En Cuba hay niños que son presos políticos

Ilustración: Julio Llópiz-Casal.


En Cuba hay presos políticos. Sí que los hay, de a cientos,  y al menos 14 de ellos son menores de edad. El gobierno podrá negarlo, pero esos chicos existen y están privados de su libertad. Esos chicos tienen nombres y apellidos, y padres y hermanos y abuelos, y un centro de estudios, y amigos, y tal vez parejas. Deténgase un momento a pensarlo. Mientras usted lee estas palabras, Leosbany, Rubén, Brayan, William, Alexander, Brandon, Jonathan, Kendry, Lázaro, Nelson, Rowland, Yanquier, Yerman y Emiyoslan, todos menores de 18 años, están detenidos desde hace meses. Mientras usted lee desde la comodidad de su casa o en la calle, estos adolescentes están presos por participar en
las protestas pacíficas del pasado 11 de julio. Presos por salir a las calles a pedir “Libertad”.

Niños y adolescentes detenidos en Cuba luego de las protestas del 11 de julio  (29 de noviembre de 2021). Información recopilada por Justicia 11J y Cubalex

 

En Cuba hay niños que son presos políticos, y desde el pasado 19 de noviembre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), parece estar enterado de ello. UNICEF pidió a las autoridades cubanas información sobre estos casos, y divulgó dicha petición en su cuenta en la red social Twitter. Además, mencionó sutilmente una de las “observaciones” que desde hace años realiza el Comité de los Derechos del Niño (CRC) al gobierno cubano: la necesidad de elevar la edad de responsabilidad penal, que en la Isla son los 16 años.

El pronunciamiento de la UNICEF es el resultado de una campaña desplegada por la sociedad civil cubana independiente para visibilizar los casos de los menores de edad presos por motivos políticos. Dicha campaña es desarrollada por activistas, artistas, periodistas independientes, en su inmensa mayoría mujeres. Su eslogan más visible, aquel que convirtieron en tendencia en Twitter, es el hashtag #LibertadParaLosNiñosDel11J.  

El activismo se muda a Twitter

No es un secreto que las protestas del 11J fueron precedidas por una tensa situación económica y sanitaria. La escasez de productos de primera necesidad, frecuentes apagones eléctricos y un depauperado sistema de salud fueron algunos elementos característicos de esta crisis, la cual coincidió con la elevación de las tasas de contagios y muertes por la Covid-19. Ante la intención del gobierno de minimizar u omitir la realidad cubana, la sociedad civil independiente decidió visibilizar la crisis en las redes sociales mediante el hashtag #SOSCuba.

El hashtag no tardó en volverse tendencia en Twitter y otras redes sociales, sobre todo desde que fuera replicado por varios artistas de talla internacional como J Balvin, Julieta Venegas, Daddy Yankee, Ricardo Montaner, Natti Natasha, Ricky Martin, Eros Ramazzotti, Keny García, Marc Anthony y Ozuna. 

El gobierno cubano, mediante sus medios de propaganda, no tardó en intentar desacreditar el alcance de la campaña, aludiendo a un supuesto uso de bots (programa informático que efectúa automáticamente tareas reiterativas en internet a través de una cadena de comandos o funciones autónomas previas). Los bots, según la versión oficial del gobierno, replicaron el hashtag haciéndose pasar por usuarios reales. Además, cuestionó el hecho de que #SOSCuba comenzara a difundirse desde perfiles en España, sin tener en cuenta que en este país vive buena parte del exilio cubano. Finalmente, expuso que uno de los referentes de la campaña en redes sociales fue Agustín Antonetti, miembro de una organización argentina sin fines de lucro pero de incidencia política de corte liberal y de “derecha” llamada Fundación Libertad.

Para la propaganda del régimen, esta era la “perversa” historia detrás del #SOSCuba. Sin embargo, ni siquiera contempló la idea de que las muestras de solidaridad y el alcance en redes sociales de los artistas internacionales que compartieron el hashtag pudieran haber ayudado a visibilizar la situación real del país. J Balvin, por ejemplo, cuenta con más de 10.1 millones de seguidores en Twitter, mientras Daddy Yankee, por citar otro, tiene más de 15 millones.

