Jueces cubanos se entrenan en la Rusia de Putin

Ilustración: Julio Llópiz-Casal

El pasado 13 de enero, en medio de las tensiones políticas entre Occidente y Rusia por la presencia de la OTAN en Ucrania, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, dijo “no descartar” la posibilidad de un despliegue militar ruso en Cuba. La Isla -y Venezuela-, en los planes del Kremlin, podría convertirse en una base de operaciones amenazante contra Estados Unidos, como lo fue hace más de 50 años, cuando la “Crisis de los Misiles”. El silencio del Gobierno cubano ante esta declaración sorprendió y dio a suponer que los vínculos entre La Habana y Moscú no cambiaron tanto como se esperaba tras la caída del llamado Campo Socialista.

Los vínculos de la Rusia de Putin con el régimen cubano, en verdad, viene de años antes, e involucran, incluso, al sistema judicial cubano, específicamente a magistrados y directivos de tribunales. Desde 2017, decenas de jueces de todas las provincias han participado en un “curso de superación” en Rusia que ya va por su cuarta edición (2017, 2018, 2019 y 2021). Varios de los participantes son responsables directos de procesos judiciales contra activistas, opositores y periodistas independientes, algunos vinculados con las protestas del pasado 11 de julio.

Los cursos

El primer curso ocurrió en junio de 2017 y, como los otros tres que le sucedieron, fue auspiciado por la Universidad Estatal de Justicia de la Federación Rusa, la cual prepara a los cuadros del sistema de justicia de ese país. Uno de los temas de clase en aquella ocasión fue “el procedimiento judicial penal para menores en la legislación rusa”. Cuatro años después, los tribunales cubanos sancionarían penalmente a varios menores de edad tras las protestas del 11J, disfrazando causas políticas de delitos comunes.

 

En septiembre del siguiente año fue la segunda edición, auspiciada, además, por el Tribunal Supremo de la Federación Rusa. El curso, centrado en cuestiones asociadas al derecho penal, incluyó visitas a tribunales rusos e intercambios con magistrados de ese país, y contó en sus actos de apertura y clausura con la presencia de los principales funcionarios del personal diplomático cubano en la nación eslava.

Jueces cubanos reciben certificado después de concluir uno de los cursos.

En agosto de 2019, dos meses antes de la tercera edición del curso, Cuba participó en la X Conferencia Internacional Conmemorativa sobre Ejecución de Sentencias, la cual tiene sede en Rusia y es convocada y organizada por el Servicio Federal de Aguaciles de ese país. El año anterior, Cuba también había sido representada en este evento, volviéndose el primer país de Latinoamérica en hacerlo. La delegación cubana estuvo integrada por Yomays Olivarez Gaínza (magistrado de la Sala de lo Civil y lo Administrativo del TSP) y Farah Saucedo Pérez (vicepresidenta y miembro del Consejo de Gobierno del TSP). Uno de los aspectos más significativos del encuentro fue la presencia como invitado de Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Saab es una figura de alto rango dentro de la élite del chavismo, que ha sido sancionado por la UE y los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Suiza y Colombia. Además, en 2018, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) le acusó de no investigar las acusaciones contra efectivos de las fuerzas militares y policiales de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

Las restantes dos ediciones del curso ocurrieron en octubre y noviembre de 2019 y 2021 respectivamente. Además de las clases y el intercambio con funcionarios de las instituciones jurídicas rusas, los jueces cubanos visitaron monumentos y “lugares históricos”. Uno de ellos fue el mausoleo a Lenin, donde todos saludaron la tumba del líder soviético a la manera militar.

Jueces cubanos en

Jueces cubanos en Rusia.

YucaByte pudo identificar a varios de los jueces participantes en estos cuatro cursos. Algunos de ellos son responsables directos de condenas a manifestantes del 11J y a activistas y periodistas independientes. Algunos, incluso, estuvieron involucrados en las largas condenas de prisión aplicadas al llamado Grupo de los 75, durante la Primavera Negra cubana. El Grupo de los 75 lo formaron decenas de opositores y periodistas independientes catalogados como prisioneros de conciencia luego de ser arrestados en la primavera de 2003.

