesor e investigador José Raúl Gallego dijo a YucaByte que los patrones de las autoridades cubanas para sancionar eran la arbitrariedad y la discrecionalidad. “No importa siquiera el tipo de contenidos, en algunos casos ha sido por cuestiones prácticamente banales”, aseguró.

Crónica de una expulsión: desinformación y arbitrariedad

En Cuba, Magdiel Jorge Castro tuvo sus primeros acercamientos con el activismo. “No fue un activismo fuerte como lo que he estado haciendo últimamente. Participé en la marcha del 11 de mayo de 2019, la marcha independiente, y bueno a partir de ahí como que me interesé un poco más en el proceso. Pero no hice activismo digital en Cuba”, declaró.

El tuitero se refiere a la marcha que una parte de la comunidad LGBTIQ+ realizó en el Paseo del Prado, en La Habana. Esta marcha nació como respuesta a la cancelación de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia que anualmente organizaba el oficialista Centro Nacional de Educación Sexual, dirigido por Mariela Castro, hija de Raúl Castro.

“A inicios del 2020 comencé a utilizar Twitter como una red social para expresar opiniones y demás, (aunque) ni siquiera como activismo. Luego vi que las publicaciones ganaron en likes, comenzaron a hacerse ver y comencé a utilizar esa plataforma para el activismo con capacidad de movilización”, comentó.

Y aunque no pueda precisar una fecha exacta en la que delimitar un cambio de actitud del Gobierno cubano a su actividad en redes sociales, cree que después de las históricas protestas de julio de 2021 tuvo mucha más atención por parte del poder.

“Yo apoyé todo esto que fue la campaña del ‘SOS Cuba’. Luego me involucré activamente en el Grupo Archipiélago [un movimiento social que buscaba un cambio en el país a través del diálogo y el consenso]. Cuando las protestas por los apagones comencé a sentir un ataque directo hacia mí”.

En julio de 2022, varios medios de prensa afines al Gobierno cubano publicaron artículos en los que se difundía desinformación sobre Jorge Castro. El primero escrito por Gustavo Veiga, para el diario argentino Página 12, y el segundo por Helena Paz, para el semanario boliviano La Época.

En la nota de Página 12 se afirmaba que había salido de Cuba luego de unirse a Archipiélago. Este dato no es cierto, Jorge Castro, quien era uno de los coordinadores, dejó el grupo de manera oficial el 5 de diciembre de 2021. Y para esas fechas, hacía más de dos años que vivía en el país andino.

Los dos artículos lo vincularon con Luis Fernando Camacho, opositor boliviano, y con la ONG Ríos de Pie. Aseguraron, igualmente, que recibía financiamiento de Estados Unidos. De acuerdo con una verificación realizada por la revista cultural Árbol Invertido, no se aportaron evidencias para ninguna de estas afirmaciones, pero, no obstante, fueron compartidas y replicadas por los canales de propaganda que tiene el poder en Cuba.

Hasta el momento, y a pesar de las denuncias de desinformación, Jorge Castro dice no haber recibido comunicación, rectificación o disculpa por parte de estos medios. “Eso evidentemente es un mandato del Gobierno cubano. Eso fue lo que pasó. O sea, ellos primero crearon la atmósfera de que yo estaba vinculado [a opositores bolivianos]. Lo repitieron los medios. Lo repetían hasta el cansancio. Después vino la expulsión”.

Por otro lado, el joven indicó a YucaByte que en el proceso de expulsión ocurrieron arbitrariedades. El 20 de diciembre de 2022, solo un día después de haber sido notificado por los oficiales migratorios, Jorge Castro presentó un recurso con el que podría revocar la decisión administrativa si así lo decidían las autoridades.

En ese documento, al que tuvo acceso este medio, Jorge Castro afirma: “No existe una causal establecida en la normativa migratoria vigente (…) que determine la expulsión por alteración del orden público”.

También añade: “No existe un numeral 8 del art. 38 de la Ley No. 370 [utilizado para acusarlo]. Claramente, se puede evidenciar que la resolución de salida obligatoria (…) es irregular, ilegal y arbitraria”.

“Entonces ―concluye el activista― a la vista de lo que hicieron fue un desastre desde el punto de vista jurídico y desde cualquier punto de vista que se quiera mirar. Comenzaron a hurgar en mi perfil tratando de buscar publicaciones donde yo comentara o diera una opinión sobre la situación boliviana”.

Luego de que el poder en Bolivia iniciara este proceso de salida obligatoria, varios medios que comparten la narrativa del Gobierno cubano justificaron la medida diciendo que Jorge Castro había llamado “dictador” a Luis Arce, actual presidente de Bolivia, y que se “había inmiscuido” en la política de esa nación.

Pero para esto tampoco se aportaron evidencias. El 14 de diciembre, durante la Cumbre en La Habana del ALBA-TCP, Jorge Castro publicó un tuit en el que calificaba al evento de “feria de dictadores”. En el encuentro participaron también Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, respectivamente, además de Arce.

El tuit, sin embargo, no mencionaba a ninguno específicamente.

Jorge Castro dijo a YucaByte que la situación le parecía ridícula. “La ley boliviana limita que los extranjeros participen activamente en la política desde el punto de vista de hacer activismo político y propaganda. Pero esto (lo que hago) ni es activismo ni es propaganda: esto es una opinión y tanto es así que hasta hace una semana era prácticamente desconocido en Bolivia. Nadie sabía quién yo era ni que tenía una cuenta de Twitter. Entonces, evidentemente, no hay propaganda, porque ¿a quién estoy influyendo? La ley me reconoce también a mí los derechos de libertad de opinión”, sentenció.

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