Cuba: derechos digitales en crisis (15 abril -1ro de mayo de 2022)

 Ilustración: Alejandro Cañer

Durante el mes de abril, miembros de la sociedad civil reportaron una disminución de su velocidad de internet. Los últimos días del mes estuvieron caracterizados por una ola de represión destinada a asegurar que voces disidentes no se manifestasen como forma de protesta contra el acto por el primero de mayo en Cuba, que es una de las fechas más significativas para el gobierno.

El 16 de abril, alrededor de las 12 del mediodía en la isla, se reportó una drástica caída del servicio de internet. Varios de los clientes de ETECSA, la única empresa de telecomunicaciones, confirmaron que su acceso a la red se había visto restringido. La situación continuó igual para algunas personas el día 17, según demostraron la emprendedora Saily González Velázquez y el activista Pedro Víctor Serrano, residentes en Villa Clara y Pinar del Río, respectivamente.

El proyecto IODA de la Universidad de Georgia, creado para difundir la existencia de cortes de internet alrededor del mundo, corroboró con sus registros la ralentización de la conexión.

El 18 de abril, Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, denunció en Twitter que el gobierno cortó la comunicación con sus compañeros en Matanzas. En ese momento, los opositores Sayli y Félix Navarro, líderes del partido Pedro Luis Boitel e integrantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, junto a otros condenados por las protestas del 11 de julio (11J) en Perico, Matanzas, estaban en el tribunal de apelación escuchando su sentencia.

 

En la Isla de la Juventud, los miembros del Partido Autónomo Pinero, Osvel Barzagas Claro y Dayanis Salazar fueron multados con el Decreto-Ley 370, conocido como Ley Azote, el día 21 de abril. Salazar fue penada por publicaciones en redes sociales donde denunciaba el acoso hacia personas pertenecientes a su partido. Por su parte, Barzagas fue acusado de publicar en sus redes un documento hecho por el Ministerio del Interior (MININT) donde se les llamaba “elementos antisociales”. Barzagas permaneció detenido hasta el 26 de abril por desobediencia: rompió su teléfono cuando un agente de policía se lo pidió para decomisárselo como parte de la sanción.

Según el proyecto Inventario, desde julio de 2019, cuando entró en vigor el decreto, han sido multadas un total de 58 personas.

YucaByte pudo confirmar que al secretario general de la Asociación Sindical Independiente Iván Hernández Carrillo, le fue interrumpido el servicio de internet el 24 de abril. Su conexión fue restablecida el miércoles 27 a la 1 y 30 de la tarde, aunque con cortes frecuentes hasta el día 28.

El 26 de abril, el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios denunció que Joel Tor Caballero recibió un SMS con amenazas de la policía política.

Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente preso político Jonathan Torres, informó a YucaByte que ella y su esposo del 23 al 24 de abril y del 30 al día 2 de mayo se mantuvieron sin conexión. 

Wilber Aguiar, padre del preso político Walnier Luis Aguiar, nos dijo que desde el día 26 no cuenta con servicio de datos móviles. Aguiar ha visitado varias oficinas de ETECSA, donde no le han podido aclarar el por qué ni le han dado solución. Tampoco le han dejado adquirir una nueva línea móvil.

Yanaisis Curbelo, madre del preso político Brandon David Becerra Curbelo, reportó que durante la madrugada del 30 disponía de conexión, aunque la misma era muy lenta.

Por otro lado, el día 1 de mayo el Consejo para la Transición Democrática anunció que los opositores Darien Columbie, Eroisis González, Fernando Palacio, Ivan Hernandez Carrillo, Maria Elena Mir, Sara Cuba Delgado, Nairobis Sheri, Juan Antonio Madrazo, Osvaldo Navarro Veloz, Marthadela Tamayo, Manuel Cuesta, Zuleidis Lisbeth Vázquez, Elsa Litzi Issac y Pedro Acosta tenían sus líneas bloqueadas, por lo que no podían acceder a los datos móviles y en muchas ocasiones ni siquiera a servicios básicos de telefonía.

 

De igual forma, el día 1 de mayo la enfermera Welsimys Pérez, residente en la provincia de Holguín, dijo en una transmisión en vivo por  Facebook que había sido agredida físicamente por cinco agentes del gobierno. Los represores le quitaron su teléfono móvil. Según informó Pérez, ese fue el tercer celular que le han arrebatado.

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