Cuba: derechos digitales en crisis (4 al 18 de junio de 2022)

 Ilustración: Alejandro Cañer

En los primeros días del mes de junio, las violaciones cometidas por el gobierno cubano contra los derechos digitales de la ciudadanía fueron diversas. Multas por el Decreto-Ley 370, cortes selectivos de internet, reducción del ancho de banda de aplicaciones específicas y acoso y amenazas constituyen sólo algunas de las mismas.

El 5 de junio, la activista y emprendedora Saily González Velázquez denunció en su cuenta de Twitter que la joven madre y activista Aimara Peña, a quien el gobierno cubano impedía asistir a la Cumbre de las Américas, estaba sitiada y sin conexión a internet. Peña comunicó su situación a González Velázquez a través de un mensaje de texto.

La periodista y activista María Matienzo reportó desde su cuenta de Facebook el día 6 de junio que no tenía acceso a datos móviles. Diez días después, el 16 de junio, realizó otra publicación en la que informó que la desconexión total de su línea comenzó el día 5. En el post explicó además que ese era un método bastante socorrido por el Ministerio del Interior de Cuba (Minint) implementado para silenciar a voces disidentes.

Por su parte Luz Escobar, reportera del diario digital 14ymedio, informó que el 7 de junio amaneció con el servicio de internet cortado. Escobar también dijo que desde el día anterior había tenido dificultades para acceder a internet debido a la velocidad de la conexión.

El 11 de junio la activista y emprendedora Saily González Velázquez denunció que a la madre Amelia Calzadilla, quien se había hecho viral por una transmisión que hizo desde su Facebook exponiendo las carencias cotidianas y crecientes de la isla, le habían cortado el internet. Este hecho fue posteriormente confirmado por la propia Calzadilla, que aseguró que tres agentes del gobierno la visitaron después de publicar su vídeo.

El 13 de junio la periodista Yunia Figueredo publicó en Twitter que llevaba 7 días sin acceso a datos móviles. Figueredo anunció que su conexión 3G estaba muy intermitente y que no podía enviar SMS ni realizar llamadas y que su cobertura estaba bloqueada. Cuando llamó a ETECSA, la única compañía de telecomunicaciones permitida en la isla, le dijeron que la interrupción de su servicio se debía a un problema técnico que sería resuelto a las dos de la mañana, cosa que finalmente no sucedió. Según dijo a YucaByte la propia defensora de los derechos humanos, ningún miembro de su familia tenía los mismos problemas de conexión que ella.

A mediados de mes, Figueredo confirmó a nuestra revista que seguía con el acceso a datos cortado, y que entraba a internet desde zonas wifi o gracias a que una tercera persona le compartía sus datos. Gracias a esa vía puede acceder a Facebook y a otras redes sociales.

El 14 de junio el periodista Boris González Arenas fue multado con el Decreto-Ley 370 por una publicación en Facebook donde criticaba la gestión de Miguel Díaz-Canel. Esta es la segunda sanción de este tipo que recibe Arenas: en el 2020 fue uno de los primeros cubanos en ser penalizados con este decreto.

El suegro de Amelia Calzadilla, Ruy Díaz Martínez, algunos días después de que la joven hiciera una segunda y una tercera transmisión desde la cuenta de su esposo, denunció que su nuera había sido amenazada de muerte por WhatsApp. Díaz afirmó que varios troles controlados por el gobierno “tienen acceso a información privada, bancaria, de inmigración y extranjería (perteneciente a Amelia Calzadilla)”.

Al tuitero Leandro René Hernández Ibarra le fue cortada su conexión a internet por datos el día 17. Ibarra reportó que solo podía acceder a unas pocas aplicaciones y siempre con VPN. El joven comentó a YucaByte que parecía que le habían restringido el ancho de banda en aplicaciones específicas. El día anterior había sido citado para una entrevista con la Seguridad del Estado por un meme publicado por él en Twitter.

En la entrevista a Ibarra lo multan con el Decreto-Ley 370 por una cantidad de 3000 pesos. La justificación de las autoridades es que difundió información contraria al interés social, la moral y las buenas costumbres y a la integridad de las personas, elementos ambiguos que no están contenidos en ningún cuerpo legal que exista en Cuba. Ibarra afirmó en un video que durante la entrevista lo amenazaron y le dijeron que podía pensar lo que quisiera, pero que no podía publicarlo.

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