Cuba: derechos digitales en crisis (1-31 mayo de 2023)

Ilustración: Art Tonio

En mayo de 2023, las autoridades cubanas cometieron varias violaciones de los derechos digitales de la ciudadanía. Entre las más significativas destacan varios cortes de internet dirigidos a individuos específicos, intentos de hackeo y un apagón de internet luego de una manifestación en la localidad de Caimanera, de la provincia de Guantánamo.

El 2 de mayo, la activista  y periodista Mel Herrera publicó una imagen que indicaba que un “dispositivo desconocido” había intentado acceder a su cuenta de Facebook. Durante el mes de mayo, Herrera denunció acoso y citaciones por parte de la Seguridad del Estado (SE) por su trabajo como periodista.

El 3 de mayo, el activista Adel Bonne Gamboa afirmó que su servicio de internet móvil estaba fallando. El joven reportó otra interrupción el 6 de mayo.

“Desde la tarde del viernes no hay manera [de] que mi móvil con mi línea oficial (y la única que tengo en este momento) acceda a mi Facebook, mi Twitter o mi Instagram”, escribió Bonne Gamboa el 9 de mayo. “Me he tenido que ver en la obligación de tener contactos de emergencia para comunicarme con ellos por SMS directo o llamada normal con todo lo que sabemos que eso conlleva para, al menos, no estar perdido del todo”, agregó Bonne Gamboa.

El 5 de mayo, la activista Marthadela Tamayo, del grupo Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), denunció en sus redes sociales que estaba sin acceso a datos móviles desde su línea personal. Tamayo informó que Lázara Ayllón, Osvaldo Navarro Veloz, Juan Antonio Madrazo Luna, Manuel Cuesta Morúa y María Elena Mir Marrero también se encontraban en la misma situación.

Tamayo dijo a YucaByte que el corte comenzó temprano en la mañana. “Hemos estado ‘anclados’ [conectados a una red wifi], pero no tenemos acceso al servicio”.

El 6 de mayo, Eralidis Frómeta, esposa del preso político Lázaro Yuri Valle Roca, dijo a YucaByte que las autoridades habían interrumpido su servicio de internet móvil desde el día anterior. “Tengo corte de internet acompañado de operativo policial”, añadió. Frómeta comentó que su servicio se restableció poco antes de las 8:00 de la mañana.

El día 7, el profesor y activista Pedro Albert reveló que había sido presionado por la Seguridad del Estado para que no efectuase una marcha a favor de los presos políticos. El Observatorio de Libertad Académica (OLA), que ha seguido el caso de Albert, publicó en Twitter que una de las principales exigencias  hechas por la policía política al profesor consistía en retirar de sus redes sociales “su llamado a varios intelectuales y familiares de presos políticos a acudir al MININT para reunirse con autoridades y discutir la situación de estos”.

Pedro Luis Pedroso, representante permanente del Gobierno cubano ante la ONU, apoyó el día 8 la declaración que otro diplomático del régimen, Adiel Guevara, hizo durante el Cuarto Diálogo Temático del Pacto Global Digital. Guevara “reafirmó” la voluntad de las autoridades de la Isla en “elaborar políticas públicas de internet como un derecho soberano de los Estados”.

En Cuba están en vigor el Decreto-Ley 370 y el Decreto-Ley 35, dos instrumentos jurídicos centrados en limitar la libertad de expresión y sancionar el disenso en internet. Además, el Código Penal, que entró en vigor en diciembre de 2022, considera agravante el uso de las telecomunicaciones en delitos como “instigación a delinquir”, uno de los más utilizados para criminalizar a activistas independientes.

El 9 de mayo, Adrián Rubio, activista cubano exiliado en Italia, aseguró que habían bloqueado su cuenta de Facebook debido a “actividad inusual”. En la publicación de Rubio, Onasis Fernández, quien se opone al Gobierno cubano, explicó que recientemente a él le había sucedido lo mismo.

