Cuba en 2022: Derechos digitales en crisis

 

Ilustración: Carmen Barruecos

En mayo de 2021, YucaByte comenzó a recopilar una serie de reportes sobre las violaciones de los derechos digitales de los cubanos. Este registro permitió identificar los métodos más usados por el régimen para censurar el flujo de información y la comunicación en las redes digitales, y también a los grupos que son blanco frecuente de estas violaciones.

Ante la más mínima situación considerada de riesgo, el régimen cubano acostumbra a aplicar un corte selectivo de internet, inhabilitando el servicio de conexión por datos móviles durante algunas horas o varios días. Mientras, en casos en los que el Gobierno pretende silenciar manifestaciones populares de descontento, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) suele desconectar los puntos de acceso wifi en parques y demás espacios públicos.

La organización Access Now, defensora de la libertad digital, documenta que “las circunstancias en las que generalmente se ordenan los apagones revelan que los gobiernos realmente los despliegan como una táctica para restringir los derechos de la ciudadanía a la libertad de expresión e información, y para interferir con el derecho a la libertad de reunión y asociación, particularmente durante eventos como las elecciones, conflictos o manifestaciones masivas”.  

Los derechos digitales forman parte de los derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas declaró su preocupación sobre algunos temas, ninguno ajeno a Cuba, como “la protección de los datos y la privacidad, la identidad digital, el uso de tecnologías de vigilancia, y la violencia y el acoso en línea”.

En 2022, YucaByte recibió 272 reportes de violaciones de derechos digitales. Puede que existan otros métodos no recogidos en este subregistro, u otros grupos a quienes no se le garantizan sus derechos digitales. 

Gráfico 1: Tipo de violación

Además de los cortes de internet, que representan el 54% del total de reportes, el régimen suele inhabilitar las líneas móviles de activistas y periodistas. También acostumbra a intimidarlos y amenazarlos en las redes mediante perfiles falsos. El ciberacoso ―la tercera violación más común según los reportes― está definido legalmente por el Decreto-Ley 35 como el “uso de las TIC con la intención de acosar u hostigar a una persona, o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información privada, íntima o falsa”. El decreto-ley explicita también que el ciberacoso consiste en “comunicaciones no esperadas deseadas, así como acciones o expresiones que lesionan la dignidad de otra persona, que menoscaban su fama o atentan contra su propia estimación”.

Este es uno de los métodos más utilizados por oficiales de la Seguridad del Estado, que se dedican a amenazar, difamar y citar a interrogatorios vía SMS; o a llamar continuamente y publicar anuncios de venta de productos en páginas de clasificados con el número de teléfono de periodistas y activistas cubanos. Asimismo, estos oficiales son quienes aplican multas de 3000 CUP bajo el Decreto-Ley 370 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”, en conjunto con inspectores del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM). 

Aunque en menor medida, los reportes también indican que la policía política suele decomisar el teléfono celular, lo mismo bajo el propio Decreto-Ley 370 que de forma arbitraria, sin regulación legal o pruebas que lo justifiquen. 

Otros usuarios han notificado también que en ocasiones la velocidad de conexión de sus teléfonos es más lenta de lo habitual, o en comparación con la de sus familiares residentes en el mismo hogar. 

Según Access Now, en países donde la infraestructura es precaria resulta difícil distinguir si la velocidad lenta se debe a una falla técnica o a una acción deliberada. “Es por ello que esta práctica puede ser una manera de ‘ocultar’ un corte de internet que ocurre a plena vista”, explica la organización.

Gráfico 2: Violaciones según grupos

Los grupos más vulnerables en materia de derechos digitales en Cuba son principalmente activistas, periodistas y sus familias, así como el entorno de los presos políticos. Todos sufren continuos cortes de internet en fechas señaladas (como celebraciones fijadas por el régimen o el Día Internacional de los Derechos Humanos, por ejemplo) o en cualquier otro día que el Gobierno “necesite” silenciarlos. Access Now advierte que durante los apagones de internet es normal que se violen otros derechos humanos, incluida la represión de manifestantes y las detenciones masivas,.

Según este subregistro, los periodistas son quienes más sufren ciberacoso; mientras que los familiares de presos políticos, activistas y periodistas son más vulnerables al decomiso de teléfonos celulares. 

Gráfico 3: Reportes según víctimas 

A la ciudadanía en general, el régimen aplica métodos como los cortes masivos de internet (lo hizo seis veces el pasado año, según los reportes recibidos), el bloqueo de sitios web y de SMS con palabras como “democracia”, “dictadura”, “marcha”, “protesta”, “comunismo”, “SosCuba”, “libertad” y “VPN”, entre otras. 

Entre los periodistas y activistas que más violaciones reportaron se encuentran Luz Escobar, del diario independiente 14ymedio; y Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, miembros del Comité por la Integración Racial (CIR). La pareja ha dirigido sus quejas varias veces a ETECSA, pero hasta ahora no han recibido más que vagas respuestas. 

Gráfico 4: Reclamaciones a ETECSA

Por lo general, estas prácticas censuradoras apenas generan reclamaciones. Solo 14 veces se presentaron quejas en las oficinas de ETECSA, de acuerdo con los 272 reportes recibidos. Por lo general, quienes reclaman regresan a casa sin una respuesta clara de por qué no tienen acceso a internet, o por qué tienen la conexión lenta. Asimismo, en muchos casos, el monopolio estatal de las telecomunicaciones se limita a certificar que el teléfono y la línea móvil no presentan problemas.

En Cuba, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) están diseñadas “como instrumento para la defensa de la Revolución”, según explicita el propio Decreto-Ley 370. Esta narrativa sirve de justificación al régimen para reforzar el control de las redes. “Estas acciones (…) no pueden estar orientadas a salvaguardar al sistema político, tienen que estar orientadas al servicio de la ciudadanía, porque ese es el objetivo de la democracia”, explicó Marianne Díaz Hernández, especialista en derechos digitales de la organización Access Now, en un reportaje de YucaByte sobre los métodos de represión online en la Isla.

Periodista, graduada en 2013 en la Universidad de La Habana. Reportera de YucaByte, medio independiente cubano que aborda el impacto de las tecnologías en la sociedad.
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