Yuri García: manifestante del 15N deportado por EEUU en alta mar

Ilustración: Julio Llópiz-Casal

El pasado 2 de septiembre, después de casi dos semanas solicitando asilo en buques de la Guardia Costera estadounidense, el mayabequense Yuri García (30) fue deportado a Cuba sin muchas explicaciones junto a varias personas que lo acompañaron a finales de agosto en un intento de salida ilegal. 

García, quien profesa la fe cristiana, fue detenido durante cuatro días y expulsado de la base de camiones de carga donde trabajaba como técnico en GPS luego de sacar un cartel con la frase “Martí Sí, Marx No” frente a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) de Batabanó el pasado 15 de noviembre (15N) de 2021, durante la fallida Marcha Cívica por el Cambio.

Y aunque en enero de este año pudo reincorporarse a su puesto gracias al apoyo de sus compañeros y a la presión mediática, asegura que la vigilancia, el hostigamiento psicológico y las citaciones a interrogatorios no se detuvieron desde entonces. 

«La última citación fue antes de este 11 de julio», dice. «Ellos esperaban que ese día pasara algo —por el aniversario de las protestas populares del 11 de julio de 2021—. Me citaron para advertirme que si salía a manifestarme, podría enfrentar de tres a siete años de prisión».

Esta represión constante hizo que García decidiera emigrar a Estados Unidos por mar, la única vía a su alcance para huir de Cuba y aspirar a una vida digna. Sin embargo, el oficial estadounidense de asilo que lo entrevistó en el buque de la Guardia Costera no encontró que ello fuera evidencia suficiente de miedo creíble. Por eso decidió deportarlo. 

Aunque la mayoría de los cubanos que emigran ilegalmente a Estados Unidos lo hacen por la frontera mexicana, durante el último año ha crecido sustancialmente el número de personas que intentan cruzar el Estrecho de la Florida en embarcaciones ilegales para huir de la crisis política y económica que afecta al país. 

Para que tengan una idea: entre octubre de 2016 y septiembre de 2021, la Guardia Costera estadounidense interceptó a 2.927 cubanos en alta mar. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, la cifra se ha disparado hasta 6.570.

Balseros cubanos interceptados en alta mar por la Guardia Costera de Estados Unidos.

Sin embargo, la inmensa mayoría de esos balseros son devueltos a Cuba, incluso activistas y opositores víctimas de persecución política como García. Pese a que las leyes estadounidenses permiten iniciar el proceso de asilo a quien demuestre miedo creíble a ser perseguido o torturado en Cuba, casi nadie lo logra debido a la discrecionalidad de los oficiales de asilo y al interés de Washington de desincentivar las entradas ilegales por mar.

El viaje de Yuri García

Antes del 15N, García había fantaseado con la idea de viajar, quizás incluso hasta de emigrar, pero nunca muy en serio. «Siempre tuve el deseo», dice, «pero esas ideas tomaron más fuerza que nunca luego de que empezaran los ataques hacia mi persona por parte de los órganos represores de la Seguridad del Estado».

No ha sido el único. Durante los últimos meses, varios activistas, opositores y periodistas independientes han sido forzados a abandonar el país por sus ideas políticas. Algunos han logrado establecerse en Europa. Otros han comprado boletos de avión hasta Nicaragua, desde donde han emprendido camino hasta Estados Unidos. 

Pero él no tuvo ninguna de estas opciones. «Económicamente me era imposible irme por Nicaragua», dice. «Solo tenía la opción de hacerlo por mar». 

García zarpó hacia Estados Unidos a finales de agosto, en una noche de marejada. Iba junto a varias personas cercanas, en un bote rústico de poliespuma armado con un motor y bolsas de aire a los lados. Unos pocos víveres en su interior. 

Al segundo día de navegación, después de quedarse sin GPS, de que el motor dejara de funcionar y de haber superado una tormenta, fueron rescatados por la Guardia Costera estadounidense, que los trasladó hacia uno de los buques que asisten a los balseros encontrados en alta mar. 

Durante los cuatro días siguientes, García y varios de sus compañeros intentaron pedir asilo ante los oficiales del buque, pero asegura que estos no les hicieron caso. «Sabíamos que teníamos derecho a solicitarlo», dice. «Ellos nos escucharon, pero no nos dieron la oportunidad».

