Código de las Familias ¿derechos reconocidos o arma de doble filo?

Ilustración: Alejandro Cañer

Durante muchos años, la comunidad LGBT+ ha luchado porque se reconozcan sus derechos más básicos, es decir, el reconocimiento de su existencia y la responsabilidad que asume el Estado por ello, así como garantías jurídicas que le permitan, por ejemplo, establecer vínculos matrimoniales. En 2019, con la nueva Constitución, parecía que estas viejas exigencias iban, al fin, a ser escuchadas. Pero no fue así.

Casi tres años después, el tema de los derechos de la comunidad LGBT+ regresa como centro de uno de los debates más polémicos en la esfera pública nacional, a pesar de ser

solo una parte del nuevo Código de las Familias (CF). Este Código, que fue sospechosamente postergado por el Gobierno desde que en 2019 se anunció la posibilidad de su redacción y aprobación, ha llegado esta vez bajo la forma de un anteproyecto.

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) no ha hecho más que encender nuevamente la mecha del debate, que en no pocas ocasiones asume la forma de fuertes encontronazos, al proponer un examen público del anteproyecto. Dicho examen fue bautizado como “consulta popular”, y se supone que ocurra entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2022.

Sin embargo, solo se trata de una consulta no vinculante, es decir, que el debate de la sociedad civil al respecto, a ojos del Estado, no define ni propone ni opone nada. Formalmente es, digamos, una manera de mapear el criterio de la ciudadanía antes de que la ANPP trabaje sobre el anteproyecto y lo lleve luego a referéndum. Para ello, las autoridades del país han dispuesto unos 78 000 “puntos de reunión” que comprenden, sobre todo, asambleas en los barrios, aunque también se habilitaron correos electrónicos para que los ciudadanos enviaran sus criterios a los órganos legislativos del país.

En otras palabras, la encarnizada batalla en redes sociales entre quienes aprueban o rechazan el anteproyecto no influye siquiera dentro de la llamada consulta popular.

 A favor

En verdad, el debate alrededor del anteproyecto del nuevo CF trasciende el enfrentamiento entre aquellos que están a favor de su aprobación y quienes están en contra. Podría hablarse, incluso, de una tercera posición: quienes aprueban algunos puntos del documento y, a la vez, condenan otros, sintiéndose en un irresoluble dilema moral. Esta tercera postura, de acuerdo a las palabras de quienes la defienden, es de “sentimientos encontrados”.

Pero empecemos por quienes están a favor.

La jurista y activista por los derechos de la comunidad LGBT+, Lidia Romero, defiende que el nuevo CF es “inclusivo, plural y democrático”. Afirma, además, que los avances que muestra no deben ser reducidos al matrimonio igualitario.

-El Código reconoce también la igualdad de género y los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, las diversas formas de parentesco y su responsabilidad en el cuidado de adultos mayores y personas en situación de discapacidad, el matrimonio y la unión de hecho independientemente de la orientación sexual e identidad de género de la persona, prohíbe el matrimonio infantil, autoriza la gestación solidaria y condena la violencia familiar.- explica Romero.

Por su parte, Adiel González Maimó, activista LGBT+ y cristiano practicante, considera que el texto normativo cumple con las demandas históricas de su comunidad y con otras igual de importantes, como la eliminación del matrimonio infantil. Sin embargo, aclara que es necesario decir que el nuevo CF no se debe solo a un interés específico del Gobierno, sino a la lucha que durante años ha llevado a cabo la comunidad LGBT+ y los colectivos feministas del país por el reconocimiento de sus derechos.

-Este Código de las Familias es el resultado de nuestros activismos, es fruto nuestro también. Y por eso pienso que hay que defenderlo, recibirlo con satisfacción. Hay que decir SÍ mil veces por él, porque es una propuesta más moderna y mejor que el Código vigente, de 1975. Es una propuesta más abarcadora, que va a beneficiar a todas las familias cubanas, sin imponer modelos.

De manera general, los activistas independientes que defienden el nuevo CF afirman que este no promueve la creación de nuevos tipos de familia, sino que reconoce y da respaldo legal a una pluralidad que existe desde hace tiempo. Así lo expresa el activista LGBT+ y ecologista Isbel Díaz Torres:

-Como hombre gay, me interesa mucho que el Código comenzará a reconocer configuraciones de familias diferentes a la clásica paraje heterosexual, con lo que ganamos legitimidad en una dimensión que antes no teníamos.

