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Cuba o Venezuela: a ver quién censura más en internet

Ilustración: Pablo Rodríguez/Armando.info

Por CLAUDIA PADRÓN CUETO / PATRICIA MARCANO

Aproximadamente diez tarjetas SIM ha comprado la cubana Iliana Hernández para burlar la censura. Procura que las tarjetas no estén a su nombre, ni de familiares cercanos. Así es más difícil relacionarla con esos números y quitarle el acceso. Las compra a desconocidos que cambian sus líneas por dinero, de modo informal. Ellos obtienen efectivo e Iliana unas tarjetas que puede instalar en su celular para, así,  dificultar al gobierno cubano que le corte la comunicación.

Iliana Hernández es activista de derechos humanos y reportera independiente. Así que no extraña que, como dice, ya pierda la cuenta de cuántas veces le han cortado Internet y los servicios de telefonía móvil durante los dos últimos años. 

Cuando le cortan el servicio como represalia, cancelan el acceso a Internet de su teléfono, el de su madre y el servicio de Internet residencial. Pero Hernández ya le sabe la vuelta: en esos momentos, activa una de esas líneas fantasmas, que no pueden rastrear hasta ella, y transmite para CiberCuba, un medio independiente para el que reporta. Luego, cuando la estatal telefónica le devuelve el acceso a los servicios, coloca de nuevo su tarjeta SIM propia.

A diferencia de otros países de la región, en cuyos mercados lo normal es que operen varias compañías transnacionales en el sector de las comunicaciones, Cuba ha concentrado estos servicios en una única de propiedad estatal, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa), lo que deja a discreción de los personeros del régimen el acceso y control a los servicios de telefonía e Internet.

Hasta en Venezuela, cercano aliado a La Habana, compiten varias compañías. Al menos, hasta ahora. Quién sabe si en el futuro. Porque la administración de Nicolás Maduro, en mayor medida que su antecesor Hugo Chávez, no escatima esfuerzos para ponerle nuevos obstáculos a Internet en Venezuela e imitar a sus pares de Cuba.

Las similitudes entre uno y otro régimen aumentan y, en lo que concierne al control de las telecomunicaciones, se concentran en las prácticas de bloqueos a websites. Cierto: las prácticas de los cubanos han servido de ejemplo para los venezolanos. Pero eso no quiere decir que se trate de una tutela unidireccional. También hay experiencias venezolanas en el bloqueo a redes sociales que, meses después, han sido aplicadas en la isla. Lo que ha funcionado en Venezuela para cortar el derecho a la información y a la libertad de expresión se ha aplicado en Cuba y viceversa.  

Tu teléfono no es tuyo 

Bloqueo selectivo de móviles

Ilustración: Rafael Alejandro García

En 2011, cuatro años antes de que comenzara el acceso a Internet en Cuba mediante las conexiones wifi en parques (pagas), el ex preso político José Daniel Ferrer, ya sufría interrupciones en el servicio de telefonía móvil tradicional.

“En cuanto salí de la cárcel y compré una línea a mi nombre empezaron los cortes”. Estos coincidían con protestas, allanamientos de la policía política o acciones que planificaban desde la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), la agrupación que Ferrer lidera y que actualmente, desde el 20 de marzo, protagoniza una huelga de hambre con varios de sus integrantes, incluyendo a Ferrer. Estos cortes continuaron durante 2012 hasta que un año después le bloquearon totalmente la línea.

Cuando el disidente tramitó una queja ante Etecsa, la respuesta de la compañía fue que Ferrer estaba bajo investigación y que la policía había mandado a congelar su chip (tarjeta SIM). Ese mismo número, por el que ya había pagado y estaba a su nombre, lo vendió la empresa a otro usuario. Ferrer no tuvo más opción que volver a comprar otra SIM, que de nuevo bloquearon y revendieron en 2014, y en 2015 adquirió una tercera que fue cortada una vez más.

“En lo adelante no he usado ninguna SIM que esté a mi nombre”, asegura.  Actualmente Ferrer tiene hasta 30 chips distintos que rota con los demás miembros de su organización cada dos días. Así han logrado burlar a ratos los cortes de Etecsa, aunque no siempre funciona. El 9 de diciembre del pasado año, a 17 líneas de esa treintena les quitaron el acceso a Internet.  

Es un procedimiento semejante a cuando una persona no paga por el servicio o se queda sin saldo. Pero en estas ocasiones el gobierno de la isla lo utiliza para quitar el acceso a ciudadanos específicos en distintos puntos geográficos.

