Ilustración: Carmen Barruecos
“Más allá de artista, de rapero, Nando Obdc es otro cubano que sufre la represión de una dictadura que sigue sembrando terror en el país. Por eso, no tengo que conocerlo personalmente para apoyarlo y exigir su libertad”, me dice el músico contestatario Jorgito Kamankola cuando le pregunto por su caso.
Sus palabras condensan un sentimiento común en gran parte de la comunidad artística independiente en Cuba: un país donde, como él mismo añade, “se intenta silenciar el rap, el rock, el reggae, toda canción con mensaje social. Los raperos, los que hacen rap de corazón, saben que están condenados a ir contra el sistema, a cuestionarlo, a denunciarlo. Es a lo que vinimos, y es lo que sufriremos”.
Ese es, hoy, el destino de Fernando Almenares Rivera, rapero, creador visual y voz visible del arte contestatario en la isla. Conocido como Nando Obdc, fue encarcelado el 31 de diciembre de 2024. Casi ocho meses después, permanece en prisión sin haber enfrentado un juicio.
Un artista incómodo para el poder
Desde hace más de una década, Nando Obdc combina letras de denuncia social, grafitis antisistema y activismo digital. Su arte incomoda, y en Cuba eso tiene consecuencias. Su trabajo más reciente fue como curador de la exposición “Arte Prohibido: Desde Cuba”, inaugurada en Miami a principios de diciembre de 2024 —unos días antes de su arresto—, que reunió a creadores de dentro y fuera de la isla para denunciar la censura institucional.
“Yo escribo canciones de rap desde los diez años”, contaba Nando Obdc en una entrevista con este medio en 2021. A esa edad ya usaba las palabras como herramienta de resistencia. Su carrera comenzó bajo la producción de Aldo, El Aldeano, y con el tiempo pasó de lo underground a un discurso abiertamente de denuncia política y social.
En la mencionada entrevista, el artista describía cómo la Seguridad del Estado se aparecía en su casa para «advertirle» y «prevenirle» de que lo expulsarían del país, e incluso llegaron a golpearlo. La vigilancia se intensificó cuando comenzó a hacer grafitis antisistema y a colaborar con figuras como el grafitero El Sexto y Gorki Águila de la banda Porno para Ricardo. «Recuerdo que la primera vez que me detuvieron los interrogadores decían que era por ‘juntarme con personas incorrectas'», comentó en esa ocasión.
Más recientemente, desde 2020, ha participado en campañas como “Exprésate” —promovida por la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana—, el proyecto Fuego contra el Fuego y el álbum Libres x Derecho, visibilizando la situación de los presos políticos.
En sus redes sociales, sus murales, su música y su palabra, ha documentado la represión, la pobreza, la violencia y el exilio, lo que llevó a que la represión fuera una constante en su vida.
Su activismo lo llevó a ser arrestado el 12 de julio de 2021 por tener un pulóver con la palabra “Exprésate” durante las protestas del 11J, y meses después volvió a ser detenido tras publicar la imagen de un represor del 11J. También recibió amenazas para que no participara en las protestas del 15 de noviembre (15N).
La detención del 31 de diciembre
El último día de 2024, Fernando Almenares fue detenido sin orden judicial, trasladado a la Séptima Unidad de la Policía y luego a Villa Marista, sede central de la Seguridad del Estado. Durante siete días estuvo incomunicado, lo que constituye, según estándares de la ONU, una desaparición forzada de corta duración.
El 2 de enero de 2025, agentes allanaron la casa de su madre. Aunque había orden de registro, se incumplieron garantías legales: no hubo testigos independientes ni presencia de abogados. En el operativo confiscaron una bandera cubana alegando que podría estar vinculada a un acto delictivo, y por la que lo acusarían de “propaganda enemiga contra el orden constitucional”. “No se puede ocupar lo que aparezca al azar en una casa; debe haber una relación clara entre los objetos buscados y una investigación previa”, explica a YucaByte la abogada especialista en Derechos Humanos y jefa del equipo legal de Cubalex, Giselle Morfi.