Tras ser reubicados sin explicación en un segundo buque que se dirigía hacia Cuba, García y varios de su tripulación se quejaron. «Estaba indignado», cuenta. «Repetí que fui prisionero político en Cuba, que era perseguido por el régimen y que quería solicitar asilo, un derecho que me da el gobierno estadounidense. Poco después me trasladaron hacia otro buque junto a cuatro compañeros [que tampoco aceptaron ser deportados a Cuba]». 

En este último buque sí logró que un funcionario estadounidense le hiciera una entrevista de miedo creíble. Estas se realizan cuando un migrante sujeto a deportación tiene la intención de solicitar asilo debido al miedo de ser torturado o perseguido en su país por cuestiones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a grupos sociales particulares.

«Respondí todas sus preguntas y le dije que si buscaba mi nombre en Internet podría ver lo que sucedió conmigo el 15N», dice García. Sin embargo, el funcionario no aprobó su caso de miedo creíble. El 2 de septiembre, fue deportado a Cuba sin explicaciones junto al resto de sus compañeros.

«Pensé que por lo menos iban a indagar, pero ahora creo que solo hicieron un paripé. Siento que no me dieron la oportunidad de mostrar las pruebas de que soy un perseguido político, que no tomaron mi caso en serio. (…) Lo que me dieron a entender es que en realidad no les importa lo que pasa con los disidentes en Cuba».

Miedo creíble: difícil de demostrar para quienes intentan emigrar por mar

Según el abogado cubanoamericano de migración Wilfredo (Willy) Allen, casi todos los cubanos que llegan a Estados Unidos por tierra superan la entrevista de miedo creíble. Sin embargo, la realidad de los balseros interceptados en alta mar es muy distinta. «Casi el 100 por ciento son regresados a Cuba», asegura.

Incluso cuando la política de «pies secos, pies mojados» estaba vigente, los balseros interceptados en alta mar tenían grandes probabilidades de ser devueltos a Cuba. La única posibilidad era que convencieran a los oficiales estadounidenses de asilo de tener un miedo creíble de regresar a la isla.

El problema es que incluso esto se ha vuelto cada vez más difícil de demostrar. 

Según Allen, esto se debe a dos cosas. Primero, a que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para evitar las entradas ilegales por mar, por lo cual los oficiales de asilo estarían exigiendo un nivel muy alto de evidencia de miedo creíble. 

Y segundo, a que existe un acuerdo bilateral según el cual Cuba no puede perseguir a ningún balsero devuelto por EE.UU., lo que le permitiría a los estadounidenses desestimar muchas de las solicitudes de los balseros cubanos. 

«Por eso es más difícil demostrar miedo creíble en una embarcación que en tierra», dice Allen. «No quieren que las personas sigan entrando por mar, y como es por un tema supuestamente de seguridad, eso va a ser algo muy difícil de cambiar».

Los activistas y opositores también son perjudicados por esta medida, incluso aunque demuestren haber sido víctimas de represión. No solo está el caso de Yuri García. En mayo pasado, la activista Yeilis Torres Cruz estuvo muy cerca de ser deportada por la Guardia Costera estadounidense tras abandonar el país en una embarcación ilegal. 

Poco antes, Torres Cruz había pasado cerca de diez meses en prisión por increpar públicamente a Humberto López, miembro del Comité Central del PCC y vocero del régimen cubano. Aun así, no logró convencer a los oficiales estadounidenses de asilo de tener miedo creíble, según informó el periodista Mario J. Pentón. 

Sin embargo, todo indica que la presión de políticos como Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU., hizo que la Guardia Costera accediera a trasladar a Torres Cruz a la Base Naval de Guantánamo, donde se encuentra desde entonces en proceso de asilo político.

Según explica Allen, esto es lo que sucede con los pocos balseros cubanos interceptados en alta mar que superan la entrevista de miedo creíble. Sin embargo, ninguno llega a su destino. «Por ley, nadie que va para [la Base Naval de] Guantánamo llega a Estados Unidos. Si finalmente los oficiales deciden darle asilo político, se les busca un tercer país». 

El caso más conocido fue el de varios balseros que, después de ser interceptados en 2015 y pasar cerca de un año en Guantánamo, fueron reubicados en Australia, uno de los países con los que Estados Unidos mantiene convenios de intercambio de refugiados. 

