Cubanos conectados a una red Wi-Fi en un parque a través de sus dispositivos móviles

¿Por qué Cuba es de los países con menor libertad en Internet? (Parte II y final)

En el último año Cuba experimentó una mejoría relativa en los precios de los servicios de Internet y la infraestructura de las telecomunicaciones. Sin embargo, en la Isla han aumentado las violaciones a los derechos de los usuarios, ahora reforzadas por un grupo de nuevas regulaciones que dan carácter legal a estas arbitrariedades.

El pasado 31 de mayo terminó el período de observación escogido por Freedom House para elaborar su informe anual sobre libertad en Internet. El texto se publicará en noviembre de 2020, según informó Michael Abramowitz, presidente de dicha organización no gubernamental. 

En el informe Freedom on the Net de 2019, Cuba ocupó el lugar 62 entre 65 países, solo por delante de Siria, Irán y China. De un total de 100 puntos, la Isla obtuvo 22, lo cual la ubicó dentro de la categoría de “No libre”, igual que en los tres años anteriores en los que recibió consecutivamente una evaluación de 21 puntos.

En esta segunda nota YucaByte analiza algunos acontecimientos ocurridos en Cuba entre junio de 2019 y mayo de 2020 que podrían incidir en la evaluación del país en el informe de este año.   

Freedom on the Net se elabora a partir de la información proporcionada por una red de colaboradores (académicos, comunicadores, activistas) en los países estudiados. Analiza la libertad en Internet a partir de tres indicadores: obstáculos al acceso, limitaciones a los contenidos y violaciones de los derechos de los usuarios. Mientras más alto sea el puntaje alcanzado, más libertad en Internet existe en el país.

El informe identifica amenazas a las libertades en línea y oportunidades para cambios positivos, bajo la premisa de que en la red deben respetarse los mismos derechos que en el mundo offline

Proyecciones para el reporte de 2020

Según comentó a YucaByte Amy Slipowitz, jefa de Investigaciones en Freedom House, el informe de 2020 no tendrá cambios significativos en la metodología de estudio. Continuará cubriendo 65 países, incluida Cuba. 

Un análisis de algunos de los acontecimientos ocurridos en la Isla entre el 1ro de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020 sugiere que no habrá mejorías en la calificación del país en la próxima edición de Freedom on the Net

Obstáculos al acceso

Este es el indicador en el cual Cuba pudiera experimentar un crecimiento relativo, aunque no está exento de retrocesos.  

En el último año, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) aumentó su red LTE con la instalación de radiobases en varias regiones del país, lo cual ha significado una mejoría en las velocidades de conexión. No obstante, aún persisten zonas de silencio, se mantienen las quejas de los usuarios por interrupciones en los servicios de voz y datos y por deficiencias en las prestaciones.  


 


 

También en este período Etecsa rebajó los precios de las tres formas principales de conexión que ofrece: datos móviles, wifi y Nauta Hogar. (Recientemente la compañía anunció, sin dar muchos detalles, una nueva oferta para mediados de junio). 

Sin embargo, todavía estos precios continúan muy alejados de las posibilidades económicas de la mayoría de los cubanos. La inexistencia de tarifas planas impide que los usuarios puedan tener una experiencia de conexión a tiempo completo. 

Una muestra de las inconformidades con los costos del servicio es la persistencia durante un año de la campaña #BajenLosPreciosDeInternet en Twitter, iniciada en junio de 2019. 

 


A finales de julio pasado entró en vigor la Resolución 98 de 2019 del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) que amplió el listado de dispositivos para redes inalámbricas de datos de alta velocidad (RLAN) que pueden importar personas naturales. No obstante, la norma legal mantiene que los ciudadanos deben tramitar autorización para entrar estos equipos y otros continúan prohibidos.

El resto de los puntos evaluados en este indicador, relacionados con los controles monopólicos, la subordinación exclusiva al Gobierno y la ausencia de organismos reguladores independientes se mantienen invariables. Estos constituyen rasgos estructurales del modelo sociopolítico y económico totalitario cubano que no se han modificado y que se encuentran asociados a la visión de las telecomunicaciones como un asunto de seguridad nacional

Entre los elementos negativos relacionados con el acceso, surgidos en el actual período, puede señalarse la entrada en vigor del Decreto-Ley 370 de 2018. En este se tipifica como contravención “fabricar, comercializar, transferir, instalar equipos y demás dispositivos para brindar, facilitar o recibir servicios asociados a las TIC, sin la correspondiente autorización” (Art. 68 inciso c); así como “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional” (Art. 68, inc. f).

Por otra parte, este año surgió un tipo de limitación al acceso a Internet que no está recogida en el informe anterior de Freedom House: la interrupción selectiva de la conexión por datos móviles. Varios activistas, periodistas, opositores y youtubers denunciaron en los últimos meses la suspensión por varias horas —e incluso días— del servicio para evitar que realizaran sus trasmisiones, participaran en eventos en línea o denunciaran algún tipo de acoso del que fueron víctimas.

