Ilustración: Alejandro Cañer
En la mañana del 15 de junio de 2023 el activista José Manuel Barreiro Rouco, de 55 años, fue detenido en su vivienda por las fuerzas represivas del régimen. Su teléfono celular fue incautado y su domicilio sometido a un registro exhaustivo en busca de presuntas pruebas incriminatorias. El activista estuvo seis días totalmente incomunicado, durante los que su familia no supo de su paradero.
El día anterior a su arresto, en su perfil de Facebook, Barreiro Rouco había denunciado que un antiguo represor de Aguada de Pasajeros, el municipio cienfueguero donde ha vivido toda su vida, había llegado a Estados Unidos.
“Cuando me detienen mucha gente pensó ―hasta yo mismo― que era por esa denuncia, pero ellos [los agentes del régimen] lo que estaban investigando era si yo tenía algún vínculo con las personas detenidas y relacionadas con el youtuber Yamil Cuéllar, que reside en Estados Unidos”, explica a YucaByte Barreiro Rouco.
En julio de 2023, el Noticiero Nacional de Televisión de Cuba comunicó que varias personas, todas residentes en varios municipios de Cienfuegos, habían sido detenidas presuntamente por poner carteles y realizar acciones contestatarias contra el régimen. El propagandista estatal Humberto López expresó que detrás de esas acciones se encontraba Yamil Cuéllar. López divulgó un audio de WhatsApp en el que supuestamente este youtuber alentaba esas acciones desde Estados Unidos. Cuéllar negó las acusaciones en sus redes sociales y denunció que ese audio había sido editado por el Gobierno cubano.
“Yo no tengo nada que ver con esas personas ni con Yamil Cuéllar. Ellos tuvieron que convencerse de eso con el tiempo, pero aun así me mantuvieron en prisión por seis meses y 15 días. Finalmente deciden excarcelarme el 30 de diciembre de 2023 con una medida de reclusión domiciliaria”, añade el activista.
La sorpresa para Barreiro Rouco llegó cuando la Fiscalía Municipal de Cienfuegos le hizo llegar a mediados de 2024 una solicitud de dos años y seis meses de cárcel por los presuntos delitos de “desacato” y “tráfico ilegal de divisas”.
Según la petición fiscal, “con el propósito de realizar acciones denigrantes y ofensivas que afectaran el honor e integridad de figuras relevantes de la Revolución Cubana (…), entre ellas (…) Miguel Díaz-Canel (…), Raúl Castro Ruz y (…) Fidel Castro Ruz, entre el 31 de marzo y el 15 de junio de 2023, el acusado logró acumular en el teléfono móvil numerosas imágenes en las que se le atribuían epítetos denigrantes a estas figuras”.
El documento señala que Barreiro Rouco compartió estas imágenes, más conocidas como memes, en un grupo privado de Messenger (Rouco aclara a este medio que fue en WhatsApp) de apenas 11 personas, sus familiares más cercanos. La delirante petición fiscal subraya que este cubano pretendía con la divulgación de esos memes “fomentar el deseo de acabar con la vida de Raúl Castro” y de que los cubanos se lanzaran a las calles, para que en el enfrentamiento los militares perdieran la vida.
“Nunca he negado que los memes los divulgué en un grupo familiar; no fueron para compartirlos de manera pública. En ese detalle mienten. Lo que dicen de mis intenciones de acabar con la vida de Raúl Castro es risible, es una interpretación de mis verdugos para buscar un delito donde no lo hay”, enfatiza Barreiro Rouco.
El juicio al activista se celebró el 16 de septiembre de 2024 a puertas cerradas. “Mi abogado me defendió de un modo que me sorprendió. Fue muy vehemente en la exposición de sus argumentos y se mostró convencido de mi inocencia. Por momentos pensé que lo llevarían preso una vez terminara el juicio”.
Respecto a cuán viciado considera Barreiro Rouco el debido proceso judicial en su contra, expresa: “El jefe de la Fiscalía Provincial de Cienfuegos, el principal encargado de instruirme de cargos, y quien siempre me negó cualquier beneficio carcelario, pidió en marzo del pasado año ser liberado de ese puesto. Él se incorporó a trabajar en el mismo Bufete Colectivo en el que presta servicio mi abogado. Resulta que el antiguo directivo de la Fiscalía Provincial admitió en privado a mi abogado que en mi caso no existen los delitos de desacato ni tráfico de divisas. Para mí, que este funcionario admita eso, viene a demostrar que el sistema judicial en Cuba es una burla”.
Alain Espinosa, abogado del Centro de Información Legal Cubalex,, comenta a a YucaByte sobre este caso que “la forma en la que se regula el delito de desacato en el Código Penal cubano es contraria a lo establecido en el derecho internacional, y constituye una suerte de blindaje a los funcionarios públicos respecto a la crítica, lo cual impide la participación de la ciudadanía, la supervisión ética y la transparencia en la gestión pública”.
El jurista acota que “la forma en que se obtuvo el material probatorio por el que se acusa a Barreiro Rouco del delito de desacato constituye una violación a los derechos a la intimidad personal y familiar, así como a la inviolabilidad de la correspondencia, ambos reconocidos y garantizados tanto por la Constitución cubana de 2019 como en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, muchos de los cuales el Estado cubano ha firmado”.
Por último, el abogado de Cubalex subraya que “el derecho internacional también establece que los funcionarios públicos están expuestos al escrutinio de la ciudadanía. La tolerancia a la crítica en su caso debe ser mayor que para los ciudadanos comunes, por lo que aquí no es posible aplicar esa figura penal, pensada más bien para restringir derechos, como el de la libertad de expresión”.