Por ejemplo, el 30 de junio de 2020, una veintena de cubanos reportaron la suspensión momentánea del servicio de datos móviles. El corte coincidió con una manifestación convocada tras el asesinato de Hansel Hernández, un joven afrocubano que murió por los disparos de un policía. Los afectados aseguraron que el régimen buscaba silenciar las denuncias de arrestos domiciliarios y detenciones que sufrieron varios activistas. 

La organización Access Now, que ayuda en temas de seguridad digital a periodistas y activistas, ha recibido reportes y denuncias de este tipo de interrupciones de servicio en Cuba. Sobre ello, Gaspar Pisanu, Asociado de Políticas Públicas de la organización, aclara que es un método de censura visto sobre todo en la isla. “En mi experiencia, este tipo de interrupción no se da en otros países de la región donde es más común que se bloquee el acceso a plataformas o a Internet misma de forma indiscriminada”. 

En Venezuela, hasta el momento, organizaciones de la sociedad civil encargadas del monitoreo de los derechos digitales no han registrado casos como los ocurridos en Cuba sobre bloqueos selectivos de datos móviles a periodistas y activistas, pero es una vulneración que pudiera ser aplicada por la operadora estatal venezolana, Movilnet, o por las privadas Movistar y Digitel. 

Luis Serrano, coordinador de ONG Redes Ayuda, recuerda que en Venezuela los proveedores privados de telefonía móvil están obligados a cooperar con el Estado y dar datos de los usuarios si es necesario, por eso la insistencia -dice Serrano- de no hablar de temas sensibles por llamadas normales o por SMS (mensajes de texto).

“Lo que ocurre en Cuba es preocupante porque es algo que se hace apretando un botón, por decirlo de alguna manera; bloquear los datos a tal número de celular”, agrega.

Pero además, la  experiencia de lo que se está aplicando en Cuba con los bloqueos quirúrgicos selectivos en los datos móviles lleva a los activistas venezolanos a advertir sobre algo parecido: la duplicación de la tarjeta SIM. “Ese es un riesgo muy alto. No necesitan tecnología para eso”, asegura Andrés Azpúrua, director ejecutivo de la organización Venezuela Inteligente y del proyecto VE Sin Filtro. “Cuando te duplican la SIM card no hay nada que puedas hacer, eso no depende de ti”, complementa Serrano.

Ir más allá y bloquear ya no la línea, sino el equipo, como le ha ocurrido a Ferrer y a su familia con cinco dispositivos, es tan sencillo para la empresa cubana Etecsa como colocarlos en lista negra (como sucede con los teléfonos robados). Para ello solo necesitan conocer el número de identificación: el IMEI del equipo.

Con estos cortes arbitrarios a Internet se vulneran los derechos de libertad de expresión y su contracara, la libertad de acceso a la información. “Por lo tanto, se afecta no solo a quienes comunican, sino a la población en general que no puede recibir información de forma continua y actualizada”, señala Pisanu. Otros derechos afectados son los de libertad de reunión y asociación, ya que generalmente estas medidas se dan en momentos de crisis, descontento social o movilizaciones en el caso de Cuba. Han coincidido con fechas históricas, foros online donde van a participar activistas o reporteros, actividades convocadas por la sociedad civil o cuando no quieren que se denuncien actos de represión. Algunas horas o días después, el servicio retorna. 

Aunque la conexión a Internet por datos móviles es relativamente nueva en la isla (a finales de  2018 fue posible conectarse por esta vía por primera vez), y por tanto lo son también los bloqueos selectivos, el carácter restrictivo del ciberespacio en Cuba no es reciente. 

Yo te digo dónde informarte: bloqueos a sitios web

Bloqueo de sitios webs en Venezuela

Ilustración: Rafael Alejandro García

Desde que en Cuba se reguló Internet por primera vez en 1996 a través del Decreto-Ley 209, se estableció que el acceso a las redes de información tendría un “carácter selectivo” y que la información que circulara tendría que estar “en correspondencia con nuestros principios éticos” y que no podría “afectar a los intereses ni la seguridad del país”.

En los años siguientes, prácticamente todos los aspectos relacionados con el acceso a la red se regularon de manera estricta, como explica un informe de 2003 Reporteros Sin Fronteras, una organización de defensa de la libertad de prensa con sede en París. Se prohibió la venta de módems a particulares, se restringió la venta de computadoras, se permitió la conexión solo a determinados trabajadores estatales y se limitó la consulta a páginas alojadas en servidores locales.

Posteriormente, a medida que se fue ampliando el número de usuarios y la información a la que podían acceder, el gobierno ha impuesto más normas restrictivas para el mundo en línea.