Al respecto, la activista y curadora Anamely Ramos, señala: “pretender que tener una bandera cubana sea prueba de propaganda enemiga es absurdo y solo puede suceder en un país que criminaliza los derechos humanos”. A su juicio, este tipo de acusaciones forman parte de cargos “dudosos a nivel internacional” que apuntan a “criminalizar toda libertad de expresión que ellos (las autoridades) consideren que no se corresponde con la moral y las prácticas del socialismo”.
En ese registro no se ocupó ningún artículo que pudiera considerarse prueba de un delito real. Hasta el momento, no existe evidencia alguna que vincule a Fernando con el hecho que se le imputa.
Traslados y desapariciones
El 3 de febrero de 2025, sin previo aviso, fue sacado de Villa Marista y trasladado a la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, en La Habana. El 21 de febrero avisó a su madre que sería devuelto a Villa Marista, pero durante los tres días siguientes desapareció del radar familiar: no hubo llamadas ni información oficial sobre su ubicación. El 25 de febrero, Fernando pudo comunicarse para contar que nunca salió del Combinado; en realidad, lo habían movido a un pabellón destinado a reclusos con VIH, a pesar de que no padece la enfermedad.
Esta ubicación arbitraria, sin justificación médica ni diagnóstico, lo expone a riesgos graves para su salud y vulnera su integridad física y psicológica. Según explica Giselle Morfi, “esto debería generar consecuencias jurídicas para el Estado por el agravamiento de salud de Fernando, porque no hay una razón que justifique que él esté en este tipo de pabellón, todo lo contrario. Por lo tanto, si algo le llegara a pasar a Fernando, el responsable va a ser el Estado cubano, partiendo de su detención arbitraria”.
Acusaciones que cambian sobre la marcha
Primero lo acusaron de “terrorismo” —intentaron vincularlo con un incendio ocurrido en el Parque Lenin—, luego de “sabotaje” y, finalmente, de “propaganda enemiga”.
“Esta sucesión de cambios y contradicciones refleja una estrategia deliberada para desinformar”, denuncia Morfi. ¿El objetivo?, “generar incertidumbre y que no tenga ningún tipo de certeza jurídica, para que no pueda defenderse y quede aún más vulnerable tras una detención. Y mantener a todo el mundo estresado, preocupado”.
La figura de “propaganda enemiga contra el orden constitucional” ha sido utilizada históricamente para criminalizar la disidencia en Cuba. Es un cajón de sastre que permite procesar desde artistas hasta periodistas y activistas.
Lejos de ser un delito técnico y definido, esta figura legal se ha convertido en una herramienta de persecución política utilizada durante décadas, especialmente tras las protestas del 11J.
Obstáculos judiciales
Su defensa ha presentado dos habeas corpus, y su madre otro, todos denegados sin motivación legal.
“Fernando lleva ocho meses preso injustamente, porque no ha hecho nada, no han encontrado nada en su contra. Yo presenté un habeas corpus, el abogado presentó dos habeas corpus, una solicitud de cambio de medida y una queja. Y todo ha sido denegado”, lamenta su madre, Eva Rivera, que asegura que su hijo vivía bajo vigilancia constante.
Para Adriana, su esposa, estos ocho meses han sido “una gran pesadilla”. Siempre supo que algo así podía ocurrir, pero vivirlo, confiesa, “es otra cosa”. Habla de la incertidumbre diaria, de esperar cada llamada de la madre de Fernando para saber si hay novedades del abogado, si le han permitido verlo o si, como aquel día, la noticia es que se había plantado en huelga de hambre. “Se extraña mucho, se echa mucho de menos —dice—, y estoy viviendo con la esperanza de poder oír su voz otra vez y de poder verlo”.
En julio de 2025, Nando Obdc se declaró en huelga de hambre para exigir el fin del proceso penal. Eva le pidió que desistiera por su débil salud: “Fernando es una persona enferma, está declarado como siclémico desde que tenía tres meses, y la hemoglobina casi siempre la tiene en el piso. Entonces una huelga va contra su salud. Aquí todos estamos devastados con la situación”.
Cuando se solicitó la modificación de la medida cautelar, la jueza encargada, Kenya Reyes Lara, en lugar de evaluar los riesgos reales o la proporcionalidad de la prisión provisional con el presunto delito, repitió argumentos genéricos y contradictorios.
En su resolución, la jueza afirmó que Fernando estaba imputado por un único delito, pero a lo largo del documento hizo referencia a “otros hechos delictivos” nunca formalizados. Esa mención —ausente en cualquier acusación oficial— sirvió para justificar su permanencia en prisión preventiva.
Para Morfi, esta contradicción viola el principio de legalidad y la presunción de inocencia. “Un juez debería ser imparcial, justo e independiente, pero sabemos que nada de esto funciona en Cuba: el propio sistema está diseñado para que los jueces se subordinen al poder político. Por eso vemos que prácticamente las decisiones de los jueces reproducen lo que dice la fiscalía”, asegura.
Además, la resolución judicial incluyó valoraciones sobre sus vínculos ideológicos y sociales: su relación con personas u organizaciones críticas al régimen ha sido usada como argumento para mantenerlo en prisión. Se le castiga no por lo que ha hecho, sino por con quién se relaciona y lo que representa.
Cubalex identifica este patrón como “represión por asociación”. Morfi lo explica así:
“El hecho de que Fernando esté privado de libertad no está vinculado directamente a lo que él haya podido o no hacer, sino a sus relaciones con personas u organizaciones críticas al régimen. Esto tiene un efecto ejemplarizante: el mensaje que se envía a la sociedad es ‘no te vincules con personas que resultan enemigas del gobierno, porque tú también podrías ser sancionado’”.
“Por lo tanto, él está privado de libertad a capricho del grupo político en el poder que lo está castigando por sus relaciones sociales y, legalmente, no hay razón de ningún tipo”, resume Morfi.
El “Método Cuba”
Alicia Quiñones, directora para las Américas de PEN Internacional, afirma que el caso de Nando Obdc es parte de lo que la organización llama el “Método Cuba”: una estrategia de persecución sistemática del gobierno para asfixiar a artistas, escritores y pensadores críticos.
“El encarcelamiento es uno de los métodos más fuertes que utiliza el régimen para el silenciamiento, y muchas veces se usa como herramienta para forzar el exilio”, añade. Este “Método Cuba”, subraya, ha obstaculizado de manera deliberada el derecho cultural a crear arte independiente, un derecho reconocido internacionalmente.
Quiñones insiste en que el caso de Fernando Almenares “se inscribe en un patrón muy evidente de represión al activismo”, en el que el régimen cubano intenta acallar a la disidencia artística con especial ímpetu porque sabe el impacto que el arte tiene en sociedades reprimidas. “En Cuba, lo que en otros países es normal —colaborar con artistas críticos, participar en proyectos como Arte Prohibido o trabajar con figuras como Maykel Osorbo—, se considera un delito”, afirma.
Al respecto, Anamely Ramos, también fundadora del Observatorio de Derechos Culturales, añade que en cualquier régimen totalitario “los artistas son vistos como una amenaza. Y no solo a los artistas, sino toda persona que tiene capacidades creativas y que puede generar un espacio de autonomía y de cierto empoderamiento alrededor de él…”. En el caso de Nando Obdc, precisa, el temor del Estado se multiplica por tratarse de un rapero, un género profundamente ligado a la vida de los barrios y a las experiencias cotidianas de la gente, y por su vinculación con iniciativas de la sociedad civil, tanto dentro como fuera de la isla. “Es una persona no solo con esa capacidad creativa y de influencia, sino también bien ubicada dentro del género, con contactos suficientes para tener su propia red”.
Nando Obdc es una de las pocas voces del rap underground cubano que aún resiste dentro de la isla.
Un caso que refleja a un país
Hoy, Nando OBDC sigue en prisión preventiva, sin pruebas concluyentes y sin fecha de juicio. A pesar de que la medida cautelar de prisión provisional está concebida por ley como algo excepcional, en su caso se ha convertido en una herramienta de castigo previo a la sentencia. Su historia no es solo la de un rapero encarcelado: es el reflejo de un país donde la libertad creativa se somete a juicio como si fuera un crimen. Mientras su salud se deteriora en una celda, su proceso continúa sin garantías y bajo una acusación cuestionada por juristas y organizaciones internacionales. En Cuba, el arte no solo es resistencia: puede ser motivo de condena, incluso sin pruebas, y una idea puede bastar para encarcelarte.