El 13 de noviembre, dos días antes de la fecha para la cual la plataforma Archipiélago convocó a la Marcha Cívica por el Cambio, el gobierno divulgó nuevamente la idea de que los criterios en su contra publicados en redes sociales eran producto de bots. Incluso la cuenta en Twitter de la Presidencia de Cuba se hizo eco de esta versión al decir que los bots en esta red social intentaban crear una “falsa realidad”.

#LibertadParaLosNiñosDel11J, que cada vez gana más visibilidad en Twitter, podría no escapar a las historias de conspiraciones del gobierno cubano. Es por ello que YucaByte, en colaboración con el Observatorio Digital Probox (Venezuela), se dio a la tarea de analizar los datos detrás de este hashtag. Probox, nacido como tal en 2019, es un observatorio que analiza información en Twitter para conocer del impacto social real de las publicaciones en esta red social en Venezuela, así como la organicidad de las llamadas tendencias. El proyecto nació a partir de la censura y el cierre masivo de medios de comunicación tradicionales en Venezuela, lo cual provocó que las redes sociales, en especial Twitter, se convirtieran en “una fuente de información y una ventana de expresión para los ciudadanos y la protesta digital”.

Según el informe realizado por Probox a petición de YucaByte, la tendencia #LibertadParaLosNiñosDel11J se posicionó en Twitter el pasado 21 de noviembre. El estudio registró ese día 14.000 tuits con la etiqueta, de los cuales solo un 2% habían sido emitidos por bots. “#LibertadParaLosNiñosDel11J se trató de una tendencia con muy poco contenido inorgánico, es decir, producido por usuarios bot”, concluye el informe.

Los datos analizados revelaron que la etiqueta tuvo su origen en un tuit realizado desde España, pero perteneciente al perfil de la artista y activista cubana de 30 años Salomé García Bacallao. La publicación, realizada el 20 de noviembre de 2021, refiere a los métodos de represión ejercidos sobre Yudinela Castro, quien fue sitiada por la policía política los días 14 y 15 de noviembre para evitar que exigiera la liberación de su hijo incorporándose a la Marcha Cívica por el Cambio. Yudinela es la madre de Rowland Jesús Castillo Castro, de 17 años, preso desde el pasado 16 de julio y acusado de sedición, por lo cual la Fiscalía le pide una sanción de 23 años de privación de libertad.  

Deténgase otra vez, e intente digerir esto: mientras yo escribo y usted lee, Rowland, un adolescente cubano, cumple una sanción mayor que los años de vida que tiene por pedirle pacíficamente “Libertad” a un régimen autoritario.

La historia detrás del hashtag

La historia detrás del hashtag #LibertadParaLosNiñosDel11J comenzó el pasado 11 de julio con una lista de Excel de solo 20 casillas que, en cuestión de semanas, pasó a tener cientos. En cada casilla el nombre de uno de los detenidos en las protestas pacíficas del llamado 11J. Durante los siguientes días, la policía política cubana continuó enviando a prisión a los manifestantes que no pudo arrestar aquella tarde en las calles del país, y la lista, por supuesto, continuó aumentando. Actualmente, muchos han sido excarcelados -buena parte de ellos con sanciones como prisión domiciliaria- luego de recibir golpes y vejaciones de todo tipo. Otros, incluyendo a 14 menores de edad, continúan presos.

 Realmente, esta historia no comienza aquí, o eso cuenta Salomé García, impulsora del #LibertadParaLosNiñosDel11J y una de las activistas detrás de esta lista.

