Violaciones de derechos digitales en Cuba (1-30 abril de 2024)

Ilustración: Alejo Cañer.

En los últimos cuatro años los cubanos en la Isla han vivido una represión sin precedentes: más de 1.000 presos políticos con condenas de hasta 30 años por salir a la calle a protestar, cientos de periodistas y activistas exiliados, detenciones arbitrarias e interrogatorios casi a diario. Esa ha sido la respuesta del régimen ante la pérdida del dominio absoluto sobre los medios en Cuba, gracias al acceso generalizado a internet. 

Ahora, luego de la oleada de manifestaciones en varios municipios del país a mediados de marzo, aumentó la cacería en redes sociales. Y no hace falta tener todo un historial de contenido disidente para que un oficial de la Seguridad del Estado (SE) cite o llame a la puerta de la casa de un ciudadano; un solo post en redes sociales es suficiente.  

La estrategia del régimen ―desde la década del 60, cuando celebró “juicios ejemplarizantes” contra opositores, con altas condenas y hasta pena de muerte― ha sido, y es, castigar. Es lo que justifica la sanción de 15 años de privación de libertad impuesta a Mayelín Rodríguez Prado. Varios medios extranjeros se hicieron eco del caso, pues se trata de la condena más alta dictaminada el 27 de abril por el Tribunal Municipal de Camagüey. Junto con Rodríguez Prado, otros 13 manifestantes fueron encausados por participar en las protestas de Nuevitas, en agosto de 2022. 

La joven de 22 años, madre de una niña de dos, difundió en Facebook varios videos del momento en que el municipio camagüeyano se lanzó a la calle. En uno de ellos, documentó cómo unos agentes de la Policía agredieron a tres menores. Eso, y la supuesta confesión, difundida por la propia SE en medios nacionales, bastaron para sancionarla por los presuntos delitos de “sedición” y “propaganda enemiga de carácter continuado”. 

El mensaje es transmitir que cualquier persona, que incluso no participe en la manifestación pero que la grabe, haga fotos o videos, va a ser también sancionada”, dijo a El País Raudiel Peña Barrios, abogado cubano, miembro del grupo de asesoría legal Cubalex. 

Además de castigar, el régimen busca desarticular cualquier intento de movilización ciudadana en su contra. Víctor Manuel Hidalgo Cabrales, detenido el 19 de marzo en Las Tunas, a la mañana siguiente de publicar un post en Facebook, está ahora acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, según declaró su esposa, Andrielis Guerrero, a la organización Justicia 11J. 

“¿Ustedes creen que es justo que una niña de cuatro años se críe sin su papá simplemente porque el Gobierno lo está usando de conejillo de indias para enseñarle a todo el que quiera quejarse (…) que va para allí [la cárcel]?”, cuestionó Guerrero. 

Hidalgo Cabrales se encuentra en estos momentos en la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico. Allí debe esperar hasta que se celebre su juicio, pues las autoridades le negaron la liberación bajo fianza. Luego de su denuncia, su esposa fue amenazada en un interrogatorio con oficiales de la SE. 

Rey Asiel Naranjo Palau fue asimismo arrestado en marzo, el día 23, luego de transmitir un mensaje para la comunidad de abakuás en la Isla: “Dejen de coger las redes para estar destruyéndonos a nosotros mismos, vamos a hacer un grupo (…) para unirnos todos y acabar de ir pa’ arriba del Gobierno de pinga este que nos tiene pasando hambre a todos nosotros”, dijo en el video, publicado por el activista Marcel Valdés. 

Naranjo Palau estuvo retenido durante dos semanas en Villa Marista, sede de la SE en La Habana. El 9 de abril lo trasladaron al Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad. Según denunció la también activista Idelys Chao Sade, lo acusan de escribir carteles contra el Gobierno. 

Teniendo  en cuenta el patrón represivo de encarcelamientos por un solo post incómodo en redes sociales, estas y otras acusaciones son más que cuestionables. 

El 28 de marzo y el 3 de abril fueron arrestadas por la misma razón otras dos personas: los enfermeros Yerismar Velázquez Cruz y Arony Yanko García Valdez. 

Velázquez Cruz estaba de visita en el santuario de la Virgen de la Caridad, la santa patrona de Cuba, cuando publicó un video pidiendo la libertad para los presos políticos. Cuatro días después fueron a por él. “Me acusan de atentado contra la Seguridad del Estado por una foto que me tiré en El Cobre”, dijo en abril en una llamada telefónica desde el Centro de Operaciones y de Instrucción Penal de Versalles, en Santiago de Cuba, donde aún se encuentra. 

Por su parte, Arony Yanko García Valdez acudió el 3 de abril a la Tercera Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Santa Clara, en Villa Clara, adonde había sido citado de forma verbal. De ahí lo condujeron hacia la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado. La organización Cubalex reportó que “su detención ocurrió a raíz de un comentario que realizó en una publicación de Facebook”. 

Solo eso le valió al joven una medida cautelar de prisión provisional, y sin derecho a fianza, por los presuntos delitos de “desacato” y “atentado”. Otras 557 personas han sido juzgadas bajo estos cargos por razones políticas, desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021.  