Isbel Díaz también señaló que el empoderamiento de la comunidad LGBT+ es una buena noticia, pero que ello no significa renunciar a la lucha por más derechos para todos los ciudadanos.

-Somos y vamos a ser personas aún más empoderadas, ciudadanos y ciudadanas de verdad para seguir dando el rostro ante una dictadura que ha intentado, intenta e intentará instrumentalizar a su favor esta victoria de las familias cubanas. Ya éramos difíciles, así que ahora, empoderadxs, seremos aún más difíciles de doblegar. Nada que agradecer y sí mucho que exigir.- recalca el activista.

A veces, en los debates en redes sociales asistimos a reducciones y simplificaciones de las distintas posturas respecto al CF. Craso error. El maniqueísmo y la polarización no sólo entorpecen el intercambio de ideas entre miembros de la sociedad civil, sino que reflejan una realidad que no es tal. Quienes defienden el CF desde el activismo independiente, por ejemplo, no suelen hacerlo de manera rígida y absoluta. Muchos son conscientes de las imperfecciones de esta norma, y también del contexto sociopolítico en que ha salido a la luz. Sin embargo, entienden que se trata de un logro de la lucha civil que solo debe servir para impulsar nuevas luchas y nuevas conquistas.

En una entrevista para este reportaje, la activista feminista Marta María Ramírez lo explicó de la siguiente manera:

-¿Qué el CF es un lavado de cara del Gobierno? Sí, pero insisto en que esos lavados de cara nos permitirán decirles cuándo están incumpliendo sus propias normas, porque ese código ahora no es una expresión de la voluntad política del Gobierno, sino de la voluntad popular. Porque si el Estado de verdad quisiera ese Código, y hablamos de un Estado ultraconservador, ya tendríamos CF, incluso uno más progresista y aterrizado a la realidad cubana. Lo está llevando a referéndum porque sabe que nos va a dividir políticamente, que hay temas que provocan polarización. Pero si votamos NO o nos abstenemos, votaremos a favor del Estado cubano. Solo votando SÍ estaremos en la posición de decirle al Estado que no estamos con él y que entre nosotros podemos ponernos de acuerdo en una postura que implica justicia.

El tema, como puede apreciarse, es mucho más complejo de lo que aparenta ser. Quienes defienden el CF, no solo son conscientes de las implicaciones negativas que también esconde esta normativa, sino que señalan sus deficiencias.

Para Lidia Romero y Adiel González, el nuevo CF no concreta en su redacción el enfoque de género que se exige desde el activismo independiente. Ambos señalan que el cuerpo de la norma mantiene un lenguaje binario y evita nombrar, por ejemplo, a las personas trans. Por su parte, Isbel Díaz cuestiona la falta de transparencia del anteproyecto, “tanto en la concepción del mismo, como en el diseño de la consulta popular y la ausencia de auditores independientes». Además, advierte que el CF no ha salido a la luz gracias al Gobierno, sino a pesar de este, lo cual significa que será la comunidad LGBT+ quien deba defender el cumplimiento de la norma.

Otros señalamientos al nuevo CF de parte de quienes defienden su aprobación son: la  necesidad de un comprometimiento formal y legal del Estado en los cuidados a adultos mayores y personas en situación de discapacidad, la ausencia de un capítulo dedicado a la protección de las infancias trans, la urgencia de definir mejor y sancionar la violencia machista y la preocupante posibilidad de que se prive de la responsabilidad parental por motivos políticos.

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Desde que las autoridades del país llamaron a consulta popular sobre el anteproyecto del CF, la prensa oficial ha desarrollado algo más que una campaña de información sobre este proceso de “participación ciudadana”. Dichos medios se han posicionado abiertamente en favor de la aprobación de este cuerpo normativo y, además, se han encargado de “desmitificar” los recelos e inquietudes de quienes no ven del todo claro que el CF en discusión sea el que esperan y merecen las familias cubanas. 

La prensa oficial cubana también ha convertido a Miguel Díaz-Canel en una de las figuras políticas más preocupadas por los derechos de la comunidad LGBT+. Desde hace varios meses, el presidente se ha vuelto el eje de los textos que abogan por la aprobación del CF, incluso por encima de otras personalidades que tradicionalmente se han ocupado de este tema desde las instituciones estatales, como la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENSEX), Mariela Castro Espín.