Nosotras empezamos a trabajar el mismo 11 de julio. Pero antes habíamos hecho listados parecidos, como el 27 de enero [fecha en que se realizó una protesta pacífica frente a la sede del Ministerio de Cultura], cuando secuestraron a los que protestaron. O sea, se ha vuelto un hábito, y no debiera serlo, hacer listados cada vez que hay un evento donde gente es detenida por reclamar libertad. Tras el 11 de julio, cuando vimos que la lista comenzaba a superar las 100 personas, decidimos crear un grupo en Facebook que se llama DESAPARECIDOS #SOSCuba. Ahí le pedimos a la gente que compartiera sus denuncias para replicarlas. A través de dichas denuncias fuimos conformando nuestro listado y después, poco a poco, iniciamos un trabajo de verificación y seguimiento.declaró Salomé para este reportaje.

Quienes confeccionaron la lista, en principio, manejaron información básica. El Excel no contaba entonces con datos como la edad, el género, la profesión, la situación de vulnerabilidad, el color de la piel, el número de identidad, las condiciones en que se daba el encarcelamiento o la liberación. Hoy cuenta con 27 categorías, es de carácter público y se actualiza en vivo. Con el tiempo, citaron varias fuentes para este trabajo, los datos servirán para generar cortes, informes y estadísticas. Todo aquel que quiera conocer sobre la situación de los presos políticos en Cuba en tiempo real puede encontrarla en la lista.

Pero qué nombres están detrás esta lista. ¿Quiénes son las personas que durante meses han dedicado buena parte de su tiempo a encontrar a esos presos políticos que el gobierno busca disfrazar de presos comunes? ¿Cómo son? ¿A qué otras cosas se dedican?

La inmensa mayoría, por no decir todas, son mujeres. Juntas, unas desde la Isla y otras desde diversos confines del planeta, conforman una suerte de equipo multidisciplinario que nació en la medida en que sintieron la necesidad de visibilizar la causa de la liberación de los presos políticos. Entre ellas están, por ejemplo, Laritza Diversent, directora del centro de asesoría legal Cubalex, la artista Salomé García Bacallao, las periodistas María Matienzo, Cynthia de la Cantera, Darcy Borrero e Ivette Leyva Martínez, la escritora Eilyn Lombard, la filóloga Camila Rodríguez, la activista Kirenia Yalit. Son más. Algunas, incluso, trabajan desde el anonimato.

Activista Salomé García Bacallao. Foto: Tomada de Facebook.

La credibilidad del listado se sustenta en un exhaustivo proceso de verificación que no pocas veces resulta casi imposible de realizar, pues depende de la obtención de documentos legales sobre los detenidos (autos o expedientes de fase preparatoria de la Fiscalía, por ejemplo) y de la colaboración de los familiares. También la exigencia de ser transparentes ha traído “un poco de conflicto” a estas periodistas y activistas, pues su tarea implica sopesar los riesgos de publicar información personal, así como ser responsables del estigma social que pudiera caer sobre los detenidos.

Otros obstáculos, según García Bacallao, están relacionados con el mal trabajo de la defensa de los presos, algo natural en un país cuyas instituciones y organismos jurídicos no son independientes del poder político.

Los mismos abogados que están representando a las personas no han llevado con responsabilidad ese trabajo. Y no hablo ya de los casos en que los abogados ni siquiera han hecho su trabajo, que los hay. Hablo, por ejemplo, de cuando recibimos los expedientes de los acusados de sedición y encontramos que había menores de edad. Hay 11 menores de edad acusados de sedición, y había madres que no habían recibido esta información, que no habían tenido acceso a esos expedientes.– relató.

Detenga nuevamente la lectura y sigamos la lógica que hemos mantenido. Imagínese que su hijo o hija, su hermano o hermana pequeña, está en prisión por ejercer de manera pacífica su derecho a expresarse libremente, por pedir derechos para todos. Imagine que a esa persona la condenan a 10 o 20 años de prisión y a usted no se lo informan; que el abogado defensor prefiera no esforzarse demasiado para no “buscarse problemas” o porque cree que, da igual cuánto haga, su familiar está sujeto a los designios un sistema arbitrario. Imagine por un instante que usted ni siquiera tiene el derecho a protestar ante semejante injusticia y que la policía política le exija quedarse de brazos cruzados y cerrar la boca. Finalmente, imagine que enciende su televisor o lee la prensa nacional y se encuentra con un funcionario o un periodista que afirma que en su país no hay presos políticos ni menores de edad encarcelados.