La lista de participantes en los cursos está también compuesta por funcionarios del TSP y presidentes de salas y tribunales provinciales y municipales que no actúan directamente en los procesos judiciales. Sin embargo, ello no significa que estén exentos de responsabilidad.

Según la jurista Laritza Diversent, directora del centro de asesoría legal Cubalex e integrante del colectivo Justicia 11J, la responsabilidad de estos funcionarios con las arbitrariedades cometidas en los procesos judiciales contra los manifestantes pacíficos del pasado 11 de julio y en otros casos de índole político se explica desde la llamada “cadena de mando”.

¿Qué pasa con la cadena de mando, o sea, con los presidentes de sala, con los presidentes de tribunales, con la escala jerárquica judicial? Pues que ellos tienen funciones de dirección, inspección y supervisión sobre la actividad judicial ejercida por los tribunales inferiores y los jueces que están bajo su mando. Saben, por ejemplo, que sus subordinados están recibiendo casos de la Fiscalía donde no se han respetado las garantías del debido proceso y no hacen absolutamente nada. Por eso tienen responsabilidad en las condenas contra los manifestantes del 11J y otros presos políticos. – explicó Diversent a YucaByte.

La jurista señaló que la responsabilidad de estos funcionarios en los procesos antes mencionados también está en no haber usado sus facultades para llevar a la justicia a policías y militares que extremaron la aplicación de la violencia, incluso mediante armas, contra los manifestantes.

Esos funcionarios garantizan la impunidad de los represores. Al ser los tribunales parte del Estado, ellos tienen la obligación de poner en conocimiento de las entidades facultadas de ese uso excesivo de la violencia y no cumplen con ello. Tampoco pueden alegar que ignoran lo que hacen los jueces bajo su supervisión, porque hay medios de prensa, declaraciones de afectados y otras pruebas que ilustran todo lo que ha pasado durante y después de las protestas. Además, repito, su función es la de supervisar. – comentó.

A decir de la directora de Cubalex, la actitud de estos funcionarios del sistema judicial cubano se debe, en primera instancia, a “sesgos políticos e ideológicos”. Dichos sesgos, generalmente, son asegurados por el régimen al integrar a los magistrados a las filas del Partido Comunista de Cuba (PCC).

A la mayoría de los jueces en el país, incluso a los que recién comienzan a ejercer este cargo, les hacen todo el proceso de crecimiento para ingresar al PCC. O sea, casi todos los jueces pertenecen al PCC. Eso hace, desde un punto de vista político, que no sean independientes. Basta recordar que el propio Miguel Díaz-Canel reconoció que en Cuba hay un “poder único”, que no hay tripartición de poderes, que el poder judicial se debe al poder político. -dijo Diversent.

Cronología reciente de las “relaciones jurídicas” Cuba-Rusia

En Rusia, país que da lecciones jurídicas a los magistrados cubanos, casi todas las instituciones del Estado se subordinan al mando del presidente Vladimir Putin. Al igual que Cuba, el país eslavo no respeta realmente el concepto de tripartición de poderes, lo cual demuestra el hecho de que mantenga a presos políticos por oponerse pacíficamente a las directrices del Kremlin. 

El caso más reciente y mediático de represión por motivos políticos es el de Alexéi Navalni, líder de la oposición rusa. Navalni sobrevivió a un intento de envenenamiento que los servicios de  inteligencia de países occidentales atribuyen al Kremlin. Luego, a inicios de 2021, fue arrestado. Sus principales aliados terminaron exiliados o cumplen condenas de prisión. Desde la cárcel, el opositor ha denunciado la falta de tratamiento médico a los reos y el uso de torturas como la privación del sueño. Actualmente, el régimen ruso acusa a Navalni de ser agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de desacato a los tribunales y atentado contra los derechos humanos de los ciudadanos. Cualquier parecido con la situación de los presos políticos cubanos puede que no sea pura coincidencia.