Uno de los métodos más tradicionales de censura ha sido bloquear páginas web de plataformas informativas o de organizaciones opositoras. Hoy casi todos los sitios independientes diaristas, así como algunos de nicho, solo pueden consultarse a través de VPN (acrónimo de red privada virtual, una tecnología que permite evadir la mayoría de los bloqueos web).

En 2017 el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI, por sus siglas en inglés), una entidad que supervisa la censura en diferentes países, luego de monitorear casi 1.500 websites en Cuba, presentó un informe donde exponía que el gobierno cubano mantenía bloqueados al menos 41 de esos sitios.

Entre los sitios que el observatorio confirmó bloqueados, salta a la vista un rasgo común: emitían críticas a la gestión estatal, algunos desde el periodismo y otros como plataformas de activismo relacionadas con los derechos humanos. También se identificaron restricciones de webs donde los ciudadanos podían circunvalar la censura de Internet usando proxys y VPN.

Desde entonces, la lista de sitios bloqueados solo se ha extendido. A ella se incorporaron otros medios independientes y plataformas ciudadanas que los cubanos comenzaban a utilizar para recoger firmas en torno a temas y reivindicaciones de interés colectivo, como Change  y Avaaz. Estas iniciativas, aunque no tienen capacidad vinculante, representaban una alternativa para que la ciudadanía se organizara en términos virtuales y empujara reclamos colectivos.

Qurium, una ONG sueca dedicada a la defensa de los derechos digitales, protección de datos y la seguridad en Internet, recientemente publicó un análisis donde concluyen que el gobierno de Cuba utiliza dos modalidades de bloqueo.

En principio, empleaba un protocolo para impedir el llamado tráfico http, que puede detectarse porque al escribir la URL (la dirección única del sitio web, en este caso) el usuario no obtiene respuesta. En apariencia, el sitio se queda cargando por tiempo indefinido. Así el usuario no tiene certeza de si está ante un caso de censura o simplemente una falla de conexión. Este es el tipo de bloqueo que aplican contra la web del grupo opositor Damas de Blanco, por ejemplo.

Luego, cuando las páginas comenzaron a utilizar el protocolo de tráfico cifrado “https”, se aplicó un nuevo método que bloquea directamente la IP de la web (la dirección que identifica a cada dispositivo electrónico conectado a Internet). Este es el que impide la navegación libre en varios medios de prensa independientes.

Cuando un internauta intenta abrir desde la isla el sitio de Diario de Cuba, 14YMedio o Cubanet, entre otros que se caracterizan por exponer críticas a la revolución cubana, reciben el mensaje de que están tratando de conectarse a una página no segura debido al «ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR». Esto significa que la página está bloqueada por un cortafuegos.

Un análisis de Amnistía Internacional sobre la censura en la web sostiene que en Cuba “el bloqueo de sitios de Internet con el exclusivo fin de limitar las críticas políticas y restringir el acceso a la información es —naturalmente— contrario al derecho internacional de los derechos humanos y una violación del derecho a la libertad de expresión”.

Dicho reporte certifica el carácter político de los bloqueos y plantea que las estrategias del gobierno para censurar Internet son una extensión de la vigilancia ciudadana que realizan en el mundo offline. La dinámica es intimidante: quien se sabe vigilado dosifica qué contenidos consume y comparte.

En el caso venezolano, los bloqueos a sitios web muestran similitudes con respecto a los métodos cubanos. 

En ambos países, las primeras páginas en ser incluidas en el cerco son las de medios de comunicación, y las maneras de hacerlo incluyen tres modalidades: por HTTP, por IP y por DNS. Luego siguen los sitios web de organizaciones de derechos humanos, algo que en Cuba comenzó a notarse en 2013 y en Venezuela a partir de 2019. 

Mientras en Cuba todo está centralizado y monopolizado por Etecsa, en Venezuela su par vendría a ser Cantv, la empresa de telefonía nacionalizada en 2007, que domina entre 75% a 80% del mercado de Internet en el país. Adicionalmente hay proveedores privados que terminan bloqueando sitios web por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), enviadas de manera informal o vía correo electrónico como detectó el medio digital El Pitazo, uno de los medios de comunicación bloqueados en Venezuela al igual que Armando.info, Efecto Cocuyo, La Patilla, VivoPlay, VPI TV, entre otros.

