Cuba: Derechos digitales en crisis (1-30 septiembre de 2023)

Ilustración: Carmen Barruecos

 

Una vez más, el Gobierno cubano muestra su carácter dictatorial, encarcelando a ciudadanos que disienten públicamente en redes sociales y solicitando penas draconianas contra 14 manifestantes que llevan más de un año en prisión, desde que fueron detenidos durante las protestas de Nuevitas, Camagüey, en agosto de 2022. 

Después de doce meses de investigaciones, la Fiscalía Provincial de Camagüey emitió las conclusiones preliminares contra 14 manifestantes. El documento, -donde las autoridades cubanas suelen emitir juicios morales y políticos- presenta los resultados de la investigación penal, así como la sanción que solicitan las autoridades cubanas. La Fiscalía Provincial de Camagüey acusó al grupo por los supuestos cargos de “propaganda enemiga” y “sedición”, los mismos que el régimen suele imputar contra opositores y manifestantes en general. Las pruebas recopiladas incluyen perfiles y publicaciones en Facebook, incluso interacciones como seguir y compartir contenido “contrario al sistema sociopolítico establecido”; y contactos con medios y youtubers que el Gobierno considera subversivos, como Ultrack, CiberCuba y CubitaNow

Mayelín Rodríguez Prado, de 21 años, fue la joven que denunció en un video la violencia policial sufrida por tres niñas en medio de la manifestación de Nuevitas y la respuesta represiva habitual. Rodríguez fue acusada por “incitar al pueblo a manifestarse en sus redes sociales” mediante perfiles anónimos, y por compartir publicaciones “de corte contrarrevolucionario” en grupos de WhatsApp. Ahora se enfrenta a la pena mayor, de 15 años de privación de libertad, junto con otros tres manifestantes. Para el resto de sus compañeros, la Fiscalía solicita sanciones de entre cuatro y 11 años, según consta en la petición fiscal del caso. 

Mientras, otros dos cubanos se encuentran detenidos desde mediados de septiembre por denunciar los constantes apagones y la situación de precariedad que se vive en la Isla. Gustavo Mena Artola, conocido en redes y en su barrio en Santa Clara como San Lázaro Vigía, fue detenido el 15 de septiembre, menos de 24 horas después de publicar varios posts llamando a la población a lanzarse a la calle en señal de protesta. 

Unos días más tarde, en la mañana del 19 de septiembre, fue arrestado Yankiel Villavicencio Balmaseda, opositor y colaborador de la organización Frente Antitotalitario Unido (FANTU), quien reside también en Santa Clara, Villa Clara. Lisett Coll, una de las coordinadoras de FANTU, confirmó a YucaByte que Villavicencio está siendo investigado bajo el cargo de “propaganda contra el orden constitucional” (uno de los delitos añadidos al nuevo Código Penal). Esa misma semana, durante un interrogatorio, la Seguridad del Estado lo amenazó con llevarlo a la cárcel. 

El régimen, que cada vez recurre a medidas más severas, aplicó igualmente este mes otra de sus estrategias de emergencia: el apagón general de internet. En la madrugada del 2 de septiembre los cubanos estuvieron completamente incomunicados durante una hora, entre las 2:00 a.m. y 3:00 a.m., según reportó el medio especializado en periodismo de datos Proyecto Inventario. Varios usuarios de Twitter confirmaron que durante ese tiempo no funcionaron los servicios de datos móviles ni telefonía regular (llamadas y sms). Otros manifestaron que estuvieron varias horas sin acceder a la red 4G cuando finalmente se restableció el servicio.

La organización Access Now, que se dedica al activismo por la defensa del internet abierto y libre, explica que generalmente el objetivo de los apagones es cortar el flujo de información, y aclara que aunque los gobiernos suelen afirmar que los apagones son medidas de seguridad nacional, lo cierto es que resultan una táctica para restringir los derechos de la ciudadanía e interferir en sus libertades, especialmente en contextos como elecciones o manifestaciones masivas. 

Los apagones parciales tienen el mismo propósito, pero se dirigen a tipos específicos de redes o servicios de redes sociales o aplicaciones de mensajería, señala la organización. En el caso de la Isla, los apagones parciales se dirigen a zonas geográficas específicas: la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) interrumpe la conexión por wifi y datos móviles, así como las llamadas, en vecindarios donde se reportan cacerolazos o cualquier acto de protesta. 

Y en efecto, el 20 de septiembre, una interrupción de varias horas impidió que varios participantes de la Asamblea de Cineastas Cubanos pudieran conectarse a la red de redes para compartir en tiempo real la reunión acordada con directivos del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC). En esta reunión los artistas del sector reclamaron a los funcionarios por la censura en el cine, y los derechos de libre expresión y creación. Miryorly García, una de las participantes, relató que durante el encuentro los presentes perdieron dos veces el internet en el Cine 23 y 12, en el Vedado. 

