Ilustración: Carmen Barruecos
El 10 de enero de 2023 la joven cubana Sulmira Martínez Pérez publicó en Facebook: “Necesitamos organización… ¡Corran la voz! Planificamos otro 11 de julio”. También escribió: “Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: Estoy planeando una manifestación, es para la calle, no detrás de una pantalla”. Ese mismo día fue arrestada en su casa. Aún no tiene petición fiscal ni se le ha celebrado juicio. Entró a la cárcel para mujeres de El Guatao con 21 años y allí cumplió los 22.
La madre de esta joven, Norma Pérez, dijo a YucaByte que su hija en estos momentos se encuentra recuperada de una infección respiratoria. “Sulmira ahora está bastante mejor. Estuvo bastante mal con esa neumonía. Influencers de EE.UU. me mandaron unos medicamentos; casualmente hoy estoy esperando unos antibióticos que me van a mandar para su recuperación total”, detalló la madre.
En junio de 2023, Norma denunció que su hija se encontraba deprimida en prisión debido al trato hostil que había recibido por parte de las autoridades. “Dice que quiere ahorcarse, que quiere plantarse, que no da más ya, que está cansada. Me lo dijo con los ojos aguados”, declaró la madre a Martí Noticias.
En los últimos años han trascendido innumerables denuncias de la precaria situación que existe en las cárceles cubanas, administradas por el Ministerio del Interior (MININT). Según su madre, Sulmira también ha sufrido esas condiciones: “La situación de ella ahora en la prisión no es muy buena. La comida es mala, todo está malo ahí. Estuvo enferma con neumonía debido al agua fría con la que se baña allí, porque los tanques allí son de cemento y esa agua está ‘congelada’. En el último encuentro que tuvimos el martes yo la vi fuertísima. Yo cuando estoy delante de ella no, pero cuando salgo lloro porque estoy que no puedo más con esta situación”.
Mientras Norma respondía un cuestionario para este texto, frente a su casa había dos agentes de la Seguridad del Estado apostados. Uno revisaba el teléfono constantemente a la sombra de una cerca. La vigilada los miraba por la ventana de su casa. Ya se ha acostumbrado a su presencia y no les teme. Su hija es su mayor preocupación: “Ellos están locos por que yo haga algo para llevarme para la estación, pero ese gusto no se los voy a dar. Si yo caigo presa, ¿quién le va a llevar la jaba a mi hija? A mí no me importa que ellos [los agentes de la Seguridad del Estado] vigilen mi teléfono. Tienen mi teléfono ‘pinchado’. Al final yo hablo con ella de cómo está allá adentro. Sulmira se ha tenido que fajar ‘una pila’ de veces en la prisión. La han tenido que meter en la celda de castigo 10 días, eso no es fácil. Hace poco discutió con una oficial de allí. Esas cosas me deprimen porque una está aquí y pienso en si ella estará bien”.
Cuando agentes de la policía política del régimen cubano se “metieron” en su casa a registrar, Norma lo que más lamentó fue que se llevaran la computadora de su hija, la que le había comprado. “Sulmira es una persona muy reservada”, explicó la madre de la presa política. “Ella siempre estaba trancada en su cuarto con la computadora, que luego me la quitó el DTI [Departamento Técnico de Investigaciones Policiales del MININT]. Ella llora por esa computadora para que se la devuelvan. A ella siempre le gustó mucho la informática. De hecho, eso ella lo estudió. Siempre estaba trancada haciendo sus cosas, sus publicaciones. Esa era la vida de ella. No era una gente callejera”.
Lo que Sulmira hacía en el entorno digital no tenía una contraparte física. Norma ni siquiera estaba al tanto de lo que hacía su hija dentro de la casa: “Fíjate si ella era tan reservada que cuando estaba manifestándose en las redes, como estaba trancada en su cuarto, yo misma no lo sabía”.