La esposa de García Valdez, Yunisley Suárez, permaneció detenida unas cinco horas ese día en la estación. Allí estuvo sin acceso a internet, en un intento de silenciar posibles denuncias. “Ellos [los oficiales] ni siquiera me enseñan las publicaciones. Me dicen que es por un meme”, declaró Suárez sobre el caso de su pareja al Instituto Cubano de Libertad de Prensa (ICLEP).

El régimen suele utilizar las citaciones policiales como una trampa para proceder luego con la detención. El exprisionero político Manuel de Jesús Rodríguez García está detenido desde el 29 de febrero, cuando fue citado en la estación de Entronque de Herradura, en Pinar del Río. El opositor se encontraba aún bajo libertad condicional, después de cumplir una sanción de más siete años de cárcel. 

Su esposa, Jeili Castillo Medina, comentó a Martí Noticias que esta vez lo acusan de desacato por unas “publicaciones realizadas en Facebook, donde expresaba sus opiniones como activista y miembro de la Alianza Democrática Pinareña”. 

En estos momentos, Rodríguez García se encuentra de regreso en la prisión conocida como Kilo 5 ½, de esa provincia, donde permaneció desde agosto de 2016 hasta su reciente liberación. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado cubano una serie de medidas cautelares a su favor, dadas las golpizas, amenazas y falta de atención médica que entonces sufrió. 

Asimismo fue arrestado, por segunda vez en menos de un mes, el santiaguero Asdrúbal Kindelán Garbey. Padre de uno de los manifestantes del 17 de marzo, Kindelán estuvo retenido durante tres días por una transmisión en directo donde denunció las falsas acusaciones contra su hijo. Las autoridades lo liberaron bajo fianza de 50.000 CUP, casi 24 veces más que el salario mínimo oficial. Y apenas dos semanas después, el 3 de abril, lo citaron para que se presentara en la Unidad de la Policía El Palacete, en Santiago de Cuba. 

Días más tarde, el 8 de abril, el periodista independiente Yosmany Mayeta informó que Kindelán había sido trasladado a la Prisión de Aguadores, acusado del delito de “atentado”.

En ese centro penitenciario se encuentra, desde el 2 de abril, Liuber Caballero González, quien fue arrestado por una publicación contra el Gobierno, por la falta de agua y electricidad en su barrio. 

Por otro lado, se desconoce qué ha sucedido con Ernesto Salazar Rodríguez, otro de los manifestantes que permanece en esa prisión, y autor de un video que se viralizó durante las protestas de marzo.  

A mediados de abril, se conoció que la holguinera Yoandra Mir Cedeño había sido liberada bajo fianza el 27 de marzo, tres días después de su detención. El motivo de su arresto fue, simplemente, compartir contenidos de casos de corrupción de funcionarios y dirigentes de Holguín en un grupo de Facebook. Además de la astronómica fianza de 30.000 CUP, la joven madre se enfrenta a cuatro posibles cargos: “desacato”, “desobediencia”, “resistencia” y “actos contra la intimidad personal y familiar”. 

El 26 de abril, el periodista José Luis Tan Estrada iba de camino a La Habana cuando el ómnibus en el que viajaba fue interceptado por oficiales de la SE. Lo condujeron hasta Villa Marista, donde permaneció por cuatro días, hasta el 1 de mayo, sometido a constantes interrogatorios y torturas psicológicas. 

Tan ha sido blanco frecuente del acoso de la SE en los últimos meses. Pero este mes la Policía política se ha ensañado con él. Lo citaron dos veces a interrogatorio, en menos de 72 horas, entre el 13 y 16 de abril. Le impusieron dos multas: una de 3.000 CUP por violar supuestamente el Decreto-Ley 370; y otra de 4.000 CUP en el momento en que fue liberado de Villa Marista. Además del ciberacoso constante en las redes, fue también víctima de un corte de internet el 20 de abril, que se prolongó durante unas cinco horas.

Sobre la primera multa, Tan relató que el oficial le enseñó “una carpeta llena de publicaciones” suyas en redes sociales como Facebook y X (antes Twitter), likes a memes, comentarios, likes a otras publicaciones y memes compartidos. Aunque la sanción es impuesta por inspectores del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), pues son quienes están facultados legalmente para ello, las pruebas siempre son presentadas por agentes de la SE, y en contexto de interrogatorios. 

La segunda sanción administrativa fue “por un supuesto plan de distribuir volantes, motivo por el que aparentemente se le detuvo sin prueba ni fundamento alguno”, reportó Cubalex. 

Otros arrestos relacionados con violaciones a derechos digitales ocurrieron este mes. Son los casos de la activista Yamilka Lafita y el exprisionero político y colaborador de CubaNet Armando Sardiñas. 

El 9 de abril, Lafita fue detenida por quinta vez en 10 días. Esta vez, en Matanzas, cuando llevaba medicamentos e insumos de donación. “Siempre Policía de Tránsito, caballitos y puntos de control”, dijo en su perfil de Facebook. 