Para ilustrar el contexto en el cual se desarrollaron los cursos de formación y capacitación de jueces cubanos en Rusia, y para resumir los vínculos entre las entidades judiciales de ambos países durante la última década, YucaByte presenta la siguiente cronología:

2011: El (entonces) fiscal general de la República de Cuba, Darío Delgado Cura, visita a su homóloga rusa y a representantes de otras instituciones judiciales y jurídico-militares para lograr “acuerdos de cooperación” en materia de lucha contra el terrorismo.

2012: El TSP y el Tribunal Supremo de la Federación Rusa firman un convenio de cooperación en temas vinculados a “la práctica de la jurisprudencia y su perfeccionamiento”, así como al “intercambio de experiencias para pleno disfrute de los derechos ciudadanos”.

2013: Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, viaja a Rusia para entrevistarse con su homólogo, Vyacheslav M. Lebedev, y con otros altos funcionarios del sistema de justicia ruso. Según una nota del diario oficialista Juventud Rebelde, “un fructífero intercambio de experiencias y el análisis de posibles campos de cooperación entre las dos instituciones prevalecieron en el diálogo de los jefes judiciales”.

2014: El fiscal general de Rusia, Yuri Chaika, viaja a Cuba para concretar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía General de la República de Cuba. Ese año, Cuba arresta y extradita a Moscú a Maxim Martsinkevich, quien fue detenido en Santiago de Cuba solo horas después de que Rusia pidiera internacionalmente su captura. Maxim, un nacionalsocialista radical ruso, es conocido por organizar y protagonizar actos violentos contra homosexuales y migrantes. Seis años después amanecerá muerto en su celda, en Rusia. La versión oficial del Kremlin hablará de un suicidio, pero varios medios de prensa, así como sus familiares y su abogado, lo negarán. En la celda encontrarán una nota suicida, y también uñas arrancadas en los dedos de los pies de Maxim y varias heridas y sangre. La noche del supuesto suicidio, las cámaras de vigilancia de la prisión dejarán de funcionar.

2016: Lebedev visita La Habana al frente de la delegación rusa participante en el VIII Encuentro Internacional Justicia y Derecho. En el evento, dice estar interesado en un “intercambio más estrecho” con los tribunales cubanos. Ese mismo año, Emilio Lozada, embajador de la Isla en Moscú, recibe al rector de la Universidad Estatal Rusa de Justicia, Valentín Yershov. Este último se muestra interesado en dar cursos de capacitación a los jueces cubanos.

También en 2016, Rubén Remigio participa en el IX Foro Jurídico Internacional Asia-Pacífico, dedicado al “perfeccionamiento del clima legislativo para el desarrollo económico y de la inversión extranjera”. En su intervención, Remigio alude ante los presentes a la necesidad de Cuba de atraer inversores extranjeros y de las garantías que ofrece a estos. Entre los países participantes, Cuba es el único que no pertenece a Asia ni tiene costas al Pacífico.

2018: Lebedev recibe al embajador cubano en Rusia para hablar, entre otras cosas, de la continuidad de los cursos de superación para jueces de la Isla.

2019: Lebedev regresa a La Habana y se reúne con Remigio y con Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado de Cuba. Una nota del TSP resume el encuentro de la siguiente forma: “El intercambio sostenido estuvo centrado en las experiencias de ambas partes, en aras de la mejora continua en la impartición de justicia; las estructuras y funciones de los órganos judiciales y se coincidió en que, a pesar de la distancia geográfica, hay muchos puntos de vista comunes de cara a los procesos y las transformaciones estructurales que se van sucediendo.” Remigio dice a Lebedev que los Tribunales Supremos de Cuba y Rusia son reconocidos por “ser ejemplo de buenas prácticas judiciales”.

Cuba, Rusia y el 11J

Tras las protestas del pasado 11 de julio en Cuba, el Gobierno ruso no ha hecho más que acercarse al régimen cubano, incluso para opinar sobre dichas protestas. La estrechez de estos “vínculos políticos” quedó demostrada en las declaraciones del viceministro de Exteriores ruso, a inicios de 2022, sobre un posible despliegue militar de su país en la Isla.