Ahora la comunicación con su madre es uno de los pocos alivios que tiene la joven en la cárcel de mujeres El Guatao. Los presos políticos cubanos hallan en la familia uno de sus principales sustentos para lidiar con el encarcelamiento. Han sido esos familiares quienes han visibilizado la mayoría de los casos y realizado hasta peticiones de libertad al régimen cubano.
Norma suele desesperarse cuando no recibe las llamadas de su hija. Teme que puedan castigarla y suspenderle la comunicación. “Sulmira me llama los viernes generalmente. El único día que tiene que le dan 30 minutos es el viernes. Los demás días que me llama, los lunes, la llamada es de 10 minutos que no alcanzan para nada. El resto de la semana yo no sé nada de ella”, explicó la madre.
En esos intercambios Martínez detalla las cosas que necesita para vivir dentro de la cárcel, generalmente suministros que las autoridades no proveen. “En las llamadas hablamos de lo que le hace falta y debo llevarle, cosa que no es fácil porque yo no trabajo”, explicó Pérez. “En este país no me dan trabajo por la situación de mi hija presa política. Ni los particulares me dan trabajo, porque tienen miedo. Yo lo que tengo es una jubilación de 1.500 pesos. Con eso le compro algunas cositas, no mucho porque aquí todo está muy caro. Tengo que ser maga. La jaba de Sulmira me cuesta entre 15.000 y 20.000 pesos. Dos paquetes de galletas, por ejemplo, me cuestan 2.800 pesos. Yo paso tremendo trabajo para llevarle la jaba a mi hija, y eso que hay algunas personas que cuando pueden me mandan dinero. Esa gente me ayuda mucho, me mandan combos de comida, me recargan mi línea de teléfono y la uso con móviles prestados”.
Para poder sobrevivir y ayudar a su hija, Norma vende cigarros de forma irregular. Eso ha sido tomado como pretexto por la policía política para reprimirla. “En este tiempo a mí me han puesto muchas multas. Nada más que abro la boca me están llevando para El Capri, la estación policial de La Güinera [municipio habanero de Arroyo Naranjo]. En una tienda, por ejemplo, yo discutía y me fajaba y a la única que llevaban era a mí. El jefe de sector se me dio una ‘encarná’ tremenda y me metía multas de hasta 7.000 u 8.000 pesos. Ahora mismo debo una de 5.000 pesos por vender cigarros y no tengo ni un ‘quilo’ [centavo] para pagarla”, detalló la madre.
Norma defiende con ferocidad la inocencia de su hija: insiste en la injusticia que se le aplica y siempre trata de visibilizar su caso. Sin embargo, dijo que no cuenta con la capacidad ni las condiciones para mostrar todos los atropellos ejercidos contra su familia: “A esta altura yo no tengo teléfono porque el que tenía me lo llevó el DTI; aquí los teléfonos valen 30.000 y 40.000 pesos que yo no tengo. Me mandaron dos teléfonos, pero no servían aquí. Nadie me ha podido resolver un teléfono. Mi único anhelo es tener un teléfono para poderme expresar, hablar o hacer directas, pero no puedo obtenerlo”.
El aislamiento mediático que sufren muchos presos políticos cubanos parte de contextos como el de Norma. Generalmente son personas humildes que se enfocan en poder sostenerse y ayudar como pueden al recluso. El activismo que de cierta forma muchos terminan desarrollando implica un riesgo para su seguridad. Multas, detenciones y actos de repudio son algunos de los recursos que el régimen aplica para mantenerlos callados.
La periodista cubana Luz Escobar, quien lleva varios años reportando casos similares, dijo a YucaByte que el régimen cubano busca silenciar estas situaciones mediante la coacción. “La familia de los presos políticos normalmente sufre diferentes procesos”, dijo la comunicadora exiliada en Madrid. “Ellos tienen una evolución. Por ejemplo, la madre de Luis Robles [otro preso político], al igual que la de Sulmira, estuvo un tiempo sin pronunciarse. Cada familiar evoluciona de una manera diferente, porque la Seguridad del Estado va y les dice que si se quedan callados sus hijos serán mejor tratados. Las organizaciones que siguen estos casos no recomiendan quedarse callados porque los datos no apuntan en esa dirección, todo lo contrario. Mientras más denuncies, más posibilidades tienes de alcanzar un resultado. Aunque eso no garantiza que se modifique la condena, la visibilidad muchas veces es protectora en este tipo de situaciones”.
