Ilustración: Julio Llopiz-Casal
Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos inició este jueves 23 de noviembre una visita a Cuba que se extenderá hasta el 25, en un escenario marcado por el aumento de las violaciones del régimen de las libertades de su gente.
Un informe publicado en enero de 2023 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que durante el año 2022 se registraron al menos 1.030 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas en Cuba. También subrayó que en la isla hay líderes religiosos en prisión, como el pastor Lorenzo Rosales y el sacerdote yoruba Loreto Hernández García.
Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fue condenado por la policía política a 7 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio en Placetas, Villa Clara. Fue acusado de supuestos delitos de agresión, desobediencia y desorden público.
Hernández García, de 52 años de edad, padece de diabetes, asma crónica e hipertensión arterial, y sufrió un preinfarto durante los primeros días de su encarcelamiento, en julio de 2021.
En octubre de 2022, la familia y los médicos de Hernández habían solicitado una licencia extrapenal para él debido a sus graves problemas de salud. En marzo de 2023, las autoridades del régimen cubano la denegaron, “como muestra del ensañamiento de la dictadura contra su persona”, comentó su hermano y ex preso político y de conciencia, Jorge Luis Pérez García, “Antúnez”, al medio independiente ADN Cuba.
Tres meses después, el líder opositor fue ingresado en el hospital Provincial de Santa Clara, a consecuencia de su delicado estado de salud. Según las denuncias de su hija, Rosabel Sánchez, y de Antúnez, los agentes de la seguridad del estado impidieron que la familia le llevara alimentos y aseo personal al centro hospitalario.
A pesar de su debilitado estado de salud, Loreto fue trasladado del Hospital a la prisión de máxima seguridad Guamajal, de Santa Clara, donde se encuentra recluido actualmente
En declaraciones a Amnistía Internacional, Antúnez citó a Rosabel Sánchez Correa, hija del líder religioso, quien, de acuerdo con el opositor, “lamentó que su padre haya sido regresado a la cárcel y no a su casa bajo licencia extrapenal, como lo requiere su estado de salud según el propio criterio médico”.
Loreto Hernández García y su esposa, Donaida Pérez Paseiro, también prisionera por participar en las manifestaciones del 11 de julio, fueron declarados por Amnistía Internacional presos de conciencia.
Durante estos dos años de injusto encarcelamiento, Loreto ha sido víctima de torturas psicológicas y golpizas dentro del centro penitenciario.
En una ocasión fue responsabilizado por los gritos de “Patria y Vida” y “Vamos por el Paro”, proferidos por varios reclusos durante unas protestas, y trasladado a una celda de castigo en la que estuvo durante casi ocho horas, después de ser violentado por los oficiales del Penal.
“Fueron hasta su cama donde se encontraba postrado. Lo tiraron violentamente de la cama para luego esposarlo a la espalda y conducirlo entre violentos empujones y apretones de cuello a punto de asfixiarlo hasta las celdas de castigo. Ahí fue sometido a fuertes interrogatorios por altos oficiales de la Seguridad del Estado, detalla un comunicado de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).
Por su parte, el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, de 52 años, cumple una injusta sanción de 7 años de privación de libertad en la prisión de La Caoba, en Santiago de Cuba, por el simple hecho de salir a manifestarse pacíficamente, el 11 de julio de 2021, acusado de los supuestos delitos de desacato, desórdenes públicos y atentado. Durante esos días estuvo incomunicado y recibió fuertes palizas por parte de los órganos represivos del régimen cubano.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba, denunció el arresto del pastor Rosales el 27 de julio de 2021 a través de sus redes sociales: “El régimen cubano ve tan amenazante que sus ciudadanos ejerzan sus derechos humanos que han detenido a cientos incluyendo al pastor Lorenzo Rosales durante una marcha pacífica el 11 de julio. Han pasado 16 días sin comunicación ni prueba de vida o de bienestar (…) “.
El 30 de julio de ese mismo año, el tribunal provincial de Santiago de Cuba, denegó la solicitud de Habeas Corpus solicitada por Maridilegnis Carballo, la esposa de Rosales. Varios días después, el 7 de agosto, es trasladado de la prisión de Versalles a la de máxima seguridad, en Boniato, lo que puso en peligro su vida, al estar rodeado de reos muy violentos.
En el mes de mayo de 2022, el gobierno cubano informó a la familia del pastor evangélico la sentencia de 7 años de prisión a la que fue condenado.
Según dijo Maridilegnis Carballo a Radio Martí, el juicio fue manipulado por la Seguridad del Estado.
“Culminó en dos días el proceso de apelación y, en el caso de mi esposo, manifestante aquí, en Palma Soriano, fueron escuchados 15 testigos, todos de la Fiscalía, los policías y un perito, y se ratificó la sentencia de siete años de privación de libertad por los delitos de desorden público, desacato y atentado, sin que nadie en su favor, incluso, ninguno de los encausados, pudiera testificar frente al plenario”, señaló Carballo.
La presión internacional por parte de algunos congresistas de Estados Unidos, del Parlamento Europeo, ONGs y organizaciones de la sociedad civil cubana exigiendo la libertad inmediata de Rosales Fajardo, obligó a la Misión Permanente de Cuba en Ginebra a rendir cuentas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El régimen hizo numerosas acusaciones falsas sobre las razones iniciales por las cuales el pastor había sido detenido y las circunstancias en que ello tuvo lugar .
