Mientras el régimen cubano reprimía violentamente las protestas populares del 11 de julio, dejando un saldo de varios heridos y detenidos, cortó el internet en todo el país. Un día después, la incomunicación general se mantiene.
Con una asignación superior a los 3 millones de euros, el proyecto ‘Cuba Digital’ busca modernizar los servicios públicos en la isla. Sin embargo, en un contexto marcado por la censura estatal, la vigilancia digital y frecuentes apagones que afectan la infraestructura tecnológica, surgen dudas sobre el impacto real de estas iniciativas en la vida de los ciudadanos.
El activista y protector de los animales cumple una condena de dos años de reclusión por expresar su opinión en redes sociales. Aunque reúne todos los requisitos legales, las autoridades cubanas le han negado la libertad condicional en tres ocasiones.
Cuba cerró el año 2024 con un aumento en las violaciones de derechos digitales, incluyendo detenciones arbitrarias, cortes masivos y selectivos de internet, y el uso de la censura como herramienta represiva. Mientras activistas y periodistas enfrentan cargos por compartir contenidos en redes sociales, el régimen estrecha lazos con China para reforzar su control sobre el ciberespacio, consolidando una estrategia de vigilancia y represión en un país cada vez más conectado pero silenciado.
Francisco Rangel Manzano, opositor cubano de 63 años, enfrenta una condena injusta tras su breve participación en las protestas del 11J en Colón, Matanzas. Su caso refleja el patrón represivo del régimen cubano contra los disidentes: arrestos arbitrarios, juicios manipulados y condiciones inhumanas en prisión. A pesar de la persecución, tanto él como su familia continúan denunciando las violaciones de derechos humanos en la Isla
En noviembre de 2024, Cuba enfrentó una crisis energética y comunicativa sin precedentes. La segunda caída del Sistema Electroenergético Nacional en menos de un mes dejó a la Isla sin electricidad ni internet por días. Mientras los presos políticos permanecen incomunicados y en condiciones extremas, el régimen refuerza su control represivo con inspectores de la Ley de Comunicación Social y otras normativas que restringen las libertades digitales.
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