Uno de los tantos artículos sobre el tema que han visto la luz en Granma y Cubadebate  desde hace meses informa de una reunión entre Díaz-Canel y activistas LGBT+ en el Palacio de la Revolución, en octubre de 2021. El encuentro -donde también participó Mariela Castro- cumplió su objetivo, que en palabras del presidente fue “construir entre todos el país que queremos y perfeccionar el socialismo”. El sesgo ideológico de esta reunión no solo se vio reflejado en la intervención de Díaz-Canel, sino también en el hecho de que entre los activistas participantes no se encontraba ninguno que también defendiera el derecho a las libertades políticas y civiles en la Isla.

En febrero de 2022, Granma también publicó una serie de notas que daban cuenta de la presencia de Díaz-Canel en debates populares desarrollados en todo el país. Uno de ellos, realizado en Holguín, fue catalogado por el presidente como “amplio y abierto”. Díaz-Canel, además, supuestamente defendió en la reunión las virtudes del nuevo CF, aclarando que su intención no es “imponer” la normativa.

Por otro lado, la propaganda oficial del régimen no es la única que sostiene que el presidente es un defensor de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+. Desde 2018, cuando Díaz-Canel fue oficialmente designado por Raúl Castro como su sucesor, la agencia de noticias AFP especulaba con la posibilidad de que el mandatario abriera “nuevos caminos para promover la inclusión de las minorías sexuales”.  Por esas fechas, BBC llegó incluso más lejos al afirmar que Díaz-Canel defendía el matrimonio homosexual, mientras  que Washington Blade hablaba de un presidente “gay friendly”. Excepto este último medio, los demás solo consultaron fuentes oficiales o activistas vinculados a instituciones estatales. Washington Blade publicó un texto de la revista cubana Tremenda Nota, donde se  celebraba el pasado de tolerancia de Díaz-Canel, cuando era un dirigente político en Villa Clara y apoyó el espacio de reunión de la comunidad LGBT+ “El Mejunje”. No obstante, el texto también critica el apoyo del presidente “a otras censuras, como a los medios independientes”.

En resumen: Díaz-Canel dice Sí al nuevo CF y cuenta con un aval mediático de apoyo a la comunidad LGBT+ que ha explotado, incluso, en sus redes sociales. El pasado 21 de febrero, por ejemplo, publicó en su cuenta de Twitter, a raíz de la reciente teleserie “Calendario”, un mensaje con el siguiente hashtag: #LaHomofobiaNoSeUsa.

La tercera posición

Lo que hemos llamado “la tercera posición” no difiere mucho de lo que piensan aquellos que optan por la aprobación del CF. La diferencia está en que quienes se sitúan en ella aluden a una especie de dilema moral donde los aspectos negativos de la norma pesan tanto como los positivos.

Para Adelth Bonne Gamboa, activista por los derechos de la comunidad LGBT+, hay tantas razones para votar SÍ por el CF como para votar NO. El tema de la responsabilidad parental, por ejemplo, es para Bonne algo por lo que la sociedad civil cubana debiera preocuparse, ya que, por la ambigüedad de su redacción en el CF, amenaza con la posibilidad de que el Estado prive de este derecho a los padres involucrados en labores y organizaciones de activismo y oposición política.

Sobre esto opina Marta María Ramírez

-Hay preocupaciones políticas y muy serias, como esta de que puedan quitarle los hijos a los padres, pero eso ya está. Con quitar la patria potestad se ha amenazado a activistas. Los y las activistas que tenemos hijos siempre tememos que se ejerzan esas presiones sobre nosotros. Eso ya ha pasado y está documentado.

Realmente, el nuevo CF no diría en este sentido mucho más que su predecesor, excepto porque cambia el término «patria potestad» por «responsabilidad parental» y porque advierte que la decisión de retirarla es de último recurso y de acuerdo a principios generales del derecho.

Adelth Bonne considera, además, que el nuevo CF está todavía muy lejos de ser una normativa totalmente inclusiva, ya que no comprende una ley de identidad de género que proteja a la comunidad trans.

-Yo agregaría al CF una ley de identidad de género y derechos a la comunidad trans, que ha sido super guerrera en este sentido. Esta ley es sumamente importante, ya que permitiría a los y las trans que puedan insertarse en la sociedad de manera normal, tal y como son, sin sufrir discriminación.- sugiere Bonne Gamboa.