 ¿Ya lo hizo?

 ¿Qué sintió?

Cuba, la niñez y lo que podemos hacer

La presión internacional, en el contexto cubano, es una de las alternativas más viables para lograr la liberación de los menores de edad detenidos. Si hacia algún lugar deben ir enfocados los esfuerzos de la sociedad civil para conseguirlo, es a los altos organismos internacionales relacionados con estos asuntos, específicamente a la UNICEF y al CRC. Sin embargo, primero es necesario comprender cómo hacerlo, explica la jurista y directora de Cubalex, Laritza Diversent.

En el examen al que se sometió el Estado cubano ante el CRC en 2011, le fueron hechas ciertas observaciones en base a problemas con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en el país. Una de las cuestiones señaladas fue que en la Isla no se tomaban suficientes medidas para velar porque los adolescentes de entre 16 y 18 años fueran tratados como niños y no como adultos en el sistema de justicia penal. Además, el CRC hizo especial énfasis en la obligación del Estado cubano de respetar la independencia de la sociedad civil y sus organizaciones para que estas pudieran “elaborar y formular sus propias opiniones” sobre cómo aplicar la Convención.

En 2015, los expertos del CRC volvieron a mirar hacia Cuba. Esta vez pidieron al Estado cubano que redefiniera la edad de responsabilidad de penal y que tomara medidas para que el desarrollo de la industria hotelera no fomentara el turismo sexual infantil. También se mostraron preocupados por el hecho de que los menores de edad en la Isla deban, de forma obligatoria, inscribirse en el Servicio Militar. Además, pidieron información a las autoridades cubanas sobre las escuelas militares “Camilo Cienfuegos” y sobre los avances en la independencia de la sociedad civil. Finalmente, le recordaron al Estado su no ratificación del Estatuto de Roma, el cual establece la constitución de una Corte Penal Internacional de carácter permanente con facultades para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra y de agresión. La parte cubana contestó a estas observaciones diciendo que las organizaciones de la sociedad civil tienen independencia y potestad para “recibir, tramitar y responder cualquier tipo de denuncia individual” de violaciones de los derechos de las niñas y niños; y que en las escuelas militares se enseñaban materias como “derecho internacional humanitario”, por lo que los alumnos no eran tratados como militares ni tenían contacto alguno con armas de fuego.

Aunque la respuesta del Estado cubano estuvo plagada de falsedades poco o nada pudo hacer la CRC, cuyo papel se limita a realizar observaciones y recomendaciones públicas. Sin embargo, la activación de estos mecanismos burocráticos pudiera ser efectiva para ejercer presión sobre el régimen en materia de respeto a la Convención. Para hablar sobre cómo lograrlo y qué otras acciones puede desarrollar la sociedad civil independiente en pos de la liberación de los menores de edad presos por motivos políticos, Laritza Diversent aceptó ser entrevistada en este reportaje. A continuación, una trascripción de dicha entrevista:

 

Laritza Diversent

Abogada Laritza Diversent. Foto: Geneva Summit.

Periodista: Laritza, ¿cómo funcionan los mecanismos que involucran al CRC y al Estado cubano?

Laritza Diversent: La verdad es que hay muy pocos mecanismos a nivel internacional para presionar al gobierno. Cuba es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, y esta Convención creó el CRC, que se encarga de velar por su cumplimiento en los países que la han ratificado. Eso significa que el CRC revisa los informes que le hace el Estado, decide si se está cumpliendo y emite observaciones para que el Estado aplique los artículos de la Convención a nivel interno, o sea, en sus leyes internas.  

