Cuando hace casi dos décadas atrás el granmense Alexander Verdecia Rodríguez empezó a cuestionar entre sus familiares el salario que percibía como administrador de una gasolinera (popularmente conocidas como CUPET) y que no le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas, su vida, de manera paulatina, fue dando un giro que lo llevó a la prisión política.
En un lapso de más de una década pasó de ser un trabajador estatal crítico a convertirse en un miembro activo de la disidencia. Incluso, llegó a fundar en Río Cauto una célula de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una de las mayores organizaciones opositoras cubanas, dirigida por el reconocido líder José Daniel Ferrer García (hoy también preso).
Pero Verdecia Rodríguez, de 51 años de edad, lleva cinco meses encarcelado en la prisión Las Mangas, centro penitenciario ubicado en las afueras de Bayamo, simplemente por realizar publicaciones críticas contra el régimen en la red social Facebook.
La joven fiscal Eliannys Bárbara Infante Bazán solicitó para este padre de cuatro hijos ―dos de ellos menores de edad― 10 años de cárcel por los presuntos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”.
El opositor fue detenido el 6 de febrero de este año en su casa: ese día cuatro uniformados que iban en un carro de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) fueron a buscarlo a su vivienda sin previo aviso. Los policías le dijeron que una “teniente de la ciudad de Bayamo quería hablar con él y que no podía negarse”, rememora su esposa, Eliannis Villavicencio Jorge. “Él accedió y ya no regresó más a casa”, agrega.
Villavicencio Jorge cuenta a YucaByte que tanto ella como sus familiares más cercanos han sido víctima de maltrato psicológico: “Te dicen que tienes visita el día tal y cuando ya estás allí los guardias te dicen que no darán la visita ni familiar ni conyugal, y nos hacen regresar a nuestras casas, con todo lo que ello implica en gasto y tiempo”.
“Aparte de eso, la alimentación en ese penal es pésima y muy poca. En más de una ocasión [a los presos] les han dado pescado en descomposición. Los colchones tienen chinches. A ello súmale el maltrato de los agentes de la Seguridad del Estado, que los sacan de la celda cada vez que ellos quieren solo para amenazarlos e intimidarlos. En una ocasión el primer teniente que se hace llamar ‘Soto’ le propinó una bofetada a mi esposo”, refiere Villavicencio Jorge.
A pesar de todo, la esposa de este preso político se mantiene firme: “Me he quedado sola con nuestras dos hijas pequeñas, y es él quien ―desde su injusto encierro― me da ánimos y fuerzas para continuar. Cuando logro verlo siempre me da fuerzas para seguir. En ese sentido está mejor que yo que estoy fuera de las rejas”, subraya.
Libertad de expresión vs. leyes del castrismo
La petición fiscal hecha pública en junio de este año expone que Verdecia Rodríguez hizo a principios de este año publicaciones como estas: “No al desfile del 1ro. de Mayo”; “Dicen que fue destituido el ministro de Economía Alejandro Gil, pienso que deben destituirlos a todos, incluyendo a Miguel Díaz-Canel”; “Fuera Díaz-Canel y todos los miembros del Partido Comunista, responsables de todo el sufrimiento del pueblo de Cuba”.
En otras, el opositor hizo pública su molestia por los largos apagones y calificó al régimen cubano de “terrorista”.
Aparte de estas publicaciones como presuntas pruebas de delito, quien revise con detenimiento el perfil del activista encontrará en su mayoría enlaces a noticias de medios independientes y videos de influencers cubanos.
Para Alain Espinosa, abogado del Centro de Información Legal Cubalex, el encarcelamiento del opositor granmense “es otro ejemplo de la voluntad política del Gobierno cubano de utilizar el derecho penal para restringir derechos y lograr un efecto inhibitorio en la ciudadanía mediante el miedo, lo que se agrava por la ya conocida falta de independencia de los jueces. Este tipo de proceder constituye por sí solo una discriminación por motivos de opinión política y una forma de censura para silenciar las voces críticas, el disenso y el debate sobre temas de interés público, tan necesarios en una sociedad democrática”, asegura el experto.