El 11 de mayo, el periodista independiente Manuel de la Cruz denunció haber sufrido un intento de hackeo. “Seguridad del Estado, si estás aquí entre nosotros, y puedes escucharnos: ¡manifiéstate!”, ironizó.

“En un período de menos de una hora, Facebook me envió dos notificaciones de alerta”, relató el reportero a YucaByte.

El 12, Evert Matos Leyva, encargado de la plataforma El caimán libre, aseguró que había sido detenido por la SE cuando quiso acceder como prensa independiente a una charla que el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, iba a impartir en Moa. Matos Leyva afirmó que estuvo dentro de una estación policial durante siete horas y que allí lo interrogaron y le confiscaron su teléfono móvil, aunque posteriormente se lo devolvieron.

Ese mismo día, la activista Yordanka Battle Moré indicó que había recibido mensajes de la policía política “interesándose” por el estado de su mamá. “No espere que le responda en privado, y mucho menos que le coja una llamada. Tampoco me pare por la calle, no hace falta. Ahórrese el proceso y no pierda tiempo que ambos tenemos cosas que hacer”, publicó.

Según Battle Moré, el acoso persistió en los días posteriores. “No voy a responder por privado. Todo en público”, aclaró la activista.

El 18 de mayo, la periodista Mónica Baró reportó que Jesús Guerra, quien poco antes había hecho transmisiones en vivo por Facebook criticando la gestión gubernamental y exhortando a protestas sociales, había estado detenido durante tres días. “Acabo de saber por una fuente que me pidió anonimato que el santiaguero Jesús Guerra estuvo detenido durante tres días, luego de sus directas del 11 de mayo. En estos momentos está en libertad, aunque probablemente bajo vigilancia”, agregó Baró.

El 18, el periodista independiente José Luis Tan Estrada denunció que había sido detenido cuando iba a visitar a la activista Mambisa Agramontina en una prisión de Camagüey. El agente le comunicó a Tan Estrada que, debido a que era un líder de opinión, “sus publicaciones podrían servir de ‘incitación a delinquir’. Además, [me dijo] que yo no era periodista porque no trabajaba para un medio de prensa oficial, sino para un ‘medio mercenario’, como Diario de Cuba. Que revisara el tipo de periodismo que yo hacía, que no era el correcto”.

El 19 de mayo, Tan Estrada documentó en sus redes que habían intentado hackear su cuenta de Facebook. “Recuerden que yo soy especialista en hipermedia”, advirtió. “Da la ‘coincidencia’ que ocurrió al día siguiente de que me detuvieron agentes de la Seguridad del Estado”, dijo a YucaByte.

El reportero aclaró que, para evitar este tipo de hackeos, era importante activar la verificación en dos pasos, ocultar datos personales del perfil, configurar las alertas de inicio de sesión y activar Facebook Protect. 

Durante el día 20 de mayo, 121 aniversario de la fundación de la República de Cuba, fueron varios los activistas y periodistas independientes que reportaron cortes de internet.

Yoani Sánchez, directora del diario 14ymedio, señaló que le habían interrumpido el servicio a la redacción de su periódico. “También nos han ‘regalado’ una posta de tres agentes de la policía política a las afueras de nuestro edificio para impedirnos salir”, declaró Sánchez.

Juliette Isabel Fernández, esposa del activista Boris González Arenas, añadió que su pareja se encontraba en la misma situación. “Juraría que el año pasado fue igual”, recordó.

De igual manera, varios miembros del CIR confirmaron cortes de internet. Entre ellos, Manuel Cuesta Morúa, María Elena Mir Marrero, María Mercedes Benítez Rodríguez, Osvaldo Navarro Veloz y Marthadela Tamayo. Cuesta Morúa, además, tenía vigilancia policial.