P: ¿Cumple Cuba con la Convención y las observaciones del CRC?

LD: No. En Cuba no se siguen los sistemas para prevenir la delincuencia juvenil y para proteger a los menores de edad cuando entran en conflicto con las leyes penales. Estos sistemas exigen que a los niños y niñas no se les someta a procesos judiciales, y en Cuba se cumple con los menores de 15 años. Sin embargo, sí se les somete a internamiento, que es una manera de privación de libertad. Además, esos menores son supervisados y educados por militares del Ministerio del Interior, lo cual tampoco es correcto. En cualquier caso, deberían ser acogidos por personal especializado, multidisciplinario y capacitado para tratar con menores de edad. Eso no pasa. Sobre los menores con edades entre los 16 y los 18 años, que tienen la responsabilidad penal mínima según la legislación interna, el CRC dice que no dejan de ser menores y que hay que aplicarles los mismos estándares que a los que están por debajo de la edad mínima. Esto tampoco pasa, como hemos visto.

P: ¿Y cómo podría denunciarse esto ante organismos internacionales?

LD: Sucede no contamos con los mecanismos para eso. Lo explico mejor. El Estado cubano no colabora con la aceptación de procedimientos de comunicaciones individuales y de investigación de los órganos de tratados. No les reconoce jurisdicción en el país y se retrasa con los informes que presenta. Además, las denuncias internacionales se hacen cuando se han agotado las vías judiciales internas. Por tanto, las denuncias ante estos órganos de tratados son una vía problemática para nosotros y lo será hasta tanto a nivel interno no funcionen realmente los recursos y el sistema judicial en general. Ya lo dijo el propio Díaz-Canel: en Cuba hay un poder único, no existe independencia del poder judicial y, por tanto, este último se somete a los designios del poder político. Y ese poder político es quien criminaliza protesta. Estos menores de edad lo que hicieron fue protestar de manera pacífica, lo cual es un derecho constitucional. No debieron estar en ningún momento privados de la libertad y es inadmisible que a día de hoy, cuatro meses después, todavía 14 de ellos se encuentren en esa situación.

P: Pareciera que, como sociedad civil, estamos en un callejón sin salida. Entonces ¿es útil seguir visibilizando este problema mediante campañas, como la que se realiza en redes sociales?

LD: Sí, es muy importante visibilizar esto en redes sociales. Y también en la prensa independiente, que juega un papel fundamental porque sensibiliza y concientiza sobre la situación de estos menores. Sin embargo, no es suficiente. La sociedad civil debe activarse.

P: ¿A qué se refiere con esto último?

LD: Si la memoria no me falla ahora, a inicios de 2022 Cuba va a ser examinada por el CRC y esa es una oportunidad para que la sociedad civil participe. Lo que digo es que es importantísimo que las organizaciones de la sociedad civil participen en este proceso, que se caracteriza por la participación de organizaciones que responden al Estado y dicen que los derechos de los menores se respetan, invisibilizando la realidad. Es importante que no solo desde las redes sociales y los medios independientes se hable de esto, sino que las organizaciones de la sociedad civil se unan en coalición y elaboren y presenten un informe sobre la situación de los menores y de la justicia para ellos en Cuba. Esto es fundamental, porque hablamos del futuro del país.

P: ¿Qué labores está realizando Cubalex por la liberación de estos menores?

LD: Nosotros estamos atendiendo casos puntuales. Y hay otras organizaciones que también están trabajando sobre este tema. Ahora, nosotros nos abstenemos de actuar en cuanto a elevar denuncias a nivel internacional, pues que intervengan dos organizaciones puede resultar contraproducente para el desarrollo de este caso, y esos procedimientos son muy burocráticos y demoran. Eso no se resolverá de hoy a mañana. Incluso, los organismos internacionales pueden demorar hasta un año en dar una solución a los casos o en enviar la comunicación al Estado cubano, solicitando una explicación sobre los casos individuales de estos menores.  

Nosotros trabajamos, sobre todo, en informes temáticos sobre la situación de los niños en Cuba. Ya desde antes nos ocupamos de este tema, sobre todo en lo que concierne a los hijos de los activistas. Después del 11J, con todo lo sucedido con la administración de la justicia en el país, hemos estado trabajando en un informe al respecto. Nos centramos ahora en informar a organismos de derechos humanos y en encontrar la manera de participar en el proceso de examen del Estado cubano ante el CRC. Repito, eso lo hacemos a través de un informe. No creo que podamos participar de forma presencial, pues todavía no están claros los mecanismos que puedan activarse para la participación de la sociedad civil debido al tema de la pandemia. Entonces eso es lo que hacemos: tratar de participar, de hacer incidencia sobre estos órganos que tienen la capacidad de enviar comunicaciones que el Estado estaría obligado a responder. Además, visibilizamos los casos a través de las redes sociales y asistimos a los familiares. Pero recordemos que Cubalex es solo una organización y que debieran otras dentro de Cuba participar o hacer un esfuerzo por interesarse en los procedimientos internacionales de denuncia, buscando, al menos, si no justicia -que será difícil porque la justicia se debe garantizar a nivel interno-, sí llamar la atención y lograr la condena de la comunidad internacional a estos hechos.

P: Laritza, a partir de tu experiencia como jurista ¿cuáles son las posibles consecuencias para estos adolescentes presos de su situación actual?

LD: La principal consecuencia de estar sometido a este tipo de procedimientos penales y a la privación de la libertad, es el estigma que pesará en el futuro de esas personas. Quizás habría que ver los resultados de la reeducación de esos menores a manos de militares. En mi experiencia, por el tiempo que llevo trabajando con personas privadas de la libertad, puedo decir que no son buenos resultados. La mayoría de los menores que pasan, por ejemplo, por las escuelas de conducta, terminan privados de libertad a los 18 años y tienen que sobrevivir en un ambiente carcelario hostil con adultos, y exponerse a violencias de todo tipo. Luego, es difícil  que un adolescente que ha vivido en este ambiente pueda reinsertarse en la sociedad. Las experiencias violentas suelen ayudar a la formación de una persona violenta. Estamos hablando de gente que desde joven acumula años en prisión y después le cuesta adaptarse. Yo he leído cartas de reclusos que entraron al sistema de las llamadas “escuelas de conducta” a los 15 años y actualmente están privados de la libertad y no tienen familia, otros no conocen qué es una playa, no saben qué es vivir en libertad. Y lo cierto es que mucha gente no mira a las prisiones. A la gente no le importa lo que pasa con los presos dado que piensan que, si están ahí, es porque algo malo hicieron. Y sí, puede que hayan hecho algo malo, pero no solemos ir a la raíz del problema. Estas personas son víctimas de un sistema que, en vez de favorecer su reinserción social como menores, lo que hace es agravar sus situaciones y convertirlos en delincuentes.

De los menores que están privados de la libertad hemos recibido información de que están deprimidos. Algunos están enfrentando 10 y 15 años de prisión sin haber tenido nunca problemas con la justicia, y ahora perderán una parte importante en el desarrollo de sus vidas en un ambiente hostil, desde donde difícilmente podrán aportar a la sociedad y reinsertarse luego. Esa es la verdad sobre este tema. Una realidad dura y triste.

Pare otra vez la lectura. Si ha llegado hasta aquí, ya debe saber toda la tragedia que envuelve al hecho de que un menor de edad esté preso. Esta vez no imagine nada. Solo pregúntese ¿qué puedo hacer? Y hágalo.

Menores de edad que permanecen detenidos en Cuba luego de las protestas del 11 de julio (29 de noviembre de 2021). Información recopilada por Justicia 11J y Cubalex
Contralmirante de un bote solitario que teme a los aviones, periodista accidentado, fumador de cuanto combustione, bebedor de mercurio, enamorado de los mitos y de todo aquello que termine en un “Basado en hechos reales”.
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