Las razones de estos activistas independientes para rechazar el nuevo CF también  trascienden al texto normativo en sí. De hecho, muchos de sus argumentos tienen un marcado carácter político, definido por el momento y contexto en que sale a la luz la ley.

Para el activista pinareño Pedro Víctor Serrano resulta “estupendo” el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+ y de las familias en general, sin embargo, opina que resulta inaceptable que estos sean llevados a referéndum.

-En lo personal, también creo que el CF está siendo usado por el régimen para subirse al carro del “progresismo” y venderse como un Estado inclusivo, aprovechándose de las minorías y también de cierto romanticismo de izquierda. Es una técnica populista que funciona. Yo quiero derechos humanos para todos, pero los derechos no se someten a votación. El Estado tiene la obligación de garantizarlos, no de otorgarlos como si se tratara de un acto de benevolencia.- explica Serrano.

Adelth Bonne, por su parte, considera que el CF es una cortina de humo, por lo cual rehúsa de ejercer los derechos que le ofrece.

-Como activista, siempre pensé que me pondría contento con el CF, más si se aprueba una ley de identidad de género. Pero, a la vez, me niego a hacer uso de esos derechos. O sea, pueden aprobar el matrimonio igualitario, pero yo no me pienso casar en dictadura. Yo quiero ser consecuente con mi activismo y con las cosas que denuncio en redes sociales. No puedo aceptar derechos de quien tiene encarcelada a gente de la comunidad LGBT+  que se manifestaron el 11J, de alguien que tiene a menores de edad como presos políticos. Si el CF salió a la par que el Código Penal (CP) es precisamente porque la población le pondrá más atención al primero. El CP representa un peligro grave y real, así que considero que el CF es una cortina de humo, una jugada muy sucia.- afirma este activista.

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El origen de la discriminación y la represión del régimen cubano hacia la comunidad LGBT+ pudiera encontrarse en las tristemente célebres Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), campos de trabajo forzado al que eran enviados homosexuales, religiosos y todo aquel que, según Fidel Castro, diera muestra de actitudes “elvispreslianas”. Sin embargo, no es necesario ir tan lejos para documentar la homofobia y el doble rasero del Gobierno.

Hace apenas tres años, específicamente en mayo de 2019, activistas independientes convocaron a una marcha en favor de los derechos de la comunidad LGBT+, la cual se realizaría a lo largo de la calle Prado y llegaría hasta el Malecón, en La Habana. La razón de dicha convocatoria fue la suspensión por parte del CENSEX de su tradicional “Conga contra la Homofobia y la Transfobia”, que sí contaba con el visto bueno de las autoridades políticas.

La marcha pacífica se realizó el día 11 de mayo, no obstante, terminó bajo el asedio de fuerzas policiales y de la Seguridad del Estado, que respondieron con violencia contra los manifestantes, y más tarde arreciaron la persecución y las amenazas a los principales promotores del evento. Así lo describió la cantante Haydee Milanés, quien participó en la marcha:

“Llegamos hasta Malecón y Prado y ahí estaban todos armados: desde policías vestidos de civiles, hasta policías vestidos de policías, patrullas, camiones a los costados, etc., muy poco civilizados, la mayoría con las peores maneras, bastante faltos de respeto y despectivos hacia la comunidad. Eran unos trogloditas maltratando a gente que eran en su mayoría estudiantes, diseñadores, artistas, profesionales, actores, en fin, personas que venían en son de amor y paz, sencillamente defendiendo un espacio que les corresponde, con consignas como: Cuba diversa, o ¡Sí se pudo!”

La marcha, que después fue conocida como 11M, dejó un saldo de varios detenidos y golpeados por la policía política del país, la cual, dicho sea de paso, responde a las órdenes del supuesto presidente “gay friendly”. 

Por su parte, Mariela Castro declaró que esta caminata pacífica fue en realidad “un show respaldado por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos”. Al año siguiente, la directora del CENESEX volvió a arremeter contra los activistas LGBT+ independientes, a quienes llamó “baratijas” y “garrapatillas”.