Asimismo, añade que “en el caso puntual de Alexander, y partiendo de la descripción que realiza la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, ni siquiera existe un exceso o un ejercicio arbitrario o ilegal del derecho a la libertad de expresión, pues el inculpado expresamente hace un llamado al ejercicio del derecho a la protesta pacífica, con lo cual no hace apología del odio ni de la violencia”.
Por su parte, Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, señala que el régimen aplica una “instrumentación ideológica de la figura penal ‘propaganda contra el orden constitucional’, ya que tipifica este delito en términos imprecisos y expansivos sancionando a quienes ‘difundan ideas contrarias al orden socialista’”. De igual modo, considera que hay “un uso desproporcionado del derecho penal como instrumento de censura al pedir diez años de cárcel”.
En resumen, para Larrondo, Verdecia Rodríguez “está siendo sometido a un proceso de criminalización de la disidencia, enmarcado en un patrón represivo sistémico, carente de garantías judiciales, y fundado en tipos penales incompatibles con el Derecho Internacional.”.
YucaByte contactó con la Fiscalía Provincial de Granma vía correo electrónico solicitando información sobre el caso, pero no obtuvo respuesta.
Más de 15 años bajo asedio
Desde que comenzó a vincularse de manera activa a la oposición política a principios de este siglo, Verdecia Rodríguez ha sido víctima de más de 10 detenciones breves y se ha visto privado de libertad de movimiento por períodos prolongados en tres ocasiones. En 2015 le impusieron una pena de reclusión domiciliaria de tres meses y luego estuvo seis meses en régimen cerrado por negarse a pagar una multa.
En 2016, fue condenado a un año de prisión por el delito de desacato, otra de las figuras penales muy usadas por el régimen para criminalizar las manifestaciones de oposición política. Más adelante, en 2018, le impusieron dos meses de reclusión domiciliaria para contener su activismo.
Según su esposa, su vivienda ha sido objeto de registros en varias ocasiones en presencia de sus hijas menores de edad.
Villavicencio Jorge, que siempre ha acompañado a su esposo en su activismo, recuerda: “Al principio no estábamos afiliados a ninguna organización opositora; lo que hacíamos era poner pegatinas en las noches y rayar paredes con las consignas ‘Abajo el hambre y la miseria’, ‘No más comunismo’”.
“Luego creamos el Movimiento por la Libertad y la Democracia en Cuba (MLDC), pero lo mantuvimos en el anonimato hasta que él decidió dejar su empleo estatal por temor a que lo descubrieran y las represalias que podrían tomar en su centro laboral”, cuenta.
“Una vez que abandonamos el clandestinaje y empezamos a sumar personas a nuestro movimiento llegamos a ser ocho integrantes, pero uno de ellos era un infiltrado y, debido a eso, la Seguridad del Estado aumentó la represión contra nosotros. La policía política logró desarticular lo que habíamos creado. Al cabo de dos años es que mi esposo se vincula a la UNPACU y crea una pequeña célula de esa organización en Río Cauto”, relata la mujer.
El régimen contra sus críticos en redes sociales
El encarcelamiento de Verdecia Rodríguez por sus publicaciones en redes sociales sigue un patrón represivo del régimen desde que los cubanos tuvieron mayor acceso a internet a partir de diciembre de 2018, cuando fue posible navegar por datos móviles. Desde esa fecha, varios periodistas independientes y ciudadanos cubanos no relacionados con la prensa recibieron multas de hasta 2.000 pesos cubanos por sus publicaciones en redes bajo el amparo del Decreto-Ley 370.
Luego de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, el régimen fue más severo con aquellos que utilizaban las redes sociales como arma cívica.
Por ese motivo, mantiene tras las rejas a Sulmira Martínez, una joven habanera de 23 años a quien le piden 10 años de cárcel por haber convocado a través de su perfil en Facebook a protestar, pocos meses después del 11J. Otro joven condenado a siete años de prisión desde 2023 es Migdel Martínez Toro, quien solo compartía en su perfil noticias y videos con críticas al Gobierno de Miguel Díaz-Canel.
De igual modo, los tuneros Félix Daniel Pérez Ruiz y Christian de Jesús Peña Aguilera fueron condenados a cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, a principios de este año, solo por convocar a una protesta pacífica ―que nunca ocurrió― en un parque de su ciudad.