El documento justificativo afirma que Rosales, junto a su hijo David Lorenzo Rosales, agredieron de forma violenta a agentes del orden e intentaron ingresar por la fuerza a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Palma Soriano. Sin embargo, los videos y las imágenes tomadas en vivo de ese día muestran a policías armados y miembros de la fuerza paramilitar atacando a manifestantes pacíficos y desarmados en las calles y puede verse al pastor Rosales cuando es estrangulado por uno de los represores de las “boinas negras” cubanas.
En un reportaje publicado a comienzos de 2022, CubaNet explicó que, a raíz del 11J, uno de los guardias represores de Rosales escribió un mensaje a Mario Félix Lleonart, un pastor bautista cubano exiliado en Washington, Estados Unidos, y director del Instituto Patmos, que monitorea la libertad religiosa.
“Yo fui uno de los guardias que orinó sobre su cabeza la madrugada del 14 de julio cuando lo trasladábamos para Versalles (una unidad policial de la misma provincia). No teníamos agua y pensábamos que lo habíamos ‘matao’ de la golpiza que le dimos en el camino”, confesó el guardia. “Si no participaba, `el muerto lo hubiera puesto yo´. (…) Acá están puestos pa’ matar al pastor para que no cuente todo lo que se le ha hecho. Cualquier día de estos, otro preso lo mata o él aparece suicidao”, agregó el guardia.
El 24 de diciembre de 2022, Rosales fue trasladado desde la cárcel de Boniato al penal de mínima seguridad llamado La Caoba, que se encuentra en los límites de Palma Soriano. En este centro penitenciario le han negado el pase a su casa y se encuentra en condiciones precarias. Estos dos años transcurridos bajo el constante hostigamiento de la Seguridad del Estado y las autoridades carcelarias, le han provocado profundos estados depresivos.
El instituto Patmos le concedió a Rosales el Premio Patmos 2022, por ser un creyente consecuente con su fe en Cuba.
En junio de 2023, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó un segundo informe sobre la libertad religiosa en Cuba, basado en más de 1.300 entrevistas realizadas en la Isla.
El estudio reveló que el 68% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe.
La opinión predominante es que, entre los motivos fundamentales por los que un creyente puede sufrir acoso, amenazas o discriminación están “tener una postura política basada en su fe” (59%) y “hablar públicamente sobre su fe” (45%).
“Ambas respuestas evidencian el intento de las autoridades de recluir al ámbito de lo privado la vivencia de la religiosidad”, afirma el OCDH.
Un eslabón fundamental en la violación o limitación de estos derechos es la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista. El 68% de los creyentes considera que esta Oficina viola o reprime los derechos de los líderes religiosos y los miembros de las agrupaciones religiosas.
El informe concluye que en Cuba no son respetadas ni garantizadas las libertades religiosas. El régimen cubano continúa utilizando sus sistemas de vigilancia y control para limitar o perseguir cualquier expresión pública, especialmente política, de quienes asumen un compromiso cívico acorde con los valores de su fe.
El Gobierno de Estados Unidos, en su informe Libertad Religiosa Internacional para el 2022, denunció también la persecución a los religiosos por parte del régimen en la Isla.
El Departamento de Estado expone que, en su Lista de Vigilancia anual, la ONG cristiana Puertas Abiertas informó que el gobierno intensificó sus tácticas represivas contra los líderes y activistas cristianos que se oponen a la ideología del Partido Comunista de Cuba a través de arrestos, exilio, multas arbitrarias, vigilancia, negación de licencias y visas religiosas, ataques físicos y abuso mental.
La información recoge que el régimen se negó a renovar el permiso de residencia del superior de los jesuitas en Cuba, el padre David Pantaleón, ciudadano de República Dominicana, por criticar el abuso de los derechos humanos por parte del gobierno. Asimismo, obligó al pastor Jesús Fundora Pérez, del Movimiento Apostólico, a abandonar el país, y también el pastor Alain Toledano Valiente se vio forzado a exiliarse con su familia.
Por otra parte, en entrevista a la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa), el sacerdote cubano Alberto Reyes, de la Arquidiócesis de Camagüey, expresó que «la causa del deterioro de la libertad religiosa en Cuba» es el «gobierno totalitario» que rige el país y que, al buscar el control absoluto, necesita también «tener el control sobre la Iglesia: qué se permite, qué no se permite, de acuerdo a sus propios intereses».
El padre Alberto Reyes precisó además que «si consideramos también la misión profética de la Iglesia como parte de la libertad religiosa, allí hay continuamente trabas, porque sacerdotes, religiosos y religiosas que hemos alzado la voz hemos sido acosados, se nos han hecho actos de repudio públicos, y se nos ha llamado a Seguridad del Estado. Ha ocurrido mucho en los últimos tiempos».
Mientras Eamon Gilmore pasea por las calles de La Habana, el régimen cubano mantiene tras las rejas a más de mil presos en condiciones infrahumanas y un reporte de la organización Prisoners Defenders expone que el 80 por ciento de ellos sufre al menos cinco, y no pocos hasta quince tipos de tortura.
