Rafael Santos, otro cubano víctima del ciberacoso y los intentos de hackeo

Ilustración: Julio Llópiz-Casal

Cerca de las 7 de la noche, del pasado 12 de octubre, Rafael Santos notó que su línea móvil dejó de conectarse a internet. “Definitivamente no es un problema de cobertura ni un apagón general”, pensó Santos, joven programador de profesión. La posibilidad más real era que ETECSA estuviese detrás del corte de sus datos móviles. Para cerciorarse, intentó acceder al servicio de NautaHogar, pero este también había sido bloqueado. En ese entonces, y desde el 10 de octubre, varios activistas, periodistas independientes y ciudadanos con una postura crítica hacia el gobierno se encontraban sin acceso a la red de redes.

Luego me conecté por otra línea y vi que habían intentado acceder a mi cuenta de Telegram. No pudieron porque tengo activada la verificación con PIN, o sea, que tienen que poner un PIN que solo yo conozco para entrar.- cuenta Rafael Santos a YucaByte.

Sin embargo, la persona detrás del intento de hackeo de su cuenta en Telegram, al no poder acceder, procuró que Santos tampoco. El servicio de mensajería SMS también le había sido inhabilitado para que no le llegara por esta vía el código de verificación que envía Telegram. La idea de que ETECSA era responsable de estos hechos era “la posibilidad más real”, en ese momento, se volvió una certeza.

Pude saber que el teléfono desde el que se intentó iniciar mi Telegram, con ese TCL 5058a, es un típico Alcatel, la marca de móviles que suelen usar los agentes de la Seguridad del Estado. Lo que resulta curioso es que, a pesar de aparecer registrado en Nueva York, ese teléfono posee un rango IP perteneciente a Cuba.– dice Santos.

Precavido, el joven echó mano a otra línea móvil que no tardó en ser bloqueada al mismo tiempo que la de su madre.

El acoso a Rafael Santos no hizo más que aumentar durante el siguiente día. Todavía se encontraba incomunicado, buscando vías alternas para poder conectarse a internet, cuando supo que en la casa donde vive su hija habían llamado preguntando por él. Del otro lado del teléfono alguien decía que le estaban localizando. Algo similar ocurrió después en casa de su madre.

No creo que este acoso se deba a una publicación específica mía. Más bien creo que es un cúmulo de cosas, porque soy bastante activo políticamente en Twitter.– explica Rafael Santos, quien no se enfrenta por primera vez a artimañas intimidatorias de la Seguridad del Estado.

Hace unos meses, la policía política cubana intentó localizarlo de la misma forma en que ahora lo hace. Una vez pudieron hablar con él por teléfono, le citaron verbalmente para un interrogatorio. A pesar del riesgo que conlleva desobedecer estas citaciones, aun cuando estas no se realicen de acuerdo a la ley, no asistió. Según Rafael Santos, no le “molestaron más” hasta el pasado 13 de octubre.

Tampoco, explica, esta es la primera vez que le acosan por el ciberespacio. Al igual que ha ocurrido con otros activistas cubanos relacionados con el mundo de las tecnologías, como Saily González, han puesto sus contactos en la página de anuncios Revolico. Aquí le han catalogado de vendedor de piezas de computadoras, algo que pudiera servir de excusa para sancionarle bajo el delito de actividad económica ilícita.

Actualmente, Rafael Santos tiene un relativo acceso a internet. Si bien le devolvieron la conectividad de los servicios de NautaHogar y datos móviles, la velocidad de conexión que posee es demasiado baja, menos de 20 Kb por segundo. Según el joven, esto pudiera deberse a que ETECSA aplica sobre él una bandwidth throttling, técnica de censura e incomunicación que ha sido aplicada por varios regímenes no democráticos como Egipto, Siria, Turquía, China y Myanmar.

Rafael Santos hizo una reclamación a ETECSA por la situación de sus servicios de NautaHogar. Según afirma el joven programador, la empresa recogió el reporte bajo el número 8305900. Dos días después, al volver a comunicarse con el servicio de atención a clientes del monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, le respondieron que su reclamación nunca fue hecha.

El jueves 14 de octubre, Rafael Santos fue citado a comparecer en la unidad policial del municipio habanero de Marianao en horas de la mañana. El viernes 15, luego de ser sometido a un interrogatorio por la policía política, le aplicaron el Decreto Ley 370 por expresarse libremente en redes sociales. Debido a esta sanción, el joven programador ha sido obligado a pagar una multa de 3.000 CUP. La publicación por la que fue sancionado cuestionaba la común acusación del gobierno cubano a los periodistas y activistas de la isla respecto a recibir fondos de Estados Unidos.

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