Cuba: derechos digitales en crisis (1ro -31 de octubre de 2022)

Ilustración: Carmen Barruecos

Varias violaciones de derechos digitales ocurrieron en el mes de octubre en Cuba. Cortes de internet dirigidos a activistas específicos, multas por el Decreto-Ley 370, ciberacoso y amenazas en redes sociales fueron algunas de las vulneraciones identificadas.

La activista y periodista independiente Yunia Figueredo dijo a YucaByte que en octubre cumplió 7 meses y medio sin conexión en su línea. “Yo fui a ETECSA, (la única empresa de telecomunicaciones de Cuba). Allí me mandaron para la casa y días después me llamaron por teléfono. (Cuando fui) me cambiaron la línea, pero me dejaron el mismo número. Cogió cobertura el teléfono, 3G, 4G, todo bien. Tres días, al tercer día me la volvieron a tumbar completa hasta hoy”, relató.

El 1 de octubre el activista Pedro Víctor Serrano denunció que sufrió un corte de internet por parte de ETECSA. Serrano hizo la denuncia en Twitter por una vía de conexión alternativa.

Luz Escobar, periodista del diario 14ymedio, reportó que estaba sin servicio de datos móviles el día 4 de octubre. Escobar dijo que ETECSA se había dedicado a cortar el internet en todo el país durante las protestas que ocurrieron a finales de septiembre y hasta el 1 de octubre. La reportera indicó que, a pesar de que la compañía había restaurado la conexión en la madrugada del día 1, ella seguía sin poder acceder a internet.

Escobar contó a YucaByte que el corte se extendió hasta el viernes 7 de octubre, y que terminó a las 3 de la tarde aproximadamente. La periodista también reportó que en el mes de septiembre había sido atacada desde una página de Facebook asociada al gobierno.

La directora de 14ymedio, Yoani Sánchez, aseguró estar en una situación similar a la de Luz Escobar. “Casi una semana con el servicio de internet cortado en nuestros móviles… y no, no es algo que esté pasando en la zona donde vivimos porque vecinos y otros residentes cercanos tienen la posibilidad de navegar en la web desde sus celulares”.

 

“Evidentemente se trata de un castigo o penalización tecnológica para evitar que hagamos nuestro trabajo de informar sobre lo que pasa en #Cuba, especialmente las protestas populares de los últimos días” continuó su denuncia. Sánchez también afirmó que entre los afectados estaban el periodista Reinaldo Escobar y la redacción de su diario.

El 5 de octubre la activista y exprofesora universitaria Omara Ruiz Urquiola dijo que le habían cortado el internet a su madre en Cuba. Este corte de internet sucedió luego de que Ruiz Urquiola publicara un video donde su madre mostraba la destrucción causada por el huracán Ian a su finca en Pinar del Río.

Ruiz Urquiola trató de regresar a Cuba para ayudar a su madre en la reconstrucción de la finca, pero la aerolínea le negó el derecho a subir al avión, por órdenes de las autoridades cubanas. Esta fue la tercera vez que Omara intentó regresar a Cuba desde que viajó a Estados Unidos a una consulta médica para tratarse el cáncer que padece.

El día 6 el periodista Mario J. Pentón, de AmericaTeVe, contó que recibió una “videollamada obscena desde Cuba”. Según Pentón esa misma estrategia ha sido utilizada contra activistas, periodistas y opositores.

“Estoy en mi escritorio trabajando y de pronto veo una videollamada de Cuba, con un número cubano. Como normalmente yo atiendo las llamadas de Cuba lo que hice fue automáticamente descolgar la llamada para ver qué cosa era. Demoró unos segundos en conectarse y cuando vi la imagen ni siquiera me di cuenta de lo que era. (Luego) veo un pene, un hombre masturbándose, la cara del hombre no se veía, evidentemente mi imagen sí se ve reflejada en la pantallita pequeña. Por supuesto, inmediatamente colgué”, describió Pentón a YucaByte su experiencia.

“Cogí, llamé por teléfono, además de denunciarlo, porque por supuesto, me imagino que esto es otra componenda de la Seguridad del Estado. Llamé desde mi escritorio al número, que es un número +53 56…, que son números recientes, un número que utiliza normalmente la Seguridad del Estado para acosar a los activistas y la persona no contesta o cuando contesta no habla. Evidentemente esto es una maniobra más para tratar de silenciar el periodismo que hago”, resaltó.

El activista por los derechos LGBTIQ+ Adelth Bonne Gamboa denunció el 11 de octubre que le habían interrumpido el acceso a internet y que se estaba conectando por una vía alternativa.

“Ese tipo de corte de internet momentáneo, sobre todo cuando están sucediendo cosas importantes es algo que ellos han hecho normal, sobre todo en las líneas a las que ellos tienen acceso, las que ellos saben que son de nosotros. Este último corte fue cuando las protestas en el país. Yo como activista estaba reportando lo que pasaba”, contó a YucaByte Bonne Gamboa.

“Yo normalmente uso líneas alternativas que no tienen mi nombre, que no están a mi nombre. De hecho, por ahí nadie me llama ni nada. Solo las uso para internet”, explicó.

El 14 de octubre fue detenida la activista camagüeyana Ienelis Delgado Cue, conocida en redes sociales como Guerrera Agramontina y Mambisa Martiana. Delgado Cue fue multada ese mismo día con el Decreto-Ley 370.