En este período, el MINCOM autorizó la tenencia de redes malladas solo a las personas jurídicas (Art. 18, Res. 98/2019), con lo cual se ilegalizó y dio paso a la eliminación de SNet, la mayor red comunitaria del país, que comenzó a ser absorbida por los estatales Joven Club de Computación y Electrónica

Limitaciones a los contenidos

Igual que en años anteriores continúan los bloqueos a medios extranjeros y no oficiales cubanos, a sitios de organizaciones de la sociedad civil y plataformas para peticiones ciudadanas, como change.org. Las prácticas de autocensura siguen siendo estrategias de subsistencia para usuarios, periodistas y emprendimientos independientes en el área de la comunicación.

A mediados del pasado año un informe publicado por la Universidad de Oxford ubicó a Cuba entre los países que poseen “tropas cibernéticas” permanentes para desinformar a través de las redes sociales. 

Recientemente, medios no oficiales del país han expuesto documentos dirigidos a estos grupos con orientaciones precisas para “combatir” desde las redes actividades organizadas por la sociedad civil y actores de la oposición. 

Uno de estos memorandos fue elaborado por la propia compañía de telecomunicaciones, Etecsa, para minimizar un reclamo ciudadano sobre disminución de precios. En el documento, la empresa exige  a sus trabajadores —incluso en días no laborables— comentar y replicar los contenidos generados por directivos de la compañía y emplear etiquetas predefinidas, todo ello bajo la supervisión y el control de sus superiores. 

Documento de Etecsa

En septiembre, Twitter realizó una suspensión masiva de perfiles falsos y de medios y entidades oficiales cubanas por violación de sus políticas en lo relacionado con “amplificar conversaciones o minarlas usando cuentas múltiples”. 

Varios usuarios han continuado desenmascarando en Facebook y Twitter cuentas falsas pro Gobierno que usan fotos de otras personas, rostros generados por inteligencia artificial en sitios como thispersondoesnotexist.com o imágenes genéricas.

 


También, continúan las campañas de descrédito e intimidación a través de la prensa oficial a quienes ejercen su libertad de expresión en las redes. Medios como Cubadebate, Granma y Cubasí con frecuencia sirven de plataforma para estos ataques. 

Ejemplo de ello fue un texto publicado en Granma que desacreditaba a los autores de audios que circularon por WhatsApp advirtiendo de la situación que enfrentaba el país con la llegada del coronavirus. El autor del escrito amenazó con la aplicación del Código Penal en estos casos, que contempla condenas de hasta cuatro años de cárcel por difundir “noticias falsas o predicciones maliciosas”. 

 

 

Cada vez más las redes constituyen espacios para articular reclamos ciudadanos y protestas, pero cuando estas se llevan a espacios físicos, rápidamente chocan con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado. Así ocurrió en agosto de 2019 con la protesta pacífica de miembros de SNet, con la manifestación frente a la sede de Zoonosis en noviembre de ese año y con la besada de la comunidad LGBT+ el pasado marzo por la censura en televisión de un beso gay.

Protesta de animalistas en La Habana

Manifestación de animalistas frente a la sede Zoonosis.

Violaciones de derechos de los usuarios

Al igual que en el informe anterior, la cuestión de las violaciones de los derechos de los usuarios continúa siendo un punto crítico en Cuba, reforzado ahora por un grupo de normas legales que entraron en vigor en el presente período de observación.  

Hasta ahora no se ha sancionado ninguna ley relacionada con la protección de los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. Según el cronograma legislativo publicado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, para febrero de 2021 está programada la aprobación de un decreto-ley “sobre las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, la comunicación y el uso del espectro radioelectrónico”; otro sobre “protección de datos personales” y, en julio de ese mismo año, la “ley de transparencia y acceso a la información”.

La Resolución 99 de 2019 del MINCOM exige a los proveedores de Internet tramitar aprobación para usar métodos de protección criptográfica de la información que transmitan.  

A las normas legales que atentan contra la libertad de expresión se sumó el Decreto-Ley 370 con su artículo 68, inciso i, el cual impone multas de 3000 pesos y decomiso de equipos por “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Este inciso está redactado de manera ambigua para aplicarlo discrecionalmente. Los encargados de sancionar son inspectores del MINCOM, ni siquiera autoridades judiciales. 

Entre periodistas, activistas, opositores y ciudadanos, hasta el momento, son 26 los multados. La aplicación de esta regulación se ha incrementado luego de que comenzara la crisis del coronavirus en el país. El Decreto-Ley 370 ha generado una ola de repulsas, que incluyó un pronunciamiento conjunto firmado por casi 50 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y medios independientes cubanos. 