Sobre el delito de desacato, Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, con sede en España, señala que, “por su vaguedad y amplitud, permite criminalizar expresiones críticas al Gobierno cubano y sus dirigentes, incluso cuando se formulan en espacios privados o familiares. La utilización del desacato contra disidentes, opositores y activistas no responde a la protección de bienes jurídicos legítimos, sino a la intención de limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de castigar cualquier manifestación de disenso”.
Prisoners Defenders concluye que con Barreiro Rouco se cometieron al menos seis violaciones flagrantes: arresto arbitrario y desaparición forzada temporal; violación del principio de legalidad y tipicidad penal, al imputársele conductas privadas de expresión y transacciones sin precisión de tiempo ni lugar; incompatibilidad del delito de desacato con los estándares internacionales; falta de control judicial en las medidas cautelares, que se extienden de forma indefinida sin resolución escrita; negación del derecho a la defensa y a la notificación de sentencia, que coloca al imputado en un estado de inseguridad jurídica absoluta y, por último, el trato cruel e inhumano derivado del aislamiento, el acoso policial y la confiscación arbitraria de bienes, contrario a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
La otra figura penal por la que Barreiro Rouco comparece a juicio el 16 de septiembre de 2024 es “tráfico ilegal de divisas”.
“Esa acusación tampoco tiene ningún fundamento. El dinero que encontraron en la casa era de mi hija, no mío; ella me pidió que lo cambiara en dólares y así lo hice el día antes de mi detención. Yo no me dedico a cambiar divisas, y ellos lo saben. Esa acusación la hicieron para tratar de ‘engordar mi condena’, pero es un invento de ellos”, afirma el activista.
El análisis jurídico hecho por Prisoners Defenders sobre la versión de la Fiscalía con respecto a este delito indica que “la petición fiscal admite que no pudo establecer con exactitud la fecha de la supuesta transacción de 1.000 USD por 200.000 CUP. Tal omisión compromete gravemente el principio de certeza y legalidad penal recogido en el artículo 11.2 de la DUDH y el artículo 15 del PIDCP. La imputación se basa en testimonios indirectos y en la entrega de dinero por un tercero (el hermano del imputado), lo cual constituye prueba indiciaria insuficiente y carente de cualquier solidez probatoria. La falta de precisión temporal y material en la descripción del hecho impide satisfacer los estándares mínimos de prueba”.
YucaByte contactó a la Fiscalía Municipal de Cienfuegos, vía correo electrónico, para que expusiera su versión de este caso, pero nunca obtuvo respuesta.
¿Quién es José Manuel Barreiro Rouco?
Nacido en abril de 1970 en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, José Manuel Barreiro Rouco procede de una familia de clase media alta a la que fueron intervenidas varias propiedades como fincas, tiendas de joyería y ferreterías a la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.
“Mi bisabuelo y abuelo fueron comerciantes exitosos, cuando yo nací tanto mi padre como mi abuelo eran personas que no estaban de acuerdo con el sistema comunista y me inculcaron esos valores”, rememora.
Sus problemas con el régimen comenzaron siendo muy joven. Con apenas 18 años lo acusaron de ser el autor de un cartel que decía “Abajo la dictadura” aparecido en un lugar público.
“Estuve 19 días detenido por ser uno de los sospechosos de haber puesto ese cartel, pero no había sido yo y tuve la suerte que dieron con el autor, porque, si no, hubiera pagado yo”, cuenta.
“Luego ingresé a la Universidad Central [“Marta Abreu”] de Las Villas a estudiar Ingeniería Mecánica, pero allí me percaté de cómo el presidente de la FEU de ese entonces vendía alcohol. Lo cuestioné por eso y lo enfrenté, tuvimos una riña y, como yo era judoca, le gané. Eso provocó mi expulsión de la universidad en el segundo año de la carrera”, precisa.
Desde entonces, Barreiro Rouco se ha ganado la vida como barbero y ha establecido vínculos con el independiente Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación que dirige el opositor Juan Alberto de la Nuez Ramírez. En ese contexto llega su detención y procesamiento judicial.
Pero con su excarcelación las dificultades y obstáculos que le impone el régimen no han cesado. Barreiro Rouco denuncia tener limitaciones para acceder a internet y la cancelación indefinida de su cuenta de Nauta Hogar.
“El servicio de Nauta Hogar que tenía en casa, como estaba a nombre de mi esposa y ella abandonó el país, decidieron cancelarlo sin posibilidad de renovación. Cuando salí de la cárcel intenté renovarlo, pero en ETECSA me dijeron que debía venir el titular de la cuenta a hacer ese trámite y, si no era así, no había posibilidades de acceder a ese servicio”, dice Barreiro Rouco.
“Desde ese día he tenido que inventar para poder acceder a aplicaciones de mensajería, ya que la cuenta de WhatsApp me la han bloqueado dos veces en mi línea de teléfono. Mi número fijo está monitoreado, ya que en más de una ocasión he escuchado voces de una tercera persona cuando realizo una llamada”, señala.
A lo largo de los años, las autoridades cubanas han ido perfeccionando ―ya sea mediante su Código Penal o varios decretos-leyes― sus acciones represivas contra aquellos ciudadanos que deciden utilizar las redes sociales para denuncias políticas o de cualquier índole
El caso de Barreiro Rouco muestra características insólitas, ya que el régimen no solo decidió procesarlo por mensajes críticos publicados en sus redes sociales, sino por aquellos compartidos en grupos privados de mensajería exclusivamente con sus familiares.
