En Cuba, publicar una queja en Facebook o un mensaje que la Seguridad del Estado interprete como “convocatoria” o “incitación” a las masas cuesta literalmente la cárcel. En marzo, al menos cinco personas fueron detenidas por filmar o transmitir en vivo durante las protestas en algunas provincias del Oriente del país. De ellas, cuatro permanecen aún bajo prisión preventiva, en espera de juicio.
Varios activistas sufrieron cortes de internet este mes. A Adelth Bonne Gamboa le suspendieron el servicio el 8 de febrero, cuando transmitía en directo para CubaNet. Mientras, el opositor Juan Luis Bravo y la dama de blanco Yolanda Santana Ayala estuvieron sin internet los días 13 y 18, respectivamente.
En contraste con el aumento de reportes de criminalidad y el criticado desempeño de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), no cesan de reportarse en redes detenciones a cubanos cuyo supuesto delito es disentir públicamente y denunciar la crisis humanitaria que atraviesa la Isla. Arrestos arbitrarios que, en prácticamente todos los casos, terminan en interrogatorios de varias horas y cortes de internet que se extienden durante días, incluso semanas.
El primer y más destacado derecho protegido en internet, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en 2012, es la libertad de expresión. Sin embargo, el Gobierno cubano priva constantemente de estos derechos fundamentales a parte de la ciudadanía, a pesar de que fue reelecto por sexta vez para integrar dicho Consejo, en octubre pasado.
El 27N no sirvió para todo lo que hubiera deseado. Considero, tres años después, que hicimos cuanto estuvo en nuestras manos. A lo mejor no, pero no lo creo. Redactamos un Manifiesto a pesar del acoso de la Seguridad del Estado, los cortes selectivos de internet y las bajas pasiones y la cobardía de todos esos que consideran que la Revolución Cubana existe, a fin de ocultar sus temores y cargos de conciencia.
Mientras Eamon Gilmore pasea por las calles de La Habana, el régimen cubano mantiene tras las rejas a más de mil presos en condiciones infrahumanas
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