La madre de Delgado Cue le dijo a la periodista Iliana Hernández el 16 de octubre que a su hija le habían quitado el teléfono las autoridades, para “saber quién la llama” y borrar sus publicaciones. El medio independiente La Hora de Cuba informó que en las últimas semanas la activista se mantuvo reportando sobre los apagones y las protestas que ocurrían en Camagüey en sus redes.

El 22 de octubre el partido Foro Antitotalitario Unido (FANTU) denunció en Twitter que José Carlos Fernández, coordinador de FANTU en Ciego de Ávila, tenía inutilizada su línea de teléfono móvil. Según este partido opositor, ETECSA, en contubernio con la Seguridad del Estado, había mantenido a Fernández en esa situación por varios meses.

Ese mismo día 22 el joven católico y periodista independiente Adrián Martínez Cádiz fue multado con el Decreto-Ley 370. Martínez Cádiz escribió en un post de Facebook que los oficiales de la Seguridad del Estado lo acusaban de “incitar a la gente a salir a las calles” y “hablar mal del presidente” con sus publicaciones.

Martínez Cádiz afirmó que cuando cuestionó a los inspectores que le pusieron la multa sobre qué era considerado “interés social”, “moral” y “buenas costumbres”, estos le contestaron: “Eso está más que claro, yo no tengo que explicar nada”.

Los términos a los que se refiere Martínez Cádiz aparecen en el inciso d del artículo 68 del mencionado Decreto-Ley, artículo por el cual fue multado, y no están definidos en el cuerpo legal del decreto.

El 24 de octubre varias compañías de redes sociales suspendieron cuentas que difundían la propaganda del gobierno cubano y que habían incumplido sus normas internas. Twitter, además, etiquetó a perfiles pertenecientes a medios de prensa oficialistas como “afiliados al gobierno”. 

De acuerdo con las políticas de Twitter, se considera que un medio está afiliado a un gobierno cuando es el estado quien “ejerce control sobre el contenido editorial mediante recursos financieros, presiones políticas directas o indirectas o el control sobre la producción y distribución”.

En las directrices de uso de la plataforma que regulan el empleo de las etiquetas de “afiliado a un gobierno”, se lee que: “En circunstancias limitadas en las que existe un mayor riesgo de perjuicios, incluidas las situaciones en las que el gobierno bloquea el acceso a la información en Internet en el contexto de un conflicto armado, Twitter tampoco recomendará ni amplificará entre los usuarios ciertas cuentas gubernamentales, ni sus Tweets, que lleven estas etiquetas”.

Algunas cuentas de instituciones y periodistas vinculados con el poder en Cuba se quejaron de estas medidas, calificándolas de “estigmatizantes”, “arbitrarias” y “coercitivas”.

Parte de la ciudadanía denunció esta queja del gobierno cubano, un estado que vulnera de manera constante sus derechos digitales.

“Y los dos meses que me tuvieron sin servicio de internet, se ponen bravos cuando le dan una cucharada de su propia medicina”, respondió el historiador laico católico Leonardo Fernández Otaño a la cuenta en Twitter del Ministerio del Interior.

“Paso a recordar que los que hoy hablan de censura son los mismos que aplauden cuando el régimen corta las comunicaciones en todo el país para reprimir impunemente… los que bloquean medios de prensa y encarcelan o destierran a periodistas”, escribió el activista de derechos humanos Magdiel Jorge Castro.

El 28 de octubre Haisa Fariñas, hija del opositor Guillermo “Coco” Fariñas, reportó que la Seguridad del Estado había vaciado la cuenta de datos móviles de su padre para que no tuviera comunicación con su familia luego de una detención. Fariñas dijo que en ese momento desconocía los motivos del arresto y el paradero de su padre.

El 29 de octubre, el periodista Pedro Sosa Tabío denunció que a su cuenta personal de correo electrónico llegó una notificación de inicio de sesión desde una computadora Mac que él no había autorizado. “Hackearon mi cuenta de Google y accedieron a mi correo y otros datos personales”, aseguró Sosa Tabío.

“La notificación la recibí el día 29, sobre las 5 y 20 de la tarde. Yo tenía mi correo abierto en mi teléfono y en el de mi novia. Mi teléfono tiene las notificaciones apagadas. Ella fue la que me avisó y me mandó captura de pantalla. Hasta ahora, esa es la única señal que tengo. En redes sociales he recibido comentarios de odio y algo así, que creo que es común entre todos los periodistas independientes y activistas”, explicó el reportero a YucaByte.

Captura de pantalla del correo electrónico de Pedro Sosa Tabío

“Como tal mensajes al privado nada, ni muestra de que nadie haya hecho algo con mis cuentas que no haya sido yo. Revisé los correos enviados a ver si habían enviado correos a las personas desde mi cuenta y nada. Supongo que no han hecho ninguna acción o al menos no parece. Simplemente entraron y tomaron la información y los correos”, comentó.

Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, aseguró el 31 de octubre que el régimen cubano se había creado una página en Facebook para desacreditar a activistas y familiares de presos políticos.

La página se llama “Villa Clara en la mira”, y su foto de perfil es un montaje con las fotos de varios activistas villaclareños dentro de una mira de un francotirador. Además de la familia García Lorenzo, la página también le ha dedicado publicaciones a Samuel Rodríguez Ferrer, fundador de la ONG Fondos para las Víctimas del Comunismo, que sostiene económicamente desde el exterior a la denominada Red Humanitaria de Ayuda a los Valientes del #11J.

Entradas creadas 289

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

5 + veinte =

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba