Iilustración con teléfonos y siluetas de mujeres.

Caso Bécquer: ciberacoso, violencia sexual e impunidad

Ilustración: Alejandro Cañer

En los últimos 10 meses ha estado en la agenda pública cubana el caso Fernando Bécquer, un trovador de 52 años que llevaba, por lo menos, más de 20 cometiendo actos de violencia sexual contra mujeres, algunas de ellas menores de edad.

Luego de la denuncia inicial, tanto Bécquer como una parte de sus amigos y allegados enviaron mensajes y revictimizaron por redes sociales a las denunciantes, a quienes las acompañaban y a quien compartiera la denuncia.

En el mes de febrero de 2022, la plataforma YoSíTeCreo, que da acompañamiento a las víctimas de violencia machista, advirtió que varias personas que habían posteado la etiqueta #yosílescreo, como solidaridad hacia denunciantes, habían recibido mensajes por interno de un perfil nombrado “Elbecquer Decuba”, un perfil asociado al propio Fernando Bécquer, que daba a entender que las denuncias eran parte de una “teoría del rumor”.

El mensaje fue enviado también a las mujeres testimoniantes. “Pedimos a las autoridades cubanas especial protección a las denunciantes, las cuales también han recibido este mensaje”, escribió en redes sociales YoSíTeCreo.

De acuerdo con la periodista y activista feminista Marta María Ramírez, lo que hizo la justicia cubana en aquel momento fue ponerle a Bécquer una medida cautelar, una medida que le permitía, según Marta María, “seguir frecuentando sitios sociales donde antes encontraba a sus víctimas”. Una de las exigencias del activismo fue que Bécquer fuera retirado de la vida pública mientras durase la investigación, como medida preventiva para garantizar espacios libres de violencia para mujeres y niñas.

Como resultado del silencio institucional y la falta de transparencia durante el proceso, no se ha podido comprobar si en efecto se le aplicó esta medida y en qué consistía.

En los meses posteriores, perfiles que parecen estar vinculados a Bécquer le escribieron, tanto por privado como de manera pública, a varias personas. Entre quienes sacaron a la luz los mensajes están  Mario Luis Reyes, autor del reportaje de El estornudo, la periodista Mónica Baró y Paula Andrea Ramírez, una de las denunciantes iniciales, a quien Bécquer acosó publicando fotos privadas.

Las leyes del gobierno cubano y el ciberacoso

Marta María Ramírez fue de las mujeres que sufrió el ciberacoso de perfiles asociados a Bécquer. El 21 de febrero recibió un mensaje de un perfil llamado “Cifuentes Fercho”, que también está vinculado con el trovador. “Este hombre desarrolla una estrategia en redes sociales en la que, de manera privada, escribe a personas que han mostrado su solidaridad con las sobrevivientes y a las propias sobrevivientes”, escribió la activista.

“Que el agresor, violento, escriba a sus víctimas/denunciantes en tono amenazante, aleccionador, debía figurar en la investigación. Es demasiada la impunidad”, concluyó.

En mayo Marta María recibió otro mensaje de acoso, esta vez desde el perfil “Elbecquer Decuba”. Un mensaje que también le fue enviado a otras personas. Elbecquer Decuba acosó a la periodista en una publicación en Facebook y continuó ciberacosándola en comentarios.

“Entre el 22 y el 24 de mayo hemos vuelto a ser violentadas (…) en franca intención de intimidarnos, desestimular las denuncias y dinamitar nuestras redes de apoyo”, denunció la periodista.

El 26 de mayo Marta María publicó en Twitter que había acudido a la Oficina de Seguridad de Redes Informáticas (OSRI) a denunciar estos mensajes. La OSRI es una institución ligada al Ministerio de las Comunicaciones, y tiene como objeto social llevar a cabo la prevención, evaluación, aviso, investigación y respuesta a las acciones que afecten el normal funcionamiento de las tecnologías de la información del país.

La denuncia de Marta María en la OSRI no procedió. “Solo nos dijeron que bloqueáramos y reportáramos los perfiles. Algo que, obviamente, ya habíamos hecho y que sabemos, porque muchas de nosotras participamos en el feminismo en el ciberespacio. O sea, que tenemos cierta preparación para esto, porque no es la primera vez que nos acosan y nos violentan en redes sociales”, dijo la activista a YucaByte.