A medida que han crecido las aglomeraciones en el país para la compra de alimentos y productos básicos, la Policía ha reforzado la vigilancia para impedir que los ciudadanos documenten con sus teléfonos las largas filas. En muchos casos, las fuerzas del orden público emplean la intimidación y la violencia, y ejecutan detenciones para evitar que se muestre al mundo una parte de la realidad que no tiene espacio en los medios oficiales.  

En este período también entró en vigor el Decreto-Ley 389 que autorizó la vigilancia electrónica sin necesidad de permisos de un juez. Esta nueva normativa dio sustento legal a una práctica violatoria ampliamente utilizada por los cuerpos policiales y la Seguridad del Estado cubanos. En septiembre de 2019, la revista El Estornudo publicó un reportaje que expuso la vigilancia electrónica practicada por el Gobierno cubano a diferentes niveles, incluido el de los administradores de redes de instituciones estatales. 

También, la Resolución 98/2019 del MINCOM estableció que las personas naturales poseedoras de redes privadas tienen que “permitir y facilitar la realización de las inspecciones de la infraestructura y los servicios que se brindan, incluido el acceso a los equipos, domicilios, edificios e instalaciones relacionadas”, así como brindar informaciones periódicas demandadas por el MINCOM. 

En el último año creció el acoso extralegal a activistas, periodistas, opositores y ciudadanos en general por sus publicaciones en Internet. El reportero Yoe Suárez fue interrogado por la Seguridad del Estado en varias ocasiones, amenazado con represalias a su familia, detenido y conducido con los ojos vendados. Al periodista Waldo Fernández Cuenca le retiraron su licencia de trabajador por cuenta propia y lo amenazaron con aplicarle medidas de seguridad predelictiva” por no tener vínculo laboral, ya que el Gobierno cubano no reconoce el periodismo independiente.

En medio de la pandemia de coronavirus, varios reporteros y opositores fueron obligados a romper la cuarentena para asistir a interrogatorios con la Seguridad del Estado, aunque tuvieran que exponerse a la COVID-19 y recorrer grandes distancias en un país que tiene suspendido el transporte público. 

El enfermero Pedro Luis García fue obligado a pedir la baja de su centro laboral por sus publicaciones críticas en Facebook y otros trabajadores han sido amenazados con ser expulsados por la misma causa. La Seguridad del Estado se personó en la casa de un joven para “sugerirle” que no siguiera compartiendo contenidos de youtubers cubanos críticos al Gobierno. 


Durante este período hubo amenazas de muerte y hostigamientos con tintes homofóbicos y sexistas hacia periodistas independientes y activistas. Se mantiene en línea el blog Teo Pereira en Cuba desde el cual se ataca y difama, con contenido suministrado presumiblemente por la Seguridad del Estado, a periodistas y opositores. A este tipo de estrategia agresiva y éticamente condenable se sumó el canal de YouTube Guerrero Cubano, cuyos contenidos han sido citados por medios oficiales del país

También fueron jaqueados perfiles personales, utilizados para desacreditar a sus propietarios. Páginas de proyectos de la sociedad civil recibieron ciberataques que impidieron la realización de actividades programadas, como fue el caso de Dame la Mano, deshabilitada el día en que transmitiría una jornada de celebración en línea por el primer aniversario de la marcha LGBT+ del 11 de mayo de 2019. 

Recientemente, el director de la agencia Palenque Visión, Rolando Rodríguez, reportó que fueron jaqueadas sus cuentas de Twitter y Nauta, en la cual perdió 200 horas para conexión a Internet. 

Resumiendo…

Con respecto a años anteriores, la situación de la libertad en Internet en Cuba no muestra signos esperanzadores. Si bien han existido mejoras en la infraestructura y los precios —que aún continúan siendo insuficientes— ha ocurrido un recrudecimiento de los controles legales y extralegales sobre la actividad de los usuarios en la red. 

A diferencia de otros países autoritarios que apuestan por un control digital más sofisticado, Cuba reproduce en Internet los métodos analógicos de coacción que emplea en el mundo offline. Una realidad que quizá se modifique en los próximos tiempos, debido al constante intercambio que la Isla realiza en materia de telecomunicaciones con China, un país avanzado en el área de la cibervigilancia.

De hecho, un vistazo a la realidad del gigante asiático —último en el ranking de Freedom of the Net— serviría a muchos usuarios y activistas cubanos para comprender que precios asequibles e infraestructura desarrollada no son garantías para un uso libre de Internet. Al igual que en el mundo offline, la base del respeto a la libertad y los derechos humanos está en las características del modelo sociopolítico. Si la esencia totalitaria de este no se transforma, las tecnologías de la comunicación pueden ser vaciadas de su potencial libertario y usadas como herramientas de control. 

 

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