«Así que el joven al que regresaron a Cuba no hubiera llegado a EE.UU. ni aunque le hubieran encontrado miedo creíble», asegura Allen respecto a Yuri García. 

En cualquier caso, el abogado insiste en que emigrar por mar no es buena idea. Quienes lo hacen no solo corren el riesgo de perder la vida o terminar deportados. Incluso si arriban a Estados Unidos el camino es difícil. Desde 2017, la regularización de los balseros depende en gran medida de la obtención de asilo, un proceso largo y sin garantías de éxito.

«El asilo político es muy difícil de obtener», explica Allen. «En Miami, por ejemplo, hay jueces que lo otorgan solo en el dos por ciento de los casos». 

Según el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un proyecto de datos federales de la Universidad de Syracuse, durante el año fiscal 2020 las cortes estadounidenses de inmigración concedieron asilo a 1.330 cubanos, el 40 por ciento de quienes lo solicitaron. 

Pero en el año fiscal 2021, solo 343 cubanos se beneficiaron de esta medida. Un número que, contrario a lo que pueda pensarse, no refleja un cambio en la actitud de los jueces, sino un recorte sustancial de la cantidad de casos que llegan a juicio. 

Casos de asilo de cubanos en cortes de Estados Unidos.

Quienes finalmente no obtienen asilo ni son beneficiados por medidas alternativas como la suspensión de la deportación o la regularización bajo la Convención contra la Tortura (CAT, en inglés), se enfrentan a dos posibilidades: ser deportados a Cuba —en caso de que la isla los acepte— o quedarse en Estados Unidos pero sin derecho a residencia.   

Yuri García: «Mi mayor miedo es que me fabriquen un caso»

Tras su deportación a Cuba el pasado 2 de septiembre, García no ha recibido seguimiento por parte de ningún funcionario de la embajada estadounidense. Tampoco ha sido requerido por las autoridades cubanas. No obstante, asegura que la Seguridad del Estado influyó para que el director de su empresa lo dejara sin empleo. 

«Él se agarró de eso, de la orden anterior de expulsión y del intento de salida, para expulsarme definitivamente, alegando que no soy confiable, que soy un contrarrevolucionario. Se olvidaron de los casi doce años que llevo trabajando ahí».

Mientras tanto, García sigue viviendo en Batabanó, donde Proyecto Inventario ha registrado al menos dos protestas en las últimas semanas. En una de ellas, incluso, varios vecinos abuchearon a una comitiva de funcionarios del PCC entre los que presuntamente se encontraba el presidente designado Miguel Díaz-Canel, de visita ese día por la zona. 

«El pueblo está desesperado», dice García. «Aquí no hay comida, no hay medicinas, muchos lugares no tienen agua. El sistema de salud está casi colapsado y los apagones son de hasta más de nueve horas».

Aunque actualmente se encuentra desempleado, García no ha acudido a la oficina local del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ni a ninguna otra entidad estatal a buscar empleo. Dice estar seguro de que no lo encontrará. 

«No he ido al MTSS porque no quiero perder mi tiempo y porque sé que si aparece algo va a ser lo que ellos quieran para mí. Y no quiero caer en sus manos. Yo no le temo al régimen, pero mi mayor miedo es que me fabriquen una causa, me manden a prisión y no pueda sostener a mi familia. Sé perfectamente que me pueden hacer una mala jugada. Por eso prefiero seguir mi rumbo hasta que Dios quiera». 

Recientemente, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, del sur de la Florida, solicitaron información sobre los planes de la administración Biden respecto al programa de Admisión de Refugiados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana (USRAP, en inglés), detenido desde 2018.

En una carta enviada a los secretarios de Estado y Seguridad Interna de EE.UU., los tres congresistas insistieron en que la reanudación del USARP ayudaría a salir de Cuba a un número considerable de activistas y opositores políticos perseguidos por el régimen, especialmente tras la escalada represiva que ha seguido a las protestas del 11J.  

«Creemos que ellos deberían hacer valer sus solicitudes de asilo y que se les escuche», expresaron los políticos. De lograr una respuesta positiva en los próximos meses, casos como el de Yuri García tendrían una nueva posibilidad de encontrar refugio en Estados Unidos, lejos de la represión a la que están expuestos en Cuba. 

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