Ilustración: Alejandro Cañer
En Cuba, publicar una queja en Facebook o un mensaje que la Seguridad del Estado interprete como “convocatoria” o “incitación” a las masas cuesta literalmente la cárcel. En marzo, al menos seis personas fueron detenidas por filmar o transmitir en vivo durante las protestas en algunas provincias del Oriente del país, o por compartir denuncias en las redes sociales. De ellas, cinco permanecen aún bajo prisión preventiva, en espera de juicio.
El 8 de marzo, unos días antes de las manifestaciones en Santiago de Cuba, el exprisionero político Ramón Jesús Velázquez Toranzo convocó desde el Santuario Nacional de El Cobre a una reunión general para buscar soluciones a los problemas actuales del país. Al día siguiente, Velázquez ―quien ya cumplió una sanción de tres años de privación de libertad, entre 2007 y 2010― fue detenido en medio de un operativo de vigilancia policial que se extendió por todo el poblado.
Junto a él se encontraban su esposa, su hijo y su nieta de 11 años, quienes fueron también detenidos. La familia estuvo tres días completamente incomunicada. Todos fueron trasladados a La Habana y liberados días más tarde, excepto Velázquez Toranzo. En estos momentos se encuentra en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado (SE), donde pasó varias jornadas en huelga de hambre.
Durante esos mismos días, entre el 8 y el 11 de marzo, al menos otras siete personas fueron detenidas en relación a una protesta en el poblado de San Andrés, en Holguín. Una joven de 20 años, Lea Velázquez, está retenida en la Prisión Provincial de Mujeres de esa provincia, acusada de desacato y desorden público (al menos 449 personas han sido juzgadas bajo estos cargos por razones políticas).
El día antes de su detención, a Velázquez le confiscaron el teléfono celular y le impusieron una multa de 5.000 CUP. «Se llevaron el móvil y le dijeron que le iban a avisar. (… ) Cuando fue a buscar el teléfono la dejaron detenida”, dijo, refiriéndose a la joven, el activista Dámaso Alberto Fernández a Martí Noticias.
La protestas que continuaron en las semanas siguientes dejaron un saldo de al menos 21 detenciones ―según el grupo de trabajo Justicia 11J―, violencia policial, un corte general de internet, cortes selectivos y varias citaciones a interrogatorios. Mientras, los perfiles anónimos del régimen continuaron desacreditando y acosando en redes a los influencers, periodistas y activistas de derechos humanos.
En la noche del 17 de marzo, entre las 7:20 y las 12:30, hubo una caída del tráfico de datos en la Isla, según reportaron Doug Madory, analista del observatorio de redes Kentik, y Diktyon, un grupo de monitoreo sobre el estado de internet y la censura dentro de Cuba. Ambas fuentes afirman que los datos coincidieron con reportes de cortes del servicio móvil luego de las protestas en Santiago de Cuba.
En esa provincia suman nueve los detenidos que aún se encuentran en la prisión de Aguadores. Dos de ellos, por un post y un video viral en Facebook.
Liuber Caballero González, vecino del reparto Abel Santamaría, está bajo arresto desde el 13 de marzo por una publicación donde critica al gobierno debido a la falta de agua y electricidad en su barrio. Mientras que Ernesto Salazar Rodríguez, autor de un video que se viralizó, en el que reclama libertad frente a la estación de policías de El Cobre, guarda prisión desde el día 22, cuando fue citado a interrogatorio.
Los represores están a la caza de cualquier mensaje en las redes que pueda mínimamente provocar una manifestación. Un comentario en Facebook le costó a Ruth Ortiz Aguilar una noche en un calabozo del Centro de Operaciones y de Instrucción Penal de Santiago de Cuba, conocido como Versalles. “Dicen que van a la Plazoleta”, escribió en un grupo local, refiriéndose a los manifestantes. Más tarde, fue arrestada en su casa, mientras se encontraba con su padre y su bebé. Ahora, además de la multa de 3.000 CUP impuesta antes de su liberación, Ortiz debe firmar un acta dos veces por semana, durante un año, en una estación policial, según reportó el periodista Yoe Suárez.
También en Versalles estuvo detenido durante tres días Asdrúbal Kindelán Garbey, luego de transmitir en vivo desde las afueras del mismo centro. Kindelán es padre de Cristian Osmauri Kindelán Mora, un muchacho de 18 años encarcelado tras las protestas. En su transmisión, contó cómo la Policía se negó a mostrar el video por el que acusan a su hijo de atentado. Fue liberado bajo fianza de 50.000 CUP y una acusación por supuesto desacato.