“Y yo pregunté también si, aunque no procediera, el caso quedaba archivado. Me dijeron que sí. Les pedí bajo qué número quedaba denunciado y jamás tuvimos respuesta sobre esto. No sabemos qué sucedió. Si se archivó, si no se archivó, si la defensa pudo utilizarlo” comentó.

“El 99% de las veces que soy agredida en redes es por hombres, o al menos por perfiles que responden a la masculinidad”, explicó la periodista. “Y una siente miedo, porque una está ahí con nombres y apellidos, o sea, está su cara, están sus artículos”.

“Tiene que haber otra solución que no sea ‘bloquéalo en redes, que no tenemos relación con los servidores’. Es la responsabilidad del estado y de las organizaciones de este hacerlo porque la mayor parte de los ciberdelitos ocurren en servidores que no son cubanos, que están en Estados Unidos”.

La activista considera importante tener en cuenta que, al mismo tiempo que ocurrían todas estas amenazas, supuestamente se estaba llevando a cabo una investigación policial. “Era un hombre al que se le había interpuesto una denuncia por abusos sexuales y este hombre y sus acólitos, dos o tres, comenzaron a cometer otros delitos en las redes, buscando una desestimular las denuncias, entorpeciendo el proceso de investigación”.

“Se ofrecieron informaciones falsas, como Ray Fernández, que dijo que todo había sido desestimado. Esto va más allá de una posición de solidaridad con la cultura de la violación, esto es un delito en Cuba”.

Marta María cree también que habría que poner un énfasis también en lo que ella denomina violencia machista de estado, “porque muchas de estas agresiones también vienen avaladas o amparadas por el poder político. A veces son agentes, y otras veces son personas que usan, como es el caso de Bécquer, su supuesto apoyo a eso que han llamado la revolución cubana para agredirte”.

“Te están acosando porque tú estás denunciando algo o te estás poniendo del lado de las sobrevivientes, sin embargo también suman el hecho de que tú no estás a favor de lo que el totalitarismo cubano propone. Ahí van dos violencias: esa violencia machista y esa violencia machista amparada por el estado cubano. Son dos cosas que hay que atender y que deberían estar en una Ley Integral contra la Violencia de Género o integrarse en una ley contra la violencia política.

Hasta el año 2021 en Cuba había un vacío legal específico al ciberacoso. Denuncias anteriores del activismo a páginas que promovían la trata de menores en Facebook fueron ignoradas y no tomadas en serio por las autoridades.

El Decreto-Ley 35, que regula el uso de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico, incluye entre los deberes de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones el no usar el servicio para realizar acciones que generen acoso (artículo 15, inciso f)

Este decreto obliga a los proveedores y operadores, en colaboración con las autoridades competentes, a suspender el servicio o terminar el contrato de los usuarios que utilicen los servicios contratados para realizar acciones que generen acoso (artículo 53, inciso b).

La Resolución 105 de 2021 del Ministerio de las Comunicaciones, califica al ciberacoso como “un incidente contra la dignidad y la individualidad” y le otorga un nivel de peligrosidad medio. Según esta resolución, se considera ciberacoso “el uso de las TIC con la intención de acosar u hostigar a una persona, o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información privada, íntima o falsa”.

Al parecer, ninguna de estas medidas fue tomada con los perfiles asociados a Bécquer. Los mensajes de acoso continuaron durante los 10 meses siguientes a la publicación de los testimonios originales.

La Nueva Ley del Código Penal, que entrará en vigor el mes próximo, no tiene contemplado en su cuerpo legal el ciberacoso de forma explícita.

Sí incluye, en cambio, al uso de las redes sociales como agravante de responsabilidad penal. Si una persona usa las telecomunicaciones y sus servicios para algo que el gobierno considere como delito, esa persona podría recibir una condena mayor a si hiciera lo mismo en la calle.

El Código Penal podría ser usado por el gobierno para reforzar su control sobre las telecomunicaciones, penalizar la defensa de derechos esenciales, el periodismo independiente y el disenso de manera general. Habrá que comprobar si lo que parece tener una clara intención de criminalizar el activismo, también será usado como agravante en delitos de violencia de género.