En el país suramericano la censura digital alcanzó primero, de forma masiva, a las páginas web que reseñan el precio del dólar paralelo, cuyo caso representativo fue Dolar Today. Su acceso fue restringido en noviembre de 2013 como una medida contra la “guerra económica” que el chavismo asegura se libra contra la autodenominada Revolución Bolivariana. En esa ocasión el bloqueo afectó a unos 50 sitios web que reflejaban la cotización de la moneda estadounidense, cuyo valor en aquel entonces no podía expresarse públicamente más allá del precio oficial impuesto por el gobierno, por efectos de la llamada Ley de Ilícitos Cambiarios.

Los pocos medios digitales independientes venezolanos sobreviven con bajas lecturas, o menores de lo que su potencial establece, debido a los bloqueos aplicados desde Cantv y proveedores privados por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo del Estado encargado de regular, supervisar y controlar las telecomunicaciones en Venezuela, los cuales suelen ser selectivos, a veces temporales y otras tantas continuos.

Para aplicar este tipo de censura, explica Azpúrua, se puede apelar a la vía más sencilla y de bajo costo (bloqueos por DNS) u otros de más complejidad, como los bloqueos por HTTP o por TCP/IP, en cuyo caso se requiere de equipos especiales y de una  mayor inversión.

“Hay evidencia de que en Venezuela existe capacidad para aplicar censuras más sofisticadas”, sostiene el director ejecutivo de Venezuela Inteligente, y con él coinciden varios especialistas dedicados al monitoreo de la censura digital en el país. 

Un hecho registrado en abril de 2020 les permitió seguir atando cabos al respecto: el incendio de una central de Cantv, en el municipio Chacao (noreste de Caracas) incidió en un cambio en los bloqueos a medios digitales y sitios web que hasta entonces se venían registrando. “Esos equipos especiales que se necesitan para bloquear estaban en ese sitio que se quemó”, comenta Serrano. 

El bloqueo a varios medios digitales cesó, incluido Armando.info, pero en octubre de 2020, seis meses después, retornó. 

Saber qué tipo de equipos existen en el país y de dónde provienen es un asunto difícil de precisar, aseguran los especialistas, pues estos incluso pueden ser fabricados en países occidentales como Canadá y no necesariamente llegar desde China, Rusia o Turquía, además de ser vendidos como equipos para uso general.

El gobierno venezolano incluso ha llegado a bloquear algunas VPN como TunnelBear y Tor, en 2018, un logro tecnológico mayor, algo que ocurrió tiempo después en la isla.

Próximo nivel: las redes sociales 

En 2018, once días después de que la conexión por datos móviles fuera posible en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel firmó el Decreto-Ley 370 que criminaliza los contenidos y opiniones en redes sociales con la aplicación de multas, interrogatorios y decomisos de equipos. Solo en 2020 se contabilizaron una treintena de sanciones bajo este decreto que limita la libertad de expresión en línea. Sus víctimas han sido sobre todo activistas y periodistas.

Además de los cortes de conexión de modo quirúrgico a quienes disienten, el Estado cubano se las ha ingeniado para restringir continuamente el acceso a la información de los ciudadanos, pero en el caso de las redes sociales han procedido con menos ímpetu que sus aliados venezolanos.

Entre los años 2016 y 2017, las organizaciones venezolanas no habían sufrido bloqueos de redes sociales como sí lo hicieron en 2019. Ese año, de gran conflictividad política tras la asunción de  Juan Guaidó como nuevo presidente de la Asamblea Nacional y su posterior juramentación como presidente interino, ha sido el más activo en lo que a restricciones de acceso a redes sociales se refiere.

Redes apagadas en Venezuela

Redes apagadas en Venezuela. ArmandoInfo.

Youtube fue bloqueado al menos 38 veces ese año, desde el primer evento el 18 de enero, luego tres días después y el 23 de enero, día de la juramentación de Guaidó en una manifestación masiva en Caracas. De ahí en adelante se hizo práctica y se incluyeron también redes como Periscope, Instagram, Twitter, Facebook, los servicios de Google (drive, gmail), entre otros; 110 bloqueos en 41 eventos entre enero y noviembre de acuerdo con reportes de VE sin Filtro y NetBlocks.

En el caso de Youtube, la red era bloqueada en promedio durante tres horas, con un mínimo de 20 minutos y un máximo de 24 horas, como logró precisar VE Sin Filtro. Los bloqueos a redes sociales cesaban cuando Juan Guaidó terminaba sus declaraciones en vivo por alguna de estas redes o servicios de streaming. En 2020 este tipo de bloqueos se redujo, Redes Ayuda llegó a contabilizar 12 hasta octubre.

Telegram, en cambio, ha sido bloqueada en Cuba pero no en Venezuela.