 

Un año antes, en 2018, fue llevada a votación la nueva Constitución del país, plagada de artículos que, según advirtieron varios activistas, blindaban aún más los poderes totalitarios del Partido Comunista de Cuba, a la vez que limitaban el ejercicio de derechos civiles y políticos de la ciudadanía. El Gobierno, por su parte, implementó una campaña en favor del SÍ, a la que acompañó de una fuerte represión sobre quienes promovieron el voto negativo o la abstención. A su vez, el régimen direccionó el debate sobre la Constitución hacia el artículo 68: aquel que establecía que el matrimonio podía darse entre personas y no solo entre hombre y mujer, como estaba escrito en la Constitución de 1976.

El artículo 68, según datos oficiales, fue el más debatido y polémico. Finalmente, la Constitución fue aprobada sin que la población hiciese especial énfasis en otros apartados que “legalmente” limitaban sus derechos más básicos. El matrimonio igualitario, además, fue aparcado a última hora con el anuncio de que sería llevado más adelante a referéndum, lo cual hace sospechar que haya sido utilizado por el régimen como cortina de humo para lograr la aprobación de su Constitución y escudarse en el apoyo popular.

En marzo de 2020, el entonces Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) censuró una escena de la película Love Simon, en la cual dos jóvenes gays se besaban. Esta muestra de homofobia institucional movilizó a los activistas y miembros de la comunidad LGBT+, quienes convocaron a una besada frente a la sede del ICRT. El día de la besada, el lugar fue sitiado por patrullas policiales y agentes de la Seguridad del Estado. Algunos de los que iban a participar ni siquiera pudieron llegar a la esquina de 23 y M, en el Vedado, La Habana. Tal fue el caso del periodista y activista Jancel Moreno y del artista y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quienes fueron detenidos poco antes para evitar que asistieran. Otros activistas, como Yadiel Cepero, fueron amenazados con fuertes represalias en caso de que se presentaran en el lugar de la convocatoria. Al final, el ICRT se disculpó públicamente por haber censurado aquella escena, sin embargo, no lo hizo por haber aceptado la presencia de policías en los alrededores de su sede para reprimir a los activistas.

En contra

Las posturas en contra de la aprobación del nuevo CF han tenido, dentro de la sociedad civil, a comunidades religiosas como sus principales defensores. Si durante el tiempo en que el tema del matrimonio igualitario alcanzó la Constitución el régimen se mantuvo hostil hacia la comunidad LGBT+ y otorgó ciertas licencias a grupos religiosos para manifestarse en contra, ahora parece ocurrir lo opuesto.

Son varias las comunidades religiosas, especialmente bautistas y evangélicas, que en los últimos meses han pedido espacios públicos desde los cuales defender su postura. Esta vez, sin embargo, el Gobierno no ha accedido. Ello ha traído diversos encontronazos entre el régimen cubano y los líderes de estas comunidades, quienes afirman que su derecho a la libertad de expresión está siendo violentado.

El pastor Yuri Tamayo, de la iglesia “El Pilar”, en Artemisa, dijo haber recibido amenazas y agresiones de la policía política cubana cuando, en las consultas populares, se pronunció en contra de la aprobación del CF. Algo similar denunció el pastor bautista Yaimel Romaguera, de la iglesia “La Nave”, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón. También Norberto Quesada, líder de la iglesia evangélica “Los Pinos Nuevos”, en Habana Vieja, dijo haber sido llevado a un interrogatorio con oficiales del Ministerio del Interior (MININT) por su activismo en contra del nuevo CF, lo cual también sufrió el pastor bautista Karel Lescay Matos.

Daniel Josué Pérez, líder de las iglesias bautistas “Misión Bereana”, ve con buenos ojos que se permita el matrimonio igualitario, sin embargo, considera una injusticia que el Estado reconozca los derechos de la comunidad LGBT+ y no otros derechos “igual de necesarios”, como es la libertad de culto y asociación.

-Para los homosexuales el CF es bueno, pero se comete una injusticia cuando se legaliza el matrimonio entre ellos y no, por ejemplo, la legalización de muchas iglesias. ¿Por qué legalizar unas cosas y otras no? Los homosexuales deberían poder casarse, sí, pero nuestras iglesias también deberían ser aceptadas y los campesinos deberían tener verdaderos derechos sobre la tierra y el fruto de su trabajo…,  y así hay tantas cosas que deberían ser y no lo son en Cuba. No entendemos ese favoritismo con los homosexuales cuando hay cosas igual de importantes que deberían ser cambiadas en el país y no se cambian.- defiende Daniel Josué Pérez, cuya comunidad religiosa, con sede en Las Tunas, está proscrita por el régimen cubano desde 1976.