Pocos días después de que fueran reprimidos de manera violenta los manifestantes del 11J, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, “instó” al Gobierno de Miguel Díaz- Canel a tomar “las medidas necesarias”, dentro del marco legal de Cuba, para calmar las protestas. El régimen cubano, haciendo uso de leyes arbitrarias, desde entonces ha mantenido en prisión o sancionado con largas y ejemplarizantes penas de cárcel a más de 700 personas que aquel día salieron a las calles a exigir “libertad”.

Zajarova, además, dijo también que Moscú observaba “atentamente el desarrollo de la situación en Cuba y alrededor de ella”, y que el Kremlin consideraría inadmisible cualquier injerencia extranjera en los asuntos cubanos o cualquier acción “que incentive la desestabilización de la situación en la Isla”. Para entonces, el Gobierno de Estados Unidos había declarado públicamente su intención de trabajar en aras de facilitar internet libre y sin censura a los cubanos.

Dos semanas después del 11J, el Gobierno ruso envió a Cuba 88 toneladas de “ayuda humanitaria”, la cual consistía en alimentos y cerca de 1 millón de nasobucos para combatir la pandemia de la Covid-19.

En agosto de 2021, Vladimir Putin mantuvo una conversación telefónica con Miguel Díaz-Canel. La escueta nota que al respecto divulgó el Ministerio de Exteriores ruso reveló que el eje del diálogo fue “el carácter estratégico de la asociación ruso-cubana, basada en antiguas tradiciones de amistad y apoyo mutuo”. Apenas un mes más tarde, el canciller ruso, Seguey Lavrov, se reunió con su homólogo cubano para, según Moscú, hablar de la “asociación estratégica bilateral” entre ambos países y de colaboraciones “en áreas de alta prioridad”. Ninguna de las partes detalló las conversaciones.

En enero de 2022, usuarios cubanos de Twitter difundieron imágenes que parecían advertir que el regreso de Cuba a la órbita rusa viene de antes. Las fotos correspondían a abril de 2019 y mostraban varios camiones marca KamAZ entregados a Cuba. Usuarios que sufrieron detenciones violentas durante las protestas del 11J aseguraron haber sido trasladados a prisión en vehículos similares.

Los camiones, en efecto, fueron donados al Ministerio del Interior (MININT) por el servicio penitenciario de Rusia. Al menos de manera oficial, se trataba de cinco vehículos para transportar reos, fabricados por presos condenados en una cárcel de la región de Bashkiria. Junto con los KamAZ, el MININT recibió pastores alemanes entrenados por la Policía rusa. Este regalo solo complementó el crédito de 38 millones de euros que el Kremlin había dado al régimen cubano dos meses antes para ser invertidos en el “sector de la defensa”. 

El 24 de enero del presente año, en medio de la escalada de amenazas y movimientos militares entre Rusia, la UE y Estados Unidos, Miguel Díaz-Canel dijo haber mantenido una conversación telefónica con Vladimir Putin. Aunque reconoció que el diálogo versó las relaciones bilaterales Cuba-Rusia y la “actual situación internacional”, no hizo alusión alguna a las intenciones declaradas del Kremlin de desplegar fuerzas militares en la Isla de ser necesario. 

Apenas un día después, la Embajada de Rusia en Cuba divulgó la entrega de 83 toneladas de ayuda humanitaria -supuestamente medicamentos, trajes de protección multiusos y jeringuillas de inyección- a la Isla, las cuales fueron trasladadas en cinco aviones desde el pasado 31 de diciembre. 

También el 25 de enero, la Fiscalía General de la República de Cuba reconoció que se mantienen en prisión o sometidas a otras condenas unas 790 por participar en las protestas del 11J. La Fiscalía intentó justificar sanciones a 27 menores de 16 años, y la prisión provisional de 28 jóvenes entre los 16 y 18 años de edad. También defendió la imposición de largas condenas de cárcel por el delito de sedición, aunque hizo silencio respecto a las violaciones del debido proceso y a los actos de violencia ejercidos por las fuerzas represoras del Gobierno, ambas cosas condenadas por organizaciones de la sociedad civil independiente cubana. 

 

Jueces que participaron en entrenamientos en Rusia

 
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