Lafita declaró a YucaByte que estuvo en interrogatorio e incomunicada unas seis horas. “Ellos siempre me amenazan con la Ley de Comunicación, y se ponen a leerme todo lo que según ellos estoy violando. Las publicaciones que más le molestan son las ayudas médicas en general, y bueno, cuando según ellos les falto el respeto a su presidente”, refirió. 

Días después, el 13 de abril, la plataforma de Facebook restringió el acceso de la activista a su cuenta, después de denunciar una de las detenciones del periodista Tan Estrada. 

Por su parte, Armando Sardiñas permaneció casi siete horas detenido el 15 de abril. El joven estaba cubriendo, mediante una transmisión en vivo, la peregrinación de la comunidad de animalistas hasta el Cementerio de Colón. Fue amenazado con 15 años de cárcel por ser reportero del medio independiente CubaNet. “Una vez más quiero demostrar con mi caso la censura que existe en Cuba”, expresó en su cuenta de X.

Bajo interrogatorio fue amenazada Adisbel Bueno, una madre santiaguera que publica videos criticando la administración del gobierno de su provincia. El 8 de abril, denunció que unos días antes un policía y un agente del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) habían tocado la puerta de su casa para conducirla hasta la estación, con sus dos hijas, de 19 y tres años, respectivamente.

 

Bueno contó que, durante su interrogatorio, otros oficiales amenazaron con expulsar de la carrera a su hija mayor, quien estudia Licenciatura en Enfermería. “Cuando salí de allí la grande estaba llorando, me pidió en la casa que dejara de hacer esto [las directas en redes sociales] porque me iban a meter presa”. 

Las madres son víctimas frecuentes de la represión, por reclamar al Gobierno, desesperadas ante la falta de comida y atención médica para sus hijos. Estanys Rodríguez fue amenazada por una transmisión en vivo que realizó el 18 de abril frente a la casa del presidente designado Miguel Díaz-Canel. 

“¡Cómo me dijo el oficial, que los videos que había subido para Facebook tenía que borrarlos! Me amenazó con que si yo seguía publicando videos por mis derechos, me podían quitar la conexión”, contó más tarde. 

El humorista Ulises Toirac fue otro de los cubanos censurados en abril de 2024 por sus publicaciones en redes. El 16 de abril denunció que no había podido trabajar en una peña humorística en el café del teatro Bertold Brecht, en la capital. “No sé porqué me da la impresión de que la lista en la que estoy se pone más negra”, dijo el también actor, que ya ha sufrido cortes y ralentización del servicio de internet. 

Hackeo, bloqueo de sitios web y ataques coordinados

El canal de YouTube “Derecho a réplica”, del realizador Ian Padrón, fue hackeado a finales de este mes, según denunció luego, cuando recuperó el acceso. Padrón recibió un correo electrónico con una invitación de una marca italiana para supuestas colaboraciones. Aunque sospechó, abrió el enlace y, en tres minutos, el canal quedó “destrozado”. El atacante suprimió el banner y logotipo, cambió los correos y números de teléfono de respaldo y eliminó su cuenta de Facebook. 

“De pronto te quedas como si alguien entra a tu casa, te saca, cambia la cerradura y no tienes cómo entrar. Es una sensación durísima, porque es el trabajo de muchos años”, relató el director y guionista. 

Padrón comentó además que fue atacado mediante phishing, una técnica que se emplea, por lo general, para estafas en línea. Consiste en una suplantación de identidad para obtener, mediante softwares malignos, información confidencial como contraseñas, números de tarjeta de crédito y otros datos personales. Sin embargo, consideró que, en su caso, el hackeo no está relacionado con ningún chantaje monetario. 

“No puedo decir quién fue porque no tengo pruebas, o qué motivaciones han tenido para hackear mi canal. (…) A mi juicio, es un intento de utilizar información privada, información personal en mi contra”, aseguró Padrón, quien comparte entrevistas, noticias y debates sobre Cuba en su canal. 

Asimismo, el Observatorio de Libertad Académica (OLA) reportó un ataque cibernético en su perfil de Facebook desde el 15 de abril. “Utilizando arbitrariamente las políticas de seguridad de #Meta, las publicaciones del Observatorio de Libertad Académica han sido #reportadas por ‘infringir las normas’ de la red social, que llegó a sancionarnos con el ocultamiento temporal de nuestra página”, declaró la organización. 

Luego de reclamar a la empresa de Mack Zuckerberg, la plataforma determinó que los posts publicados no atentaban contra las normas de la comunidad. No obstante, los ataques continúan, pues fueron eliminadas las publicaciones compartidas sobre las detenciones recientes del periodista José Luis Tan Estrada. 

Por último, el grupo Diktyon, una fuente independiente de consulta y monitoreo sobre salud de internet y censura dentro de Cuba, reportó este mes a YucaByte sobre cuatro nuevos sitios web bloqueados por el régimen. Con estos, suman 66 las páginas a las cuales los residentes en la Isla no tienen acceso. Se trata de dos sitios de noticias ―Cubanology y Nuevo Acción― y otros dos que comparten herramientas para navegar de forma anónima en internet.

 

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