Apagón: el último paso de la censura

Sobre las nueve de la noche del 26 de noviembre del año pasado, las redes sociales y otros servicios de Internet súbitamente dejaron de funcionar en Cuba. El primer apagón en la corta historia del Internet nacional ocurrió mientras agentes de la Seguridad del Estado irrumpían de modo violento en la sede del Movimiento San Isidro y se llevaban a la fuerza a la decena de personas que estaban acuarteladas allí en huelga de hambre. Sin conexión nadie podía transmitir, nadie podía denunciar. Y tampoco nadie podía saber que sucedía.

La plataforma NetBlocks monitoreó las constantes interrupciones de conectividad que ocurrieron durante los días posteriores, entre el 27 y el 30 de noviembre en Cuba.  Para limitar el impacto de algunas protestas en espacios físicos, encabezadas por el sector artístico, el régimen bloqueó el Internet y limitó el acceso a las principales redes sociales.

Las métricas e indicadores clave de NetBlocks muestran que “las redes sociales y las plataformas de comunicación Twitter, WhatsApp y, en ciertos momentos, YouTube y algunos servidores de Google y Facebook, no estuvieron disponibles durante el fin de semana hasta el lunes por la mañana en las redes operadas por Etecsa, con alto impacto observado en Cubacel”.

Apenas unos días después se identificaron más interrupciones que limitaron el acceso a Facebook y Twitter, coincidiendo con los llamados a manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Solo a través de VPN los usuarios pudieron conectarse a las plataformas afectadas.

Este método de censura, aunque es relativamente novedoso en la isla, había sido monitoreado por NetBlocks durante las protestas en Bielorrusia, Liberia, Argelia, Malí, Irak, Sudán, Jordania, Venezuela, Ecuador y recientemente en Birmania, escenario de intensas protestas tras un golpe de Estado protagonizado por el estamento militar y que ha tomado la “precaución” de bloquear Internet para cortar el flujo informativo sobre lo que ha estado pasando. 

“Cerrar Internet o restringir las redes sociales se ha convertido en una herramienta muy popular entre los gobiernos cuando quieren reprimir la disidencia y controlar la narrativa”, apunta Isik Mater, directora de investigación de la organización.

En el caso venezolano solo se ha aplicado un apagón de Internet focalizado en el estado Táchira en 2014. Nunca, hasta ahora, a escala nacional. Doug Madory, especialista en análisis de Internet de la organización Kentik, en Estados Unidos y quien ha hecho seguimiento a los apagones de Internet desde las protestas de Egipto de 2011 -una de los estallidos callejeros de la llamada Primavera Árabe- recuerda que ese evento en los Andes venezolanos ha sido lo más parecido a los apagones de Internet que han confirmado en Cuba, pero muy localizado en una entidad que, entonces, dependía en gran porcentaje de Cantv. No han visto otro evento similar.

 

 Reportes de apagón de internet, 27 de enero de 2021. Mapa de Inventario

En los primeros tres meses de 2021, los usuarios cubanos ya han reportado dos nuevos apagones de Internet en la Isla. El primero ocurrió el 27 de enero, cuando un grupo de artistas y periodistas fueron reprimidos con violencia en las inmediaciones del Ministerio de Cultura. El segundo corte sucedió el 12 de febrero y duró unas tres horas, durante las que fue imposible comunicarse dentro de Cuba o hacia afuera. Dejaron de funcionar los servicios de Internet, telefonía y mensajería.

Con tales precedentes no parece descabellado intuir que ante un posible estallido social la respuesta del gobierno cubano sea desconectar el país, aislarlo. “Con los apagones de Internet generalmente lo que se busca con las interrupciones es disuadir a los manifestantes y evitar que se disemine información sobre los hechos que están aconteciendo, como violaciones de derechos humanos”, añade Gaspar Pisanu.

Estas medidas, que han demostrado generar mayor incertidumbre, desinformación y riesgos para la población, son la nueva modalidad de censura que ha reservado el régimen de la isla para las crisis. Y son consecuencia, indica Madory, del aprendizaje que los países obtuvieron de la experiencia de Egipto tras las protestas contra el entonces Hosni Mubarak, aquel enero de 2011. 

“Los apagones recientes son consecuencia del éxito de la tecnología para evadir la censura, tal vez en Uganda, Myanmar o Cuba tienen que cortar todo el Internet porque saben que ya la gente tiene acceso a VPN, a Tor, y demás herramientas. Pero hacer un apagón de Internet por días tiene efectos destructivos sobre la economía de un país”. Este tipo de censura masiva y generalizada no ha sido aplicada aún por la administración de Nicolás Maduro.

Este trabajo fue realizado de manera conjunta entre Armando.info, de Venezuela yYucaByte 

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