Y aunque en Las Tunas no se reportaron manifestaciones, un joven amaneció el día 19 bajo un operativo policial que incluyó cuatro patrullas, registro a su vivienda y decomiso del teléfono celular. La noche anterior, sobre las 8:00 p.m., Víctor Manuel Hidalgo Cabrales publicó en Facebook: “Oye, y Las Tunas qué? La ponen [la electricidad] cuatro y la quitan cinco y seis [horas]. Nos vamos a quedar así?” Una hora más tarde, en medio del apagón, el segundo jefe de la Seguridad del Estado en la provincia se presentó en su casa para obligarlo a eliminar la publicación.
Hidalgo espera un juicio bajo prisión preventiva, aún sin cargos, en el centro penitenciario conocido como El Típico, en Las Tunas. Su esposa, Andrielis Guerrero, comentó que, según el instructor del caso, el (supuesto) delito cometido por Hidalgo Cabrales es penado con entre cuatro y diez años de privación de libertad.
La represión en redes ha llegado a niveles tan críticos en la isla, que compartir o dar “me gusta” a contenidos censurados por el régimen significa también un delito. El día 24, en la oleada represiva tras las protestas, Yoandra Mir Cedeño fue detenida en su propia casa en Holguín, por interactuar con una cuenta de Facebook que denuncia casos de corrupción policial en la provincia.
Según comunicó su tío, Héctor Julio Cedeño Negrín, a Martí Noticias, durante la detención, oficiales de la policía golpearon no solo a Yoandra, sino también a su madre, su hija y abuela, quienes intentaron impedir el arresto. El operativo realizó, además, un registro en la vivienda, donde decomisaron un teléfono celular, una laptop y dos cámaras fotográficas.
En estos momentos, Mir Cedeño permanece bajo arresto, acusada de Desobediencia y Desacato.
Los opositores Juan Carlos Vasallo Fregio y Lázaro Mendoza ―miembros de Cuba Primero― y Luis Ramón Estiu Suárez fueron interrogados igualmente por sus publicaciones en redes sociales los días 16 y 20 . Vasallo Fregio refirió que lo amenazaron por “regar proclamas contrarrevolucionarias”.
Fuera del contexto de las protestas, un mensaje en Facebook le costó al obrero César Jaime Cedeño la expulsión de su centro laboral en el puerto Guillermón Moncada, en Santiago de Cuba. El periodista Yosvany Mayeta informó que “la administración tomó la decisión argumentando que su comentario en redes sociales lo hacía ‘no idóneo para trabajar en una frontera’”. En la publicación, Cedeño criticó la alimentación de los trabajadores portuarios y la desidia ante los accidentes fatales.
En la región, solo en Venezuela y Nicaragua se han reportado presos políticos cuyo único supuesto delito ha sido publicar un post en las redes sociales. Los tres regímenes han diseñado leyes y decretos que criminalizan la libertad de expresión en el espacio virtual y aplican iguales herramientas de censura. Justo este mes, la dictadura de Nicolás Maduro cortó el fluido eléctrico y servicio de internet a Corina Yoris, aspirante a la presidencia por el partido opositor Plataforma Unitaria, durante las inscripciones de los candidatos para las elecciones.
Como hemos reportado en ocasiones anteriores, la represión en el entorno virtual recae también sobre aquellos que promueven campañas de donativos ante la crisis sanitaria. A principios de este mes de marzo, Walter Lamb y la activista Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs, sufrieron varios cortes de internet. En ambos casos, el servicio se restableció al día siguiente, pero muy lento.
El día 18, en medio de las protestas, un oficial llamó a Lafita para advertirle que se mantuviera al margen. La amenazó con acusarla por los delitos de instigación a delinquir y distribución de propaganda enemiga, y por violar la Ley de Comunicación, según contó la activista a YucaByte.
“Ellos me han citado innumerables veces, pero yo decidí que no iría a ninguna entrevista más”, comenta Lafita. “Ellos [los agentes de la SE] me han enviado SMS y me escriben por WhatsApp, y bueno, las amenazas por Messenger, pero esas apenas las veo porque mi buzón está sobrecargado. Pero siempre hay tres o cuatro [mensajes de ciberacoso]”.
La línea móvil principal de la activista está deshabilitada desde las protestas masivas del 11 de julio de 2021. Desde entonces, cuenta que le han bloqueado otras tres líneas. “Incluso han cometido la desfachatez de quitar internet a toda la cuadra”, dice. “Y cuando anuncio que voy a hacer directas para los partes de Amanda, siempre me bajan muchísimo el ancho de banda, o me la tumban [la conexión por datos]”.
A finales del mes, la activista recibió un SMS de la operadora Cubacel, que le informó el bloqueo por 30 días de su línea, por “conspirar en contra de la Revolución Cubana”.
Por su parte, Walter Lamb, quien publica constantemente sobre donaciones de medicamentos y pedidos de ayuda de personas enfermas, afirmó que su primer corte de internet fue en 2020.
Sobre una de sus reclamaciones a Etecsa, Lamb contó: “La comercial de turno al poner mis datos en la base, solamente me miró y le dijo a otra operadora ‘otro más’; imprimió dos hojas que me dio a firmar y me pidió que pusiera y quitara el modo avión. Luego me percaté de las hojas, una era una supuesta solicitud mía de cancelar el servicio de internet y la otra una solicitud de restablecimiento”.
Adelth Bonne Gamboa, reportero del medio independiente CubaNet, denunció el 22 de marzo que solo podía hacer llamadas de emergencia. Una vez más, el régimen le inhabilitó la línea, esta vez luego de la entrevista del joven comunicador en el programa “Al punto con Jorge Ramos”, de la cadena de televisión estadounidense Univisión.
Bonne confirmó a YucaByte que sus tres líneas están afectadas. Una sufrió un corte de internet a mediados del mes, y la otra tiene el servicio solo de forma intermitente. La línea principal sí se conecta a la red de redes, pero la velocidad de conexión es tan lenta que el también activista asegura que le han reducido el ancho de banda.
Como él, la directora del diario 14ymedio, Yoani Sánchez, y la dama de blanco Leticia Ramos, denunciaron cortes de internet. Ramos reporta periódicamente en su cuenta de Facebook la asistencia de las Damas de Blanco a las misas dominicales, así como denuncias de las vejaciones a presos políticos. Por esta labor, la página Atenea Matancera, asociada a la Seguridad del Estado, la acusó de “contrarrevolucionaria”. Según la publicación, la activista viajó a España ―lo que Ramos niega― para reunirse con un agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Asimismo, Facebook le restringió una vez más el acceso a su cuenta de Ramos por una posible denuncia en masa.
Otros ataques coordinados provocaron que la plataforma de Mack Zuckerberg eliminara el día 12 el contenido del humorista Rigoberto Ferrera. Un video donde lee el poema “Hay muchas maneras de matar”, de Bertolt Bretch. “Al parecer a las clarias cibercombatientes no les gustó el video que publiqué ayer y la orden de denunciarlo fue dada”, denunció Ferrera.
Los bots y perfiles anónimos asociados a la SE ―las llamadas ciberclarias― se dedican a atacar constantemente a influencers, denunciando sus contenidos y difamando sobre ellos en las redes. En la última semana del mes, el perfil conocido como Guerrero Cubano insultó mediante un audio al activista Mag Jorge por su orientación sexual. “Claro que lo sé todo de ti, las vas a pagar, no hay donde esconderse”, se escucha decir a la voz masculina, con tono amenazador.
En las campañas de descrédito también participan los medios oficiales. Este mes, el periódico Granma se refirió a los periodistas independientes, youtubers, y columnistas como “vulgares ciberdelincuentes” y “agentes mercenarios de los monopolios comunicacionales de Occidente”. Una opinión sin fundamentos para justificar la Resolución 19/2023, que califica a estos influencers como terroristas.
El cerco comunicacional que mantiene el régimen impide además que los cubanos residentes en la Isla se informen sobre lo que sucede en el interior del país. Según el registro mensual de Diktyon, al menos unos 62 sitios web están bloqueados.
“La mayoría de estos sitios web son bloqueados mediante Inspección Profunda de Paquetes (DPI), una tecnología que examina el contenido de los paquetes de datos para determinar si deben ser bloqueados o permitidos”, refiere Diktyon. “Sin embargo, con HTTPS, donde los datos viajan encriptados, la censura DPI no se puede identificar completamente con las pruebas de OONI (la herramienta que utilizan para hacer las mediciones).
El bloqueo de sitios de noticias y de derechos humanos deja a muchos cubanos ―especialmente a los que no tienen los recursos ni capacidades tecnológicas para acceder a internet mediante VPN― sin apenas fuentes de información que contrasten o desmientan a los medios oficiales
