Parole

Médicos cubanos piden que EEUU reanude «parole» para reunirse con sus familiares

 Ilustración: Alejandro Cañer

Una iniciativa colectiva contra la separación familiar, coordinada por las ONGs Outreach Aid to the Americas (OAA), Gremio Médico Cubano Libre y Prisoners Defenders (PD) fue presentada en la ciudad de Miami el 20 de mayo, con el objetivo de frenar las consecuencias que sufren los hijos y familiares de los profesionales de la salud cubanos que abandonan misiones médicas oficiales, conocida en la isla como “Ley de los ocho años”. Esta es una regulación que impide la entrada en el país por esa cantidad de tiempo de quienes “deserten” de esas misiones.

Las misiones médicas que promueve el estado cubano han sido catalogadas como “trabajo forzado” por la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; y la Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ambas vinculadas la ONU.

“La primera de nuestras luchas es detener la esclavitud”, dijo Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en la presentación de la iniciativa. “La otra es acoger a esas personas como víctimas de esclavitud, que hoy en día no son reconocidas. Queremos que haya un reconocimiento activo y no solo pasivo. No solo es decir que cuando te acercas a mí yo te reconozco, sino que yo de antemano te diga que te voy a proteger y que no te preocupes si dejas la misión. Es complicado porque políticamente va a haber gente muy retrógrada que no comprenda lo que es el régimen. Una persona que se encargaba de llevar asuntos de Cuba en Naciones Unidas, me llegó a decir que lo que pasaba con los médicos cubanos era que los Estados Unidos ejercían el robo de cerebros. Esto fue hace dos años, cuando ya no había parole”.

Larrondo se refiere al antiguo Cuban Medical Professional Parole (CMPP), un programa del gobierno estadounidense que estuvo activo desde 2006 hasta 2017 y que otorgaba visas a profesionales de la salud que abandonaran las misiones impulsadas por el gobierno cubano.

Este programa abarcaba desde doctores, enfermeros, paramédicos, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio hasta personal deportivo. Las personas calificadas podían entrar al territorio norteamericano aplicando desde un tercer país con su cónyuge y sus hijos, si estos últimos no estaban casados y eran menores de 21 años.

El 12 de enero de 2017 se puso fin a esta política, en la que fue una de las últimas decisiones de la administración de Barack Obama. En aquel momento, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos declaró que este era un paso más para normalizar aún más las relaciones migratorias entre las dos naciones.

Desde entonces varios políticos cubanoamericanos, especialmente los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, han pedido al Departamento de Seguridad Nacional reabrir el programa. “El CMPP proveyó de refugio a profesionales de la salud que eran forzados a una servidumbre por contrato para el régimen de Castro, y les debemos que se reinstaure este programa y la lucha continua contra la opresión del pueblo cubano en todo el mundo”, escribieron entonces en una declaración conjunta, además de Menéndez y Rubio, Ted Cruz, leana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart, Albio Sires y Carlos Curbelo.

El intento legislativo más reciente tuvo lugar en junio de 2021, cuando nuevamente Menéndez y Rubio exigieron la reapertura a la administración de Joe Biden con el Proyecto de Ley para Combatir la Trata de Médicos Cubanos del 2021, legislación que pretende fortalecer las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas.

Al respecto, Roberto Organero, representante del Gremio Médico Cubano Libre, dijo en la conferencia de prensa que, después de las medidas de flexibilización tomadas por el ejecutivo de Joe Biden el 16 de mayo, creía que esta reanudación estaba cada vez más en las peores condiciones. “Pero nunca podemos perder la esperanza”, comentó. “Y estas denuncias ante la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas nos ayudarán cuando los asesores del presidente Biden vean que se están convirtiendo en cómplices de un tipo de esclavitud moderna y de separación familiar que lleva a la tortura infantil. Ojalá todas estas denuncias lleguen a nuestros representantes de gobierno acá”.

Idalma Leyva, quien fuera una de las víctimas de la “Ley de los ocho años” junto a su familia opinó acerca de la reanudación del parole. “Nosotros sabemos y estamos conscientes que una de las principales entradas de dinero del gobierno cubano es a través de lo que cobran los cooperantes. Si se reabre el CMPP, dejarán de recibir millones de dólares. Realmente esta sería una gran estocada a la dictadura”.

La cantidad real que ingresa el gobierno cubano por los servicios de estos profesionales es poco clara. José Luis Rodríguez, exministro de Economía de Cuba, declaró que entre 2011 y 2015 se ingresaron por este motivo 11.543 millones de dólares como promedio anual. Más reciente, en el año 2021, Yamila de Armas Águila, directora de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. dijo que el 80 por ciento de las exportaciones de 2020 le correspondían a ese sector.

Las ONGs reunidas en Miami recordaron que el 6 de mayo tuvieron una reunión con el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas donde interpusieron una denuncia en noviembre para exponer las situaciones de maltrato, torturas y secuelas que la separación forzosa representa para más de cinco mil niños cubanos.

En la denuncia se presentó una investigación que desgranó 191 testimonios de «separación materno-filial», en la mayoría de casos presentados por profesionales de la salud, de los que el 76 % fueron declarados desertores en base a la ley de los 8 años.

Por otro lado, hace unas semanas, durante la visita a La Habana del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, trascendió un convenio de cooperación entre las dos naciones en materia de salud, que llevaría a la contratación de 500 doctores por parte del gobierno del partido Morena.

López Obrador justificó su decisión argumentando que México tiene un déficit de 50 mil médicos generales y especialistas, y que muchos de los que están disponibles se niegan a ejercer su profesión en lugares lejanos, empobrecidos o de difícil acceso, algo que ha sido rebatido por asociaciones gremiales mexicanas. Estas organizaciones aseguran que este es un trato discriminatorio y que no son ciertas las afirmaciones del presidente.

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