Según este pastor bautista, el CF es la manera que ha encontrado el Gobierno de “complacer a Mariela Castro”. Por tanto, añade, el derecho a oponerse a esta ley está siendo considerado por el régimen y sus órganos represivos como “contrarrevolución”.

-Eso nos indigna y provoca en nosotros un rechazo profundo. No hay justicia en este aspecto porque la justicia, cuando existe, es para todos. Si dan derechos a unos, tienen que

dárselos a todos. Que legalicen el matrimonio entre homosexuales, pero también las iglesias proscritas.- dice.

Desde la oposición al CF existen posturas algo más radicales, que sí se concentran en el contenido de la ley, específicamente en el tema del matrimonio igualitario y otros derechos

complementarios. Tal es el caso de la sostenida por el pastor Mario Jorge Travieso, líder del Ministerio Apostólico “Viento Recio”, con sede en la provincia Las Tunas.

-Pienso que el CF destruye familias. Según el diccionario, una familia es un grupo creado por un hombre y una mujer que procrean. La familia fue idea de Dios y no de los gobiernos. Además, el CF permitirá quitar la patria potestad a los padres y prestar o vender vientres, que es horrible a la luz de la moralidad y de la repercusión que esto traerá en esos niños cuando crezcan.- opina Travieso.

No obstante, una aclaración técnica: según la Real Academia de la Lengua Española, una familia puede ser “un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas” o un “conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje” o “hijos o descendencia” o un “conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia”.

Mario Jorge Travieso, además, considera que los medios oficiales, únicos aceptados legalmente en la Isla, realizan campañas de “manipulación” en favor del CF, que solo benefician a “una minoría”. A su criterio, las familias cubanas tienen problemas más

urgentes que resolver, como la imposibilidad de algunos emigrados y exiliados de retornar.

-El CF no añade unidad familiar. Por ejemplo, no comprende a la gente que ha salido del país y no los dejan entrar. O sea, no creo que se necesite de un nuevo Código, sino que se sumen artículos al ya existente que garanticen que la unidad familiar de los cubanos se haga más fuerte.- agrega el líder religioso tunero.

(***)

El anteproyecto del nuevo CF salió a la luz junto a otro anteproyecto: el nuevo CP. Como en 2018, cuando el referéndum constitucional, el debate se ha concentrado en el primero, opacando cualquier tipo de discusión sobre el segundo. Los medios oficiales, incluso, han dedicado muchos más espacios al tema del matrimonio igualitario que al nuevo CP, el cual, como la Constitución en su momento, amenaza con aumentar las sanciones sobre aquellos que disienten de las políticas del Gobierno.

El nuevo CP, que no será llevado a referéndum, establece en su artículo 143 penas de hasta 10 años de privación de libertad sobre quienes reciben fondos o financiación para realizar lo que las autoridades del país consideren “actividades contra el Estado y su orden constitucional”. Dicho artículo refuerza la Ley 88, conocida desde 1999 como “Ley Mordaza”. Además, anuncia que los financiamientos perseguidos no tienen que proceder de extranjeros ni específicamente de estadounidenses, sino que la norma alcanzará también a quienes reciban fondos de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas de todo tipo o personas naturales o jurídicas. En palabras del jurista cubano Eloy Viera Cañive: “Los cuerpos de represión política contarán con una figura penal clarísima que siempre han añorado”.

Otro de los aspectos más preocupantes del nuevo CP está relacionado con la gravedad de las sanciones que establece. De ser aprobado tal y como está concebido el anteproyecto,

aumentarán en cuatro la cantidad de delitos sancionables con la pena de muerte, casi todos contenidos en el apartado de “Delitos contra la seguridad del Estado”. Además, también aumentarán los delitos penados con la privación perpetua de libertad.

Si el CF es o no una cortina de humo, una especie de “distracción” que busca hacer pasar desapercibido el CP, no lo sabemos a ciencia cierta. La verdad es que el CP criminaliza la labor de muchos de esos activistas, cuya larga lucha por el reconocimiento de sus derechos encuentra una pequeña victoria en el CF. 

Contralmirante de un bote solitario que teme a los aviones, periodista accidentado, fumador de cuanto combustione, bebedor de mercurio, enamorado de los mitos y de todo aquello que termine en un “Basado en hechos reales”.
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