Otros cineastas que forman parte del Asamblea, y que pretendían seguir los acontecimientos de la reunión de forma virtual, reportaron que tampoco pudieron conectarse, pues su conexión estaba más lenta de lo habitual. 

No obstante a violaciones extremas de los derechos, como encarcelamiento y apagones de internet, el régimen no escatimó este mes en aplicar cortes selectivos a activistas y periodistas, especialmente durante las jornadas en que se celebró la Cumbre del Grupo de los 77 + China, en La Habana. 

Los cortes comenzaron a reportarse desde la primera semana de septiembre, cuando la profesora Alina Bárbara López denunció que había estado más de 24 horas sin internet. Según contó en un post el 9 de septiembre, la Seguridad del Estado intentó negociar con ella que cambiara su actitud (contraria al régimen), a cambio de eliminar su “regulación” (prohibición de salida del país). Como castigo por negarse a aceptar esos términos, le fue inhabilitado el servicio. La profesora confirmó esta situación a YucaByte.

Por otro lado, el 5 de septiembre el actor y humorista Ulises Toirac comentó que “cada vez con mayor incidencia, durante más tiempo”, su móvil o su computadora se quedaban sin conexión a internet incluso en horas «no pico». En su publicación, Toirac sugiere que el problema no radica solo en la presunta saturación de la red, pues las pruebas de medición de velocidad marcan menos de 1 mbps en horarios de alta demanda. El actor, que con frecuencia critica en redes sociales la gestión gubernamental, ironizó que “debe existir algún otro factor muy misterioso” que justifique esta situación. 

Pero fue durante la Cumbre del Grupo de los 77 + China, cuando se reunieron 31 jefes de Estado en la capital junto a más de 1.000 asistentes, que se intensificaron los cortes. Al menos 18 activistas y periodistas reportaron interrupciones, en algunos casos acompañadas de detenciones arbitrarias e interrogatorios.

El periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, fue detenido en La Habana el viernes 15, fecha en que comenzó el evento. Constantín estuvo cuatro horas sin internet por datos móviles desde esa mañana, al igual que la estudiante católica Neife Rigau, quien fue sometida a interrogatorio varios días después. 

También estuvieron afectadas las comunicaciones de los miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), quienes son víctimas frecuentes de este tipo de violaciones. Marthadela Tamayo, una de las coordinadoras del grupo, aseguró a YucaByte que varios miembros tuvieron interrupciones periódicas de la conexión (Manuel Cuesta Morúa, Osvaldo Navarro Veloz, Juan Antonio Madrazo Luna, María Elena Mir Marrero, Eroisis González Fernando Palacio, Lázara Ayllon y María Cristina Labrada Varona). Las afectaciones comenzaron en la madrugada del 15 de septiembre y se extendieron hasta una semana después de que el gobernante Miguel Díaz-Canel culminara su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Tanto Tamayo como su esposo Osvaldo Navarro han reclamado a ETECSA en varias ocasiones por esta situación. Pero hasta la fecha el monopolio estatal de las comunicaciones solo ha ofrecido como solución cambiar la tarjeta SIM de sus teléfonos, lo que según la activista no resuelve el problema, pues al parecer los agentes de la Seguridad del Estado mandan a bloquear la nueva línea móvil. Con esto, “se afecta no solo el trabajo de las denuncias, sino toda la organización del grupo y los talleres en que participa”, refiere la activista.

Asimismo, en la jornada del domingo 17 los activistas Iván Hernández, Adelth Bonne Gamboa, Boris González Arena, y los periodistas Yania Suárez y Jorge Enrique Rodríguez denunciaron cortes de internet. En el caso de Suárez y González Arena, el servicio tardó entre 20 y 24 horas en restablecerse. 

En la última semana del mes, la periodista Luz Escobar informó que el profesor Pedro Albert Sánchez se encontraba sin conexión a internet, luego de que activistas preguntaran por él ante su ausencia por más de tres días en las redes sociales.  

Por último, el gremio periodístico continúa siendo víctima de incidentes relacionados con hackeo y ciberacoso. El reportero de América TeVé Mario J. Pentón denunció en Twitter un intento de hackeo de su cuenta de WhatsApp a principios de mes, el 8 de septiembre. Unas semanas más tarde, el 19, compartió una captura de pantalla con mensajes de acoso de un perfil que, al parecer, es anónimo. 

También, la cuenta de Instagram de CubitaNow fue hackeada, según confirmó el propio medio en su página de Facebook. Al momento del cierre de esta nota (30 de septiembre de 2023), el perfil de Instagram hackeado se encontraba nuevamente disponible.

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