El 21 de mayo, trascendió que la youtuber y exprofesora Hilda Núñez, conocida en redes como Hildina, había abandonado el país debido a las presiones de la SE por sus publicaciones en la plataforma de videos. “En su canal Hildina mostraba la precaria condición de vida del cubano común, a la vez que recaudaba fondos entre sus seguidores para ayudar a familias necesitadas en Santiago de Cuba. Esta labor le valió el hostigamiento de las fuerzas represoras del régimen”, explicó el Observatorio de Libertad Académica.

También el 21, el medio Canadian Broadcasting Corporation (CBC) publicó un texto en el que emigrados cubanos en Canadá denunciaban al canal de YouTube del Guerrero Cubano, vinculado al régimen de la Isla, por amenazarlos e intimidarlos. En dicho canal se les acusaba de tráfico de drogas, argumento que no pudo ser sostenido, según la CBC, y que los propios migrantes desmintieron.

El 25, 14ymedio publicó una nota sobre las limitantes en cuanto a libertad de expresión en redes sociales acarreadas en la nueva Ley de Comunicación Social, aprobada a finales de mayo.

“En la práctica”, publicó el diario, “bastará hacer un comentario o reaccionar a favorablemente a una publicación que se considere que tiene el ‘objetivo de subvertir el orden constitucional’ o ‘instigar el terrorismo y la ciberguerra’ para contravenir la ley, aunque se desconoce cuál será la penalización”.

De acuerdo con 14ymedio, la nueva ley prohíbe, además, “las críticas a altos funcionarios, difamar, calumniar o injuriar a las personas, órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país”, algo que es probable que se utilice para criminalizar el activismo independiente y al disenso en general.

El día 27, por tercera ocasión en el mes, varios miembros de CIR reportaron una interrupción de su servicio de datos móviles. Esta vez los afectados fueron Juan Antonio Madrazo Luna, Manuel Cuesta Morúa, Osvaldo Navarro Veloz, María Elena Mir Marrero y Marthadela Tamayo.

El 28 de mayo, el activista y periodista Boris González Arenas reportó que había llegado a estar 20 horas sin acceso a internet. Mientras duró el corte, González Arenas documentó la interrupción en sus redes.

González Arenas cree que el motivo del corte fue la invitación recibida para participar en una reunión con otros activistas, algo a lo que no había prestado mucha atención y que finalmente no sucedió. “Supieron la lista de participantes y nos las quitaron”, contó a YucaByte. 

Apagón general de internet por protestas en Caimanera

El 6 de mayo de 2023, tuvieron lugar protestas en el municipio Caimanera, de la provincia de Guantánamo, debido a la crisis de derechos y las carencias que enfrenta Cuba. Ante estos sucesos, el Gobierno decidió nuevamente cortar el servicio de internet, invocando razones de seguridad nacional y respaldándose en el Decreto-Ley 35, el cual otorga al Ministerio del Interior la autoridad para tomar medidas en casos que lo requieran en términos de seguridad nacional y orden interior.

Cuba sufre desde hace semanas una crisis en el suministro de combustible, escasez de insumos básicos y una alta inflación, lo que ha tenido un impacto severo en la ciudadanía. La magnitud de las protestas populares en Caimanera y la posterior represión pueden apreciarse a través de numerosos videos y transmisiones en directo.

Parte de la ciudadanía, la prensa y miembros de organizaciones internacionales denunciaron el apagón generalizado, una práctica que ya es común en el régimen cubano. También se reportó una caída de los servicios de WhatsApp y Telegram, que solo funcionaban con VPN.

El colapso del tráfico de internet fue confirmado por varias plataformas encargadas de monitorear la red a nivel global. Los reportes muestran que el apagón comenzó cerca de las 9:00 p.m., hora local, del sábado 6 de mayo.

Al día siguiente ni ETECSA, el monopolio de las telecomunicaciones en la Isla, ni los funcionarios del Ministerio de las Comunicaciones se pronunciaron sobre lo sucedido la noche anterior.

Organismos internacionales de protección de derechos humanos, como el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Artículo 19 y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés), condenaron el corte general y el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos.

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