Cuando no se mantiene un tratamiento mediático continuo sobre algunos presos políticos, el público de cierta forma llega a perder la referencia de la situación que enfrentan los reprimidos. “Con casos como el de Sulmira, que se prolongan en el tiempo y no se concretan con una condena, las personas le pierden la pista. Fue muy mediático el arresto de Sulmira, el registro de su casa, los días que pasó en Villa Marista; salió hasta por la televisión, pero luego eso cayó en una meseta cuando ella llegó a El Guatao. A veces pasan meses sin que se tengan noticias de ella. Recuerdo que hay gente que me ha preguntado si a Sulmira la soltaron, porque en la mente de la gente no cabe que una muchacha que no ha sido enjuiciada todavía esté presa”, explicó Escobar.
El aislamiento, la falta de recursos y el miedo a la represión que sufren los presos políticos y sus familiares dificulta la visibilidad de sus casos. A juicio de Escobar, se trata de un “desafío” para los medios de comunicación independientes: “A los periodistas nos toca tener ese tipo de casos agendados para darle seguimiento. El reto es buscar nuevas maneras de mantener el caso vivo: declaraciones de la familia, actualizaciones de las gestiones que hace el abogado, pronunciamientos de organizaciones…”.
El caso de Sulmira es un buen ejemplo de la alevosía con que el régimen cubano suele enfrentar a cualquier voz que lo cuestione. ¿Cómo una joven de solo 21 años, desde la computadora de su cuarto, puede representar una amenaza para un gobierno? El ensañamiento contra Sulmira quizás tuvo su punto máximo cuando fue expuesta en televisión nacional en una presunta trama terrorista. El sistema de medios propagandísticos que financia y administra el Partido Comunista de Cuba (PCC), trató de vincular a Sulmira con el Gobierno de EE.UU. y las actividades subversivas que este promovería dentro de la Isla.
Norma dijo a YucaByte que su hija fue coaccionada para realizar las declaraciones que el Gobierno cubano utilizó en su video propagandístico. “Estando en Villa Marista la sacaron por el televisor y no le taparon la cara, pero según ella le dieron un papel para que hablara lo que ellos querían. Le dijeron que si decía todo lo que había en el papel la iban a soltar. El ‘soltado’ fue que de ahí de Villa Marista fue para El Guatao; una mentira más. Yo quisiera que me trancaran a mí y a mi hija la sacaran para afuera, pero eso no se puede hacer”, explicó Norma.
Acusada en un primer momento de “propaganda contra el orden constitucional”, Sulmira podría haber enfrentado una condena de 10 años de prisión. Según el medio independiente El Toque, esa condena sería equiparable a la de un cubano sancionado por lisiar a alguien, o a la de una madre que asesine a su hijo recién nacido. De acuerdo con otro medio independiente, Diario de Cuba, el proceso penal contra Sulmira se centró más tarde en el delito de “instigación a delinquir”. Este le podría acarrear hasta dos años de cárcel o una multa de hasta 600 cuotas.
La ONG Derechos Digitales, una organización latinoamericana fundada en 2005 que vela por los derechos humanos en el entorno digital, incluyó a Sulmira en un informe de 2023 sobre casos de mujeres reprimidas en el continente.
Desde enero de 2023, Sulmira ha vivido un auténtico calvario. “Cuando ella fue detenida yo no estaba aquí porque había ido a Bauta”, recordó Norma. “Se la llevaron y estuvo 67 días en Villa Marista, y 15 días en 100 y Aldabó [sede del DTI]. Allí las torturas psicológicas no eran fáciles. Le daban comida a las 3:00 a.m. para que pensara que eran las 12:00 meridiano. Le dejaban la luz prendida y no la dejaban dormir. La llamaban a cualquier hora para un interrogatorio. Por eso ahora mismo ella tiene un trauma. A ella la están atendiendo con psicólogos, porque eso deja a la gente loca allí. Ella cogió una recta durísima”.
