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Parlamento Europeo exige a Cuba frenar bloqueos y censura en Internet

El documento condena la detención arbitraria de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Asimismo, muestra su preocupación sobre las continuas persecuciones y ataques a opositores políticos y periodistas independientes. Reclama además la participación activa en la vida política y social de la ciudadanía cubana, incluida la oposición. 

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El Parlamento Europeo aprobó este 27 de noviembre la resolución 2019/2029 (RSP), que reclama al gobierno cubano la aplicación de regulaciones para el respeto y cumplimiento de los derechos humanos en la Isla. 

El documento condena la detención arbitraria de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). También muestra la preocupación del bloque por las continuas persecuciones y ataques a opositores políticos y periodistas independientes, y reclama derechos de participación activa en la vida política y social del país para toda la ciudadanía cubana. 

La resolución se presentó como una respuesta del Parlamento ante la presión internacional generada por medios de prensa y sociales sobre el caso de Ferrer, detenido en Cuba desde el pasado 1 de octubre. No obstante, incluye otra demanda que concierne a los medios independientes cubanos: la libertad de prensa.

En su punto número 9, el documento pide a las autoridades cubanas “que garanticen la libertad de los medios y la libertad de expresión, (…) frenar la censura impuesta en Internet, el bloqueo de páginas web, y las restricciones de acceso a la información”.

Esta demanda se basa en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH) que expresa el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluyendo buscar, recibir y emitir información e ideas a través de cualquier medio de expresión. Cuba es uno de los países firmantes.

Un Manual para la Educación por los Derechos Humanos del Consejo Europeo, explica que “el control estatal sobre los medios de comunicación puede llevarse a cabo de manera muy específica, por ejemplo revisando el tráfico de Internet o las conversaciones telefónicas en nombre de la seguridad nacional”. 

El pasado 18 de noviembre el Consejo de Estado de la República de Cuba aprobó el Decreto Ley no. 389/2019 que modifica el Código Penal, la Ley Contra Actos de terrorismo y la de Procedimiento Penal. El Decreto legaliza un grupo de “técnicas especiales de investigación” por parte de las autoridades, incluida la vigilancia electrónica sin necesidad de una orden judicial previa. 

Desde entonces se considera legal el uso de herramientas como la escucha y grabación de voces, localización, toma de fotografías y videos, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, y acceso a sistemas computarizados (Artículo 110, inciso 11).

A esta práctica se suma otra, también expresada en el Manual del Consejo Europeo: “en otras ocasiones, los gobiernos intentan apagar totalmente el acceso a determinados medios de comunicación”.

En Cuba muchos medios independientes han surgido y se han desarrollado en la web, debido al control implacable que ejercen las autoridades sobre las publicaciones impresas, la radio y la televisión. La nueva Constitución de la República establece que, si bien se reconoce la libertad de prensa, los medios fundamentales de comunicación no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad que no sea la “socialista de todo el pueblo”, o la de “organizaciones políticas, sociales y de masas”. (Artículo 55).

Por tanto, los medios de prensa que no se ajustan a esos principios de propiedad, no son reconocidos legalmente.

Cuando el gobierno cubano restringe el acceso a los medios independientes, atenta contra el Artículo 19 de la Declaración Universal de los DDHH. En los últimos años, se ha reportado el bloqueo a sitios web como El Estornudo, Tremenda Nota, Cubanet, CiberCuba, entre otros.

La Resolución del Parlamento Europeo, que fue aprobada con 382 votos a favor, 243 en contra y 42 abstenciones, finaliza con una orden a la Presidencia del Parlamento para que haga llegar el acuerdo al Gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, así como a los gobiernos del propio bloque europeo y de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

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