Giselle Morfi Cruz, jurista de la plataforma Cubalex, considera que es importante definir el ciberacoso como una forma delictiva específica, ya que, a partir de allí, se puede conocer cuál es el ámbito de adaptación que permita garantizar una mejor protección y reparación a las víctimas. 

“Por ejemplo, estamos hablando de un delito que puede manifestarse de muchas formas y que se comete, como bien lo dice la palabra, a través del uso de las TICS, por tanto, su tratamiento jurídico incluye un análisis de pruebas completamente diferente a un delito que ocurre en el mundo físico, en el mundo offline”, dijo a YucaByte.

Morfi piensa que, aunque el ciberacoso no está regulado de manera clara y completa en la Nueva Ley del Código Penal, sí hay delitos que recogen una parte del ciberacoso, pero solo la parte centrada con el acoso sexual. 

“Hay otros comportamientos relacionados con el acoso que no están allí y que son igual de lesivos a la privacidad, a la dignidad de las personas, a la seguridad personal, está el acoso basado en el hostigamiento, la ciberpersecución, la denigración, la suplantación, hay muchísimas formas de acoso, no solamente son estas, son muchísimas otras más. Entonces, hasta ahora, lo que aparece en el nuevo Código Penal, para mí, está invisibilizando estas otras formas de ciberacoso”.

“Ahora, también te digo, nunca la mejor regulación y la más justa va a ser suficiente si no se toman otras medidas que acompañan, medidas relacionadas con las políticas públicas, con la prevención, con la educación, que se adopten buenas prácticas para garantizar que no se repitan estos actos, para reparar a las víctimas, pero sobre todas las cosas poner fin a la causa estructural que permite que esto suceda”, explicó la abogada.

El juicio contra Fernando Bécquer

Diez meses después de la publicación de los testimonios originales, un tribunal cubano condenó a Bécquer. Los detalles más específicos de la sentencia aún no se han hecho públicos, pero se sabe que consiste en 5 años de limitación de libertad como sanción subsidiaria a la privación de libertad.

Activistas feministas y expertos jurídicos han considerado esta condena como una excesivamente suave, que no ofrece reparación a las víctimas.

La plataforma legal Cubalex opinó que “el juzgamiento fue solo simbólico y la sanción irrisoria. No se corresponde con la gravedad de los hechos. Si sales a protestar: cárcel, pero si abusas de las mujeres, no pasa nada”.

“Ciertamente hemos ganado una batalla importante”, escribió Massiel Carrasquero, quien acompañó a las denunciantes en el proceso, “logramos que, por primera vez, se llevara a juicio a un abusador reincidente. La sentencia y el proceso investigativo no fueron lo que esperábamos, pero fueron. No me conformo, no lo hago, pero reconozco que ha sido una victoria”.

La activista Salomé García Bacallao cuestionó que era muy posible que a Bécquer no se le hubieran puesto sanciones accesorias, que le impidieran seguir presentándose en locales como músico, algo que le permitió acceder a sus víctimas.

“A los manifestantes del 11J sancionados se les impuso la sanción accesoria de privación de derechos. Al grupo de Vegas, Mayabeque, se le pedía la prohibición de frecuentar lugares públicos de Mayabeque por 5 años”, comentó García Bacallao.

Hasta el momento, la única acción no penal contra Bécquer vino de la página Pista Cubana, que lo suspendió de su catálogo luego de hacerse pública la sentencia. “Esta es la reparación que necesitamos”, dijo Paula Andrea Ramírez.

Liliana Héctor Balance, una de las denunciantes iniciales, contó en un post que “no me ha dado paz ese hombre, al que le ha parecido divertido venir cada mes a mi muro y al de mis amigas y amigos (…) a provocar, a mentir, a averiguar qué sabemos, a mandarnos mensajes asquerosos, amenazantes de todo tipo”.

“Por sobre todo prevalece en mí la alegría, la consabida paz una vez más de saber que es culpable y ha sido declarado como tal (…) No quiero hablar de la preocupación que me deja saber que puede acceder aún a redes sociales y seguir acosándonos, por lo que los mantendré al tanto de esa situación. Me voy a mantener muy positiva”, escribió.

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