Según la abogada Giselle Morfi, del grupo de asesoría legal Cubalex, a Sulmira se le han vulnerado múltiples derechos, regulados tanto en la legislación nacional como en los estándares internacionales de derechos humanos. “De acuerdo a la Constitución cubana y la Ley de Proceso Penal, a Sulmira se le ha violado el derecho a no ser detenida de manera arbitraria, el derecho a un juicio justo con tribunales imparciales, el derecho a la privacidad e inviolabilidad del domicilio, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a no ser torturada”, precisó Morfi.
El caso de Sulmira no es aislado. En las últimas décadas, múltiples organizaciones internacionales han denunciado el empleo de métodos de tortura por parte de cuerpos de seguridad cubanos. “Ninguna persona puede ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto tiene una prohibición de carácter absoluto, lo que significa que bajo ningún contexto la persona puede sufrir ese tipo de acciones. Eso no se puede justificar de ninguna forma», subrayó Morfi.
La abogada de Cubalex recordó que cuando Sulmira fue expuesta en los medios de comunicación controlados por el PCC, se violaron los derechos de su propia imagen: “Al ser difamada por esos medios se violó su dignidad y su privacidad. Las autoridades hicieron algo que está prohibido por los estándares internacionales, que es el discurso de odio. Esto fue lo que se vio cuando la acusaron de ser terrorista sin ningún tipo de pruebas, todo por disentir y expresar su opinión en las redes sociales”.
Morfi también destacó otras violaciones que ocurrieron en el caso de Sulmira: “Se vulneraron su derecho a la vida, su derecho a recibir asistencia médica adecuada, su derecho a recibir un trato respetuoso. En las condiciones que se encuentra Sulmira, enfrenta malnutrición y falta de condiciones higiénicas. Dentro de las Reglas de Bangkok se regula la atención a la salud orientada específicamente a la mujer. Su derecho a recibir información e interponer quejas también fue violado, porque tanto Sulmira como su familia no recibieron información clara sobre las acusaciones. Tampoco se les informó adecuadamente sobre los recursos legales que tenían”.
La letrada insistió en que Sulmira ha sido discriminada por el régimen cubano: “Además se violaron las Reglas Mandela, que son normas generales para el tratamiento de los reclusos. No se respetó la dignidad inherente a todos los seres humanos y el derecho a no ser discriminado. Todo esto que le está pasando a Sulmira es un patrón represivo utilizado por el Estado cubano como medio de control para castigar a las personas activistas y disidentes”.
Morfi recomendó denunciar a las autoridades cubanas por estos métodos. “La tortura constituye un delito en el Código Penal de la Isla, entonces pudiera interponerse una denuncia contra las autoridades cubanas que estuvieron relacionadas con este caso. Al final, los jueces están subordinados al poder del Estado y difícilmente pase algo, pero sería bueno agotar este recurso para que luego el Estado no pueda decir ante Naciones Unidas que no sabía lo que estaba pasando con Sulmira”, concluyó la abogada.
Consultado sobre estas prácticas de tortura en el caso de Sulmira, el MININT no respondió a los cuestionamientos realizados por YucaByte vía correo electrónico.
A pesar de que el régimen se empeña en aparentar lo contrario, Sulmira no dejará de ser una joven cubana de su tiempo, que ha sufrido una gran represión solo por expresar lo que piensa. Norma insiste en la inocencia de su hija y expone las metas que la prisión le impidió concretar: “Los planes que Sulmira siempre ha tenido son irse de este país. Este sistema no le gusta. No se puede obligar a la gente a creer en una cosa. A ella nunca le gustó este sistema. Su sueño es irse de aquí. Desde que tiene uso de razón siempre me ha dicho que aquí no quiere estar. De hecho, ella me dice que si se va como presa política prefiere que la destierren, pero que